La inversión corporativa, el doble juego gubernamental y la guerra andina en vías de desarrollo

Estados Unidos y Gran Bretaña están como hechos el uno para el otro. El abuso y la tortura en el campo Hola en Kenia en los años 50, Fort Morbut en Adén en los 60 y el centro de interrogatorio Castlereagh durante 20 años en Irlanda siguen siendo poderosos símbolos de los crímenes de guerra británicos. El colonialismo y la tortura son inseparables. En Irak, los militares estadounidenses y británicos hacen una vez más lo que han hecho habitualmente en el pasado – el trabajo sucio de gobiernos decididos a proteger por sobre todo los intereses empresariales privados.Han aparecido muchos hechos que prueban el sistema de bienestar corporativo que representa el régimen de Bush para negocios como Bechtel, Halliburton y Carlyle en Irak. El asesinato sistemático de civiles y la tortura generalizada de detenidos en ese país resultan directamente de los esfuerzos por asfixiar la resistencia contra el control de los recursos del país por las corporaciones extranjeras. Sobra decir que esas compañías están determinadas a hacer pagar a los contribuyentes internos de EE.UU. y Gran Bretaña el costo de la fuerza militar requerida para lograr ese control.

Lo mismo vale para la guerra en vías de desarrollo en los Andes donde la guerra en Colombia parece extenderse inexorablemente a Ecuador y Venezuela. Allí, como en Irak, Gran Bretaña y España han apoyado fielmente a EE.UU. Pero, mientras en Irak la guerra fue justificada originalmente como parte de la «guerra contra el terrorismo», la guerra andina es disfrazada como parte de la «guerra a la droga». Vale la pena subrayar la relación de la guerra andina con el gran capital y con el turbio mundo de las finanzas internacionales.

Anguilla es una pequeña isla en las Antillas que hizo noticia durante algunos días en 1969 cuando trató de separarse de la vecina colonia británica Nevis-St. Kitts. Como en el caso de las Islas Caimán, Bermuda, las Islas Vírgenes Británicas, Bahamas, Nevis y otras islas del Caribe, Anguilla ofrece cómodos servicios bancarios y financieros offshore para plutócratas, corporaciones multinacionales, financistas de Wall Street y de la City de Londres y toda una gama de traficantes de armas y drogas, reacios a pagar impuestos – y con gran probabilidad también a terroristas. En el primer trimestre de 2003, Anguilla fue el mayor inversionista extranjero en Colombia con 130 millones de dólares, seguida por las Islas Vírgenes Británicas con 82 millones. Si se extiende esta cifra a todo un año se llega a más de 800 millones de dólares.

La minúscula Anguilla (12.738 habitantes en 2003) obtiene pocos beneficios de esta inversión. Los principales beneficiarios de los flujos de capital al exterior de Colombia en el mismo período fueron Estados Unidos (123 millones de dólares), Gran Bretaña (74 millones), Francia (47 millones) y Holanda (34 millones). Si se amplía esto a todo un año Estados Unidos y sus co-inversionistas europeos extraen más de mil millones de dólares por año.

Nos encontramos en la zona nebulosa de los negocios bancarios y financieros en los paraísos fiscales donde las transacciones de corporaciones muy conocidas comparten las planillas de cálculo con los negocios de narcotraficantes asesinos que son supuestamente «buscados» por el gobierno de EE.UU., como el jefe de los escuadrones de la muerte colombianos Salvatore Mancuso. Es difícil comprender lo que representa la participación de Anguilla y de las Islas Vírgenes Británicas en Colombia. Las leyes de secreto bancario de esos centros offshore imposibilitan el descubrimiento de los que se encuentran tras la fachada o de qué procesos financieros de mayor relevancia son activados por los flujos de capitales operados a través de ellos.

Como ha dicho el economista Michael Hudson (2): «Prestigiosas firmas contables y sociedades legales se ocupan de elaborar trucos para evadir impuestos y crear un «velo de terceros» para asegurar un manto de invisibilidad para la riqueza acumulada por malversadores, evasores de impuestos, unos pocos narcotraficantes, traficantes de armas y agencias de inteligencia gubernamentales, para utilizarla en sus operaciones clandestinas». Cuando el Fiscal General de Nueva York, Eliot Spitzer obtuvo condenas por turbias prácticas en paraísos fiscales contra varias prestigiosas entidades financieras de Wall Street con multas de unos míseros 1.500 millones de dólares (más que todo el presupuesto anual de países como Honduras o Nicaragua), fue sólo una simple gota en comparación con el monto de dinero manejado por los centros financieros offshore.

Hudson argumenta convincentemente que esos centros offshore constituyen una importante fuente de fondos para financiar la deuda del gobierno de EE.UU. Recuerda que esto se originó en los años 60 y 70 del siglo pasado con el inicio de los mercados del eurodólar por parte del Banco de Inglaterra y de las entidades financieras británicas cuando los británicos buscaban formas de apoyar la libra esterlina. Pone énfasis en la paradoja de que son los gobiernos de EE.UU. y Gran Bretaña los que han contribuido más a la promoción de esos tejemanejes de los offshore y son ahora los que sufren más por una de las contradicciones que engendran. Las compañías utilizan instrumentos offshore para inflar las declaraciones de beneficios a los accionistas y para minimizar las declaraciones de la renta al gobierno.

Esta dependencia faustiana del dinero caliente podrá o no ser un factor en la resistencia del Ministro de Economía británico Gordon Brown a unirse al euro. Pero parece claro que el presidente de la Reserva Federal Alan Greenspan adora esas fuentes offshore de divisas extranjeras. Le ayudan a apuntalar el dólar para posibilitar los enjuagues de reducción de impuestos de sus compinches republicanos como Grover Norquist y los argumentos a favor del «libre comercio» desregulado. Olvídense del altruista palabreo neoliberal sobre la libertad. Las corporaciones quieren la desregulación en todas las Américas como parte del programa de remedio curalotodo del Representante Comercial de EE.UU., Robert Zoellick a fin de que puedan circular dinero libremente para derrotar los sistemas tributarios con aún más rapidez que en la actualidad.

La extensión natural de esta escabrosa fobia a las regulaciones ha sido la subcontratación de operaciones militares a empresas de mercenarios privados. Los efectos son evidentes en Irak. En Colombia, Dyncorp, de EE.UU., y Defense Systems, de Gran Bretaña (subsidiaria de la compañía de EE.UU., Armorguard) han sido los contratistas mercenarios más tristemente célebres. La subcontratación a semejantes compañías de algunas actividades militares, sobre todo para entrenamiento, permite que los gobiernos nieguen su responsabilidad en caso de abusos, al permitir que los mercenarios actúen liberados de los controles obligatorios que serían aplicados a fuerzas armadas gubernamentales.

Estas compañías han estado implicadas en el entrenamiento de los escuadrones de la muerte paramilitares que reprimen el legítimo disenso cívico en Colombia bajo el pretexto de «la lucha contra el terrorismo». Amnistía Internacional ha llamado a Occidental Petroleum de EE.UU. y a la española Repsol a que mejoren el control de sus planes de seguridad en el departamento de Arauca en Colombia. El uso por la británica BP-Amoco de contratistas implicados en el entrenamiento de paramilitares locales confirma que todas estas compañías utilizan políticas que tienden a considerar los crímenes paramilitares contra la población civil como parte del precio a pagar por sus negocios en Colombia. (3)

Se dice que Gran Bretaña es el segundo proveedor por su tamaño de ayuda militar a Colombia, después de EE.UU., aunque su enrevesado sistema de permisos de exportación de armas posibilita que el gobierno del Reino Unido minimice su propio papel directo en el comercio de armas. España vendió recientemente a Colombia más de 30 tanques pesados. ¿Conocidos por ser adecuados para la «guerra contra la droga», para interceptar lanchas de alta velocidad en la costa y aviones de vuelo a baja altitud? ¿O por su sorprendente capacidad en la «guerra contra el terrorismo» para marchar a pie por las montañas y los bosques persiguiendo guerrillas? No.

Lo más probable, es que estén destinados a ser utilizados contra Venezuela. Es como si Colin Powell y el Pentágono pudieran dejar de pelearse durante suficientemente tiempo como para recordar cuáles su trabajo esencial – suministrar la fuerza imperial para las gigantescas corporaciones multinacionales. Como lo demostró concluyentemente el 11 de septiembre de 2001, la defensa del pueblo de Estados Unidos no es una prioridad ni para el Pentágono ni para el Departamento de Estado.

El objetivo de relaciones públicas de la «guerra a la droga» se ve fácilmente en los dobles raseros aplicados que son tan familiar en la ficticia «guerra contra el terror». Tal como asesinos cubanos de Miami como Orlando Bosch o asesinos en masa haitianos Jean Tarun y Guy Philippe son protegidos por EE.UU. por estar bien, son «nuestros» terroristas, cerebros de la droga como Salvatore Mancuso son protegidos por estar bien, son «nuestros» narcotraficantes. Una breve mirada al tratamiento dado a otros traficantes de drogas lo confirma. (4)

En abril de 1988, la Administración para Control de Drogas, DEA, de Estados Unidos y los servicios de seguridad de Honduras, raptaron ilegalmente al narcotraficante hondureño Ramón Matta Ballesteros de la capital hondureña Tegucigalpa. Lo secuestraron en Estados Unidos donde fue interrogado bajo tortura (lo quemaron repetidamente con un arma de atonte de alto voltaje) antes de ser juzgado y condenado. Permanece en prisión. Su secuestro siguió al del mexicano Humberto Álvarez Machain, acusado de complicidad, como Matta Ballesteros, en el asesinato en 1985 de un agente de la DEA.

Álvarez Machain basó su defensa en la ilegalidad de su rapto. Ganó. Ballesteros no. Entre numerosos casos similares que implican a la DEA, el del uruguayo Francisco Toscanino se destaca por la horrenda tortura aplicada bajo supervisión de la DEA en Brasil. Mientras los tribunales condenaron el uso de tortura en el caso Toscanino, la tortura de Matta Ballesteros por la DEA fue pasada por alto. Este tipo de rutina es otro vínculo con la falsa «guerra contra el terrorismo».

Las actividades contra la droga y contra el terrorismo de Estados Unidos y de sus aliados viven en simbiosis. Ambas fracasan porque ambas son falsas. Si EE.UU. está dispuesto a secuestrar a individuos como Matta Ballesteros, Álvarez Machain y Francisco Toscanino, de la misma manera podría raptar fácilmente a jefes de carteles que controlan a los paramilitares colombianos. No lo hace porque esos individuos son aliados clave que suministran terror a precio de ocasión, a dos niveles de distancia, contra la oposición armada al principal aliado de Estados Unidos en los Andes, el gobierno colombiano.

En conjunto, los carteles colombianos de la droga y sus cohortes paramilitares hacen pasar una valiosa cantidad de divisas extranjeras por los centros bancarios offshore hacia los mercados de capital de EE.UU. y Europa. Es un motivo por el cual el presidente Uribe, con respaldo de EE.UU., trata actualmente de imponer legislación para legalizar a los paramilitares. Otra razón es que la legalización de los paramilitares facilitará la tarea de EE.UU. y de la corrupta oposición venezolana de movilizarlos contra el presidente democráticamente elegido de Venezuela, Hugo Chávez.

El intento de reunir en una madeja manejable todos los engañosos hilos del historial del deshonesto régimen de Bush y del gabinete repleto de criminales de guerra de Tony Blair, es un poco como tratar de recoger las vísceras de un animal destripado, mal sacrificado. La sangre y la mierda están por doquier. La mugre y el cieno se pegan.

En medio de esta empalagosa, evidente realidad, los aduladores perros falderos en Downing Street tratan de no reconocer su responsabilidad conjunta con sus titiriteros de la Casa Blanca por el asesinato masivo y la tortura sistemática en Irak Estos gobiernos jamás van a regular los centros financieros offshore que encauzan dinero de chanchullos, de la droga, de las armas y de la evasión ilegal de impuestos a los mercados de capital de EE.UU. y Gran Bretaña. Y apoyarán a los paramilitares del narcotráfico junto a los contratistas mercenarios corporativos mientras los necesiten hasta que puedan movilizar una solución algo más definitiva a sus necesidades energéticas.

Los acuerdos pendientes de «libre comercio» favorables a las corporaciones, con los países andinos, constituyen una parte necesaria de esa solución. Pero una guerra provocada por EE.UU. en Venezuela será necesaria para que sea realmente definitiva. La misma lógica perversa que condujo a la catástrofe en Irak se desarrolla en los Andes.