Juicio al Banco Mundial y al BID por su Deuda Ecológica

El Tribunal por la Soberanía Alimentaria y Juicio al Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo por su deuda social y ecológica en la agricultura con los pueblos y países de América latina, convocado por los movimientos sociales, principalmente indígenas y campesinos, nacionales y del continente, y por varias redes y organizaciones vinculadas con la problemática agrícola, la deuda externa y deudas sociales y ecológicas, se reunió el día 27 de julio del 2004, en Quito, Ecuador, como parte del I Foro Social de las Américas.

Este Tribunal tuvo lugar con el objetivo de juzgar la responsabilidad del Banco Mundial y del BID como parte de los actores fundamentales en la promoción y financiamiento de las tecnologías agrícolas de la llamada «Revolución Verde» y de la Agro-Biotecnología, así como del proceso de concentración de tierras en pocas manos, para favorecer las necesidades corporativas y de comercio de los países del Norte, generando graves impactos sociales, ambientales, culturales y económicos que constituyen una inmensa deuda social y ecológica con los países y pueblos de América Latina.

Este es un Tribunal ético-político, no una corte judicial, sin embargo, respeta una argumentación y documentación rigurosas, apoyado en la diversidad de las tradiciones jurídicas y éticas. A partir de una Acusación basada en un amplio material documentado y de testimonios presentados por hombres y mujeres de pueblos de América Latina, los Jueces, como representantes de la sociedad de diferentes países, llegaron al siguiente VEREDICTO:

CONSIDERANDO:

Que el BM y el BID, desde hace medio siglo, a través de incidir en las políticas agrícolas y proveer financiamiento, han venido promoviendo el modelo de agricultura de la Revolución Verde y en los últimos años de la Agro-Biotecnología, basado en monocultivos, uso de agrotóxicos e industrialización de la agricultura, agudizándola pobreza en el campo y destruyendo los ecosistemas agrícolas y silvestres de la región.

Que estas políticas y financiamiento sirven a un proyecto global, coronado por la Organización Mundial de Comercio y los tratados de libre comercio regionales y bilaterales, que responden a intereses de las corporaciones transnacionales de semillas, agrotóxicos y biotecnología.

Que este modelo agrícola, impulsado por el BM y el BID, introduce a pequeños agricultores a modelos industriales y esto los lleva al endeudamiento, quiebra y a abandonar sus tierras.

Que el modelo agroexportador que estos bancos financian, es un modelo a gran escala y que ha dado como resultado la concentración de la tierra, el despojo de las tierras de pueblos indígenas y comunidades campesinas y la migración interna y externa.
Que en varios países, las políticas de ajuste estructural defendidas por el Banco Mundial y el BID han estimulado la privatización de tierras públicas y comunitarias, además de la privatización de las aguas y selvas.

Que la promoción agresiva de las políticas de ajuste estructural y de desarrollo rural del BM y el BID favorece la intensificación agrícola y la producción orientada a la exportación a costa de la agricultura de menor escala y bajos insumos externos, siendo esto la principal barrera a la adopción significativa del manejo integrado de plagas con bases ecológicas o la adopción de prácticas agroecológicas.

Que a pesar de que, desde la década de los 80, grupos de la sociedad civil y comunidades han exigido al BM que suspenda la financiación de plaguicidas y promueva alternativas ecológicamente sanas y socialmente justas, sus políticas han significado el mayor uso de agrotóxicos y por tanto mayor exposición a los plaguicidas químicos que generan impactos en la salud, problemas de desequilibrio ambiental y pérdida de biodiversidad.

Que entre1988 y 1995 el Banco financió más de U$S 250 millones en ventas de plaguicidas y que entre 1993 y 1995 todos los contratos firmados fueron directamente cesiones a las mayores compañías de plaguicidas en Francia, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos y Japón, mientras los agricultores participantes en estos proyectos vieron afectada su salud y la estabilidad ecológica de sus sistemas de producción por usar más plaguicidas; el Banco reconoció que sólo 1% de los proyectos aplicados tuvo una evaluación ambiental completa.

Que existe suficiente información publica que acredita que los plaguicidas usados a través de los proyectos financiados por estos Bancos, son dañinos para la salud humana, por su característica toxica, por sus efectos cancerigenos, teratogénicos sobre el sistema nervioso, neurológico y reproductivo de ésta y de las futuras generaciones. Estos plaguicidas ya han sido catalogados por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) y el Instituto de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC), así como por la Unión Europea, como de extremadamente peligrosos. El BM y el BID son responsables del deterioro de la salud e los pueblos y de los ecosistemas porque, a pesar de conocer sus efectos, sigue promoviéndolos y financiando su difusión y venta.

Que el Banco Mundial apoya el establecimiento de actividades dañinas para el ambiente y las comunidades locales en muchas actividades extractivas en América Latina como por ejemplo el cultivo de camarón en América Sur y Central que produce destrucción y contaminación de manglares, lo que torna inviable la pesca artesanal, poniendo en riesgo la soberanía alimentaria de los pueblos costeros.

Que el Banco Mundial y el BID han impuesto todas estas políticas en muchos casos en connivencia con los Gobiernos del América Latina. Estos Bancos presionan a los gobiernos a través de amenazas económicas, relacionadas con el pago de la deuda financiera, para que éstos no puedan cambiar sus políticas. Los Gobiernos son entonces cómplices de estas políticas y deben explicar porqué la siguen aplicando sin evaluar sus efectos. Además, el BM y el BID sostienen que realizan procesos de consulta, pero son mecanismos manipulados con actores que no tienen real representación de la sociedad civil.

Que muchas investigaciones independientes indican que los proyectos del Banco Mundial y del BID no han sido exitosos, presentando problemas económicos, sociales y ambientales. Sin embargo, permanecen como parte estratégica de un megaproyecto que busca garantizar las bases para la expansión del neoliberalismo.

Que el Banco Mundial tiene como parte a organizaciones como la Corporación Financiera Internacional (IFC), de capitales privados, que invierte en actividades dañinas al ambiente y a la sociedad en diversos países.

Que el proyecto del Banco Mundial se contrapone a las propuestas y luchas históricas de los movimientos sociales rurales por una reforma agraria amplia, profunda y justa.
Que el Banco Mundial y el BID no respetan los convenios internacionales, sobre ambiente, trabajo, derechos humanos y derechos de los pueblos, en especial, de los pueblos indígenas.

Que el Banco Mundial y el BID han desnaturalizado el carácter multilateral de su organización y responden unidimensionalmente a los intereses hegemónicos de las grandes potencias y de las grandes corporaciones multinacionales.

Que todos los proyectos y créditos del Banco Mundial y del BID, con sus impactos sociales, ambientales, culturales y económicos generan una inmensa deuda social y ecológica de las instituciones financieras internacionales con los países y pueblos de América Latina.

Que la deuda ecológica y social incurrida por estos bancos excede enormemente a la deuda externa atribuida a nuestros países.

Por todo los CONSIDERANDOS expuestos ante el Tribunal por la Soberanía Alimentaria, por unanimidad, los Jueces dictan la siguiente SENTENCIA:

Declarar al Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo responsables de los crímenes sociales y ambientales producto de sus programas y políticas expuestas en la acusación.

Ordenar al BM y al BID indemnizar con justicia a las víctimas de estos programas y créditos

Obligar al BM y al BID la inmediata restauración de los ecosistemas afectados por sus proyectos.

Ordenar el resarcimiento a los pueblos indígenas y campesinos por la deuda en la agricultura, el mismo que debe ser aplicado a los proyectos de reforma agraria y transformación de la agricultura, propuestas desde las organizaciones sociales, indígenas y campesinas.

Ordenar que se retiren y paren inmediatamente estos programas y créditos que incrementan las deudas sociales y ecológicas.

Obligar al BM y el BID no seguir fomentado ni financiando el uso de agrotóxicos, ni monocultivos transgénicos que han demostrado altos impactos sociales y ambientales y que han puesto en riesgo la soberanía alimentaria de los pueblos.

Los jueces hacen las siguientes exigencias a los Gobiernos de América Latina:

Exigir a los gobiernos de América Latina que se declare prioridad la soberanía alimentaria de los pueblos y la defensa de sus fuentes de sustento basada en producciones agroecológicas locales y de mercado interno.

Exigir a los Gobiernos que se declare a América Latina Libre de Transgénicos.

Exigir a los gobiernos de América Latina generar condiciones dignas para los pueblos indígenas y comunidades campesinas en base al desarrollo local de fortalecimiento de comunidades solidarias, basadas en la producción LOCAL, de alimentos SANOS, LIMPIOS y ACCESIBLES para todos los pueblos.

Finalmente, el Tribunal declara a los pueblos y países de América Latina ACREEDORES DE LA DEUDA SOCIAL Y ECOLÓGICA y al BM y al BID DEUDORES.

Y dispone la ejecución de esta sentencia.

Dado en Quito, Ecuador, el 27 de julio, 2004

Por los Jueces:

Adolfo Pérez Esquivel, Argentina
Premio Nóbel de la Paz.

Siguen las firmas de los Jueces en el Veredicto del Tribunal por la Soberanía Alimentaria y el Juicio al BM y al BID por su deuda social y ecológica con los pueblos y países de América Latina.

José Augusto Padua, Brasil
Alianza de los Pueblos del Sur Acreedores de Deuda Ecológica.

María Elena Rozas, Chile
Coordinadora de Rapal en América Latina.

Nemesia Achacollo, Bolivia
Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Siza.

Cléa Carpi da Rocha,
Presidenta del Tribunal

Juan Pablo Muñoz
Secretario del Tribunal

Siguen firmas de representantes de organizaciones que se suman al VEREDICTO TRIBUNAL POR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA: JUICIO AL BM Y AL BID POR SU DEUDA SOCIAL Y ECOLÓGICA EN LA AGRICULTURA CON LOS PUEBLOS Y PAÍSES DE AMÉRICA LATINA, realizado en Quito, Ecuador, el 27 de julio del 2004 en el marco del I FORO SOCIAL DE LAS AMÉRICAS.