La vigilancia selectiva en función de la raza, la religión y el origen nacional por parte de las agencias de seguridad de Estados Unidos no solo viola los derechos humanos sino que suele resultar contraproducente, advirtió Amnistía Internacional
Esta práctica recrudeció tras los atentados que dejaron 3.000 muertos en Nueva York y en Washington el 11 de septiembre de 2001, dice «Amenaza y humillación», informe de 50 páginas presentado este lunes por Amnistía, una de las principales organizaciones de derechos humanos del mundo.
Esto ocurrió así a pesar de que el presidente George W. Bush se comprometió a poner fin en la policía al «racial profiling» (elaboración de «perfiles criminales» o vigilancia selectiva sobre la base de la raza), anuncio con el que en 2000 logró la mayoría de los votos de la comunidad árabe.
Amnistía, cuya sede central está en Londres, urgió al Congreso legislativo estadounidense a aprobar un proyecto de ley para poner fin al «racial profiling», presentado este año por 140 legisladores del gobernante Partido Republicano y del opositor Demócrata.
«La dependencia del gobierno en el ‘racial profiling’ creció dramáticamente desde los ataques del 11 de septiembre», indicó Curt Goering, subdirector ejecutivo de la filial estadounidense de Amnistía.
«Unos 32 millones de estadounidenses –cifra equivalente a la población de Canadá– han sido sometidos a ‘profiling’. Ochenta y siete millones –casi una de cada tres personas– están en riesgo de sufrir tal abuso», agregó.
Pero la práctica podría ser contraproducente, como ilustran los casos del denominado «Talibán estadounidense», John Walker Lindh, y del británico Richard Reid.
Ninguno de ellos encaja con el «perfil» usado por programas tales como el Sistema Nacional de Registro de Seguridad Entrada-Salida (NSEERS) ni con el US-VISIT, que apuntan a hombres y niños árabes, musulmanes y sudasiáticos.
El estudio también recuerda el caso de Timothy McVeigh, que eludió en 1993 el arresto mientras las agencias de seguridad buscaban a supuestos terroristas árabes por el atentado que él había cometido: la detonación del edificio del gobierno federal en la ciudad de Oklahoma.
Los autores del estudio también se remontaron a 1901, cuando agentes del servicio secreto no sospecharon del verdadero asesino del presidente William McKinley, porque era blanco y ellos buscaban a un hombre supuestamente extranjero «de piel oscura y con bigote».
Los investigadores también perdieron tiempo al buscar en 2002 al «francotirador de Washington», responsable por una docena de asesinatos, en parte porque los dos hombres negros que a la postre resultaron acusados no encajaban en el «perfil» de asesino serial blanco, solitario y antisocial.
«Esta práctica ha impedido el efectivo cumplimiento de la ley por muchos años, como lo sabe cualquier funcionario judicial competente», dijo el juez retirado Timothy K. Lewis, quien presidió este año una serie de audiencias patrocinadas por Amnistía sobre «racial profiling» en varias ciudades.
«Obviamente, concentrarnos o apelar sólo a características como la raza, la etnia, el origen nacional o la religión al decidir a quién investigar, arrestar y acusar desvía la atención del comportamiento criminal real y del verdadero perpetrador de un crimen», agregó Lewis.
Los arrestos por tráfico de drogas realizados por la Aduana aumentaron 300 por ciento luego de que en los años 90 se pusiera fin a la práctica del «racial profiling» en esa división, sostuvo Cathy Harris, una ex funcionaria que reveló al público los abusos cometidos en la materia en perjuicio de negros y de mujeres de origen latinoamericano.
Pero desde el 11 de septiembre de 2001, agregó, la Aduana, ahora bajo el control del Departamento (ministerio) de Seguridad Interna creado a raíz de los atentados, «vuelve lentamente a los viejos tiempos», ahora en perjuicio de árabes y musulmanes.
Dada la publicidad negativa de esa práctica, Bush prometió en la campaña electoral de 2000 que pondría fin a esta práctica, lo cual le ayudó a obtener votos, paradójicamente, entre ciudadanos de origen árabe que han manifestado reiteradas quejas al respecto.
Una vez en la presidencia, emitió en febrero de 2001 una directiva sobre el asunto a las policías de los estados y la federal. Pero la orden admitía el uso de «racial profiling» en investigaciones sobre seguridad nacional e integridad fronteriza, «una laguna suficientemente grande como para hacer pasar un camión por ella», según el informe.
Veintisiete de los 50 estados carecen de leyes que prohíban el «racial profiling» y sólo cuatro proscriben la vigilancia policial resuelta sobre la base de la pertenencia religiosa.
Como consecuencia de este vacío jurídico y de los atentados del 11 de septiembre, el «racial profiling» floreció en las oficinas estatales, según el informe de Amnistía.
Antes de los atentados, el «profiling» apuntaba contra los «negros que conducían» automóviles, según el estudio. «Ahora, apunta contra los negros, morenos, rojos, amarillos, musulmanes o de apariencia propia de Medio Oriente que conducen, vuelan, caminan, rezan, salen de compras o se quedan en casa», consideró el informe.
Una encuesta realizada el mes pasado por la firma Bendixon & Associations y copatrocinada por Amnistía indicó que era tres veces más probable que los árabes-estadounidenses hubieran sufrido «racial profiling» que el resto de la población blanca no hispánica.
Casi la mitad de los negros y musulmanes árabes entrevistados para la encuesta dijeron creer que el gobierno usa el «racial profiling» para rastrear individuos por razones de seguridad.
Un scout musulmán de ocho años de la ciudad de Tulsa suele ser detenido y registrado en los aeropuertos, según el informe de Amnistía. En una ocasión, lo separaron de su familia y le desarmaron un automóvil de juguete.
Una musulmana practicante que luce velo y camina con muletas porque sufre esclerosis múltiple, Kimberly Al-Hamsy, fue en una ocasión molestada junto con su hijo, sordo y con parálisis cerebral, en un centro comercial de Grapevine, Texas, por un hombre y dos mujeres.
Policías de civil intervinieron para informarle a la mujer que había sido acusada de terrorismo, crímenes de odio y desórdenes. Agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI, policía federal) la interrogaron entonces por su identidad racial –Al-Hamsy es blanca– y por sus opiniones respecto de la guerra en Iraq.
Similares interrogatorios fueron formulados a miles de inmigrantes árabes y de Asia meridional en los últimos años.
También negros e indígenas estadounidenses suelen ser sacados de sus vehículos en todo el país. Los negros también son frecuente objeto de vigilancia en centros comerciales, mientras los asiáticos son interrogados respecto de supuesta actividad de pandillas.
«Nos enteramos en nuestras audiencias de una hindú de 60 años que dejó que su cocina se incendiara porque temía llamar a los bomberos y de una pakistaní enferma del corazón que aseguró que no llamaría al 911 si tuviera un infarto», dijo Goering.
Amnistía Internacional Estados Unidos