La gestión de los residuos radiactivos dejará de ser financiada a través de la tarifa y serán las compañías eléctricas las que asuman este coste a partir de abril. Ya en el decreto de tarifas de este año, el Gobierno ha reducido en un 74% las cantidades destinadas a este fin. Las compañías eléctricas dicen […]
La gestión de los residuos radiactivos dejará de ser financiada a través de la tarifa y serán las compañías eléctricas las que asuman este coste a partir de abril. Ya en el decreto de tarifas de este año, el Gobierno ha reducido en un 74% las cantidades destinadas a este fin.
Las compañías eléctricas dicen no tener constancia oficial, pero en la reunión del consejo consultivo de la electricidad de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) que debatió el 16 de diciembre el decreto de tarifas de 2005, el representante del Ministerio de Industria lo dejó claro: el coste de la gestión de los residuos nucleares, cuya competencia es de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) será internalizado en un corto plazo por las empresas del sector. En la actualidad, dicha financiación se realiza vía tarifa y supone un 97% de los ingresos de explotación y en torno al 45% de los ingresos totales de Enresa.
De hecho, ya en el decreto de tarifas que entró en vigor el 1 de enero, la cantidad destinada al denominado segundo ciclo de combustible nuclear (o gestión de los residuos) se reduce a 29,885 millones de euros, frente a los 116,393 millones de 2004, lo que supone un 74% menos. Sin embargo, el presupuesto de Enresa para este año asciende a 114 millones de euros (la CNE había solicitado una cantidad superior, 121 millones), por lo que la pregunta es: ¿Quién cubrirá la diferencia?
Fuentes oficiales aseguran que la cuota se ha reducido del 0,70% al 0,17% y no es ni más ni menos que la correspondiente al primer trimestre. En otras palabras, los más de 29 millones de euros que figuran en la tarifa servirán para costear la gestión de los residuos hasta finales de marzo y, a partir de abril, serán las eléctricas con intereses nucleares las que deben pagar la diferencia con cargo a su cuenta de resultados.
En las empresas del sector dicen desconocer el proyecto del Gobierno, si bien forma parte de la reforma del sector que pretende abordar después de que se conozcan las conclusiones del Libro Blanco sobre la generación eléctrica. En el Ministerio de Industria consideran que los costes del tratamiento de los residuos nucleares son los únicos variables que las compañías eléctricas no tienen internalizados y quiere acabar con esta situación.
Reparto
Sin embargo, el cambio no va a ser sencillo. Tal como señalan en una empresa, ‘la financiación vía tarifa del fondo para la gestión de los residuos radiactivos la determina la ley del sector eléctrico de 1997, por lo que hará falta un cambio normativo’. Además, indican las mismas fuentes, ‘si se asume ese coste, tendrán que reconocerlo después en la remuneración de las centrales nucleares’. Fuentes cercanas a Industria asumen que será necesario este cambio legal.
Los costes de los servicios que realiza Enresa (gestión de los residuos de energía nucleoeléctrica y clausura y desmantelamiento de centrales, principalmente) se financian con cargo al fondo del Plan General de Residuos Radiactivos que regula una disposición de la ley eléctrica de 1997, que fue modificada en la ley de acompañamiento de 2001. Los ingresos de este fondo que, a finales de este año, alcanzará los 1.880 millones de euros, proceden de las cantidades asignadas en la tarifa; de las destinadas a gestionar residuos de la fabricación de combustible; de otras instalaciones (hospitales, sobre todo) que generan residuos, mediante tarifas aprobadas por el Gobierno y de las procedentes de ‘cualquier otra modalidad’, según la ley.
Aunque se desconoce cómo se va a sustanciar la reforma, en el sector entienden que las empresas deberán financiar a Enresa en función de su producción nuclear. En este sentido, la mayor generadora es Endesa, con un 46,82% del total; seguida de Iberdrola, el 41,8%; Hidrocantábrico, con el 12,12% y Unión Fenosa, con el 2,12%. Estos porcentajes varían cada año, en función de la hidraulicidad y del cobro de los CTC.
Una empresa pública en manos del Ciemat y la SEPI
La Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) se constituyó en 1984 como una entidad pública sin ánimo de lucro, cuya función es gestionar los residuos radiactivos, tanto los procedentes de las centrales nucleares, como los de investigaciones y de otras instalaciones, como hospitales. Además, se ocupa del desmantelamiento de las instalaciones nucleares.En estos momentos, la compañía, que preside José Alejandro Pina, está participada en un 80% por el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat), y el 20% restante, por la SEPI.La financiación de Enresa procede mayoritariamente de los costes de diversificación y seguridad de abastecimiento de la tarifa eléctrica, y en un pequeño porcentaje de lo que se cobra a los pequeños productores por los servicios prestados. La ley señala que la tarifa y los rendimientos financieros de la empresa pública deben cubrir los costes, con saldo cero.
El sexto plan de residuos radiactivos hasta 2028
En el informe de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) sobre las tarifas eléctricas de 2005, ésta se pronuncia sobre la retribución de Enresa. La empresa pública presentó al regulador dos propuestas alternativas ‘de ingresos necesarios’ con cargo a la tarifa de 2005, todo ello sobre la base del sexto Plan General de Residuos Radiactivos enviado al Ministerio de Industria el 29 de junio, que incluye un estudio económico financiero, en el que se actualizan las actividades incluidas en el citado plan.
Según la CNE, Enresa solicita, por un lado, una retribución constante para el periodo de 2005 a 2028 (fecha en la que está previsto el desmantelamiento total del parque nuclear), y un escenario de ingresos con un crecimiento anual constante para dicho periodo.
El regulador en su informe propone una remuneración no superior a 121 millones de euros, que se deriva de una subida constante del 4% hasta 2028.