La vida es dura para todas las víctimas de «Katrina», pero doblemente para los indocumentados, sin derecho a las ayudas estatales, seguros, refugio o siquiera la posibilidad de volver a Nueva Orleans para recuperar sus bienes
A Lidia Buitrago, una nicaragüense que trabajaba para la comunidad hispana con la archidiócesis de Nueva Orleans, lo que más le preocupa no es haber perdido la mayor parte de sus propiedades por el huracán.
«Me duele más el sufrimiento de mi comunidad. Siempre son los mismos los que salen peor parados», recuerda.
Y en su comunidad, explica, la mayoría son inmigrantes sin documentos legales de residencia, los más vulnerables ante una catástrofe como esta porque, a efectos legales, ni siquiera existen.
Buitrago ha hecho estas declaraciones en una especie de muelle improvisado donde, con humedad extrema y bajo un sol de justicia, un grupo de voluntarios llevan en bote a los residentes de los barrios inundados de Nueva Orleans en busca de mascotas y bienes que quedaron atrás.
Buitrago ya ha acudido a su casa para rescatar los que pudo -fotografías, entre otras cosas- pero la mayoría de los inmigrantes que conoce y residían en la vecindad no pudo hacer lo mismo.
Solamente las personas capaces de acreditar, con los correspondientes documentos, que son residentes legales en las zonas cercanas al condado de Jefferson han podido entrar esta semana a ver el estado de sus propiedades.
Algunos mexicanos con los que trabaja esta nicaragüense de 62 años le pidieron auxilio para entrar en sus barrios, pero después se echaron atrás ante la posibilidad de que las autoridades descubriesen que están en el país ilegalmente.
Mientras tanto, en la ciudad costera de Gulfport, en Misisipi, Raúl, un salvadoreño indocumentado que trabajaba en la hasta ahora pujante industria de la avicultura y que prefiere no dar su nombre completo, busca desesperadamente un lugar con agua y servicios básicos donde llevar a su mujer y dos niños de 3 y 5 años.
Pero le asusta la idea de que lo pueda parar la Policía, y por eso descarta acudir a un refugio, donde hay que registrarse.
Sector turístico
En cuanto a los inmigrantes que trabajaban en los casinos y hoteles en el Golfo de México, también podrían perder de pronto su estatus legal, ya que está sujeto a sus empleos en el sector turístico, que previsiblemente tardará meses o incluso años en recuperarse.
Los casinos flotantes de Biloxi (es ilegal construir un casino en el suelo de Misisipi, por lo que estos se montan en grandes barcos) fueron desplazados muchos metros al interior por la fuerza de las aguas y del viento, y dos de ellos quedaron literalmente partidos por la mitad.
Por otra parte, los familiares de los desaparecidos se encuentran en similar situación de vulnerabilidad.
El Gobierno mexicano ha abierto dos consulados de emergencia en Mobile (en el Estado de Alabama) y Baton Rouge (la capital de Luisiana), para facilitar los trámites y ayudar en la localización de miles de ciudadanos mexicanos de los que se desconoce su paradero.
Algunos cálculos señalan que en las zonas afectadas de Misisipi y Luisiana vivían unos 145.000 mexicanos, y algunos de ellos, sobre todo los recién llegados, no disponen de gasolina, dinero ni familiares a los que acudir. En muchos casos tampoco hablan inglés.
Esto significa que no entienden la información que se distribuye por la radio, en inglés únicamente, que explica dónde conseguir agua, hielo, comida o generadores eléctricos.
Unos boletines especiales que aún ahora, más de una semana después del paso de «Katrina», son la única manera de hacerse con lo indispensable en medio del caos que inhabilitó otras vías de comunicación.