Ken Hurwitz, reputado abogado, es investigador principal de los programas de Ley y Seguridad Nacional y del Programa de Justicia Internacional de la organización estadounidense Human Rights First, una de las más destacadas en este país en el esfuerzo por desvelar los centros de detención secretos estadounidenses y por representar a algunos de los detenidos en Guantánamo y Afganistán.

¿Considera que el flujo de esos vuelos secretos de la CIA está probado? Hay suficientes pruebas incontrovertibles? ¿Qué evidencias tiene su organización?

Es muy difícil decir con una seguridad del 100 por cien que estos vuelos han sido concluyentemente probados, sin atender a lo que las explicaciones del gobierno americano pueden suponer. Pero dicho esto, muchas organizaciones, gobiernos e investigadores en Europa, Canadá y el resto del mundo han presentado evidencias extremadamente contundentes de vuelos ilegales de la CIA, incluyendo transferencias trasnacionales extra-legales de sospechosos de terrorismo. Hay investigaciones judiciales en marcha en España, Italia, Suecia y otros países sobre las llamadas «entregas extraordinarias» en las que sospechosos alegan que fueron sacados a la fuerza de sus países de residencia por la CIA o a requerimiento de la CIA y llevados a terceros países como Egipto, Jordania, Marruecos, Siria, Afganistán, Afganistán o la Bahía de Guantánamo para ser sometidos a interrogatorios coercitivos. En algunos casos los individuos son interrogados por americanos y en otros por interrogadores extranjeros (o por los dos). El Secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, ha reconocido también abiertamente la aprobación de los llamados por la Cruz Roja «detenidos fantasmas» en Irak, e investigaciones militares internacionales indican que puede haber habido may hasta 100 de estos «detenidos fantasmas».

¿Debería asumir la comunidad internacional que hay «procedimientos» que la CIA necesita implementar en la actual situación, como el Gobierno de Bush dice?

La única vía para que EE UU y otras naciones que se enfrentan al terrorismo puedan vencer finalmente es mantener una alta base moral y de confiabilidad. Aunque puede quizá haber logros a corto plazo bordeando los procedimientos legales establecidos -como extradición o juicios penales- el coste en pérdida de credibilidad y reputación pesará muchísimo más que cualquier beneficio.

Organizaciones como AI o HRW aseguran que la red secreta de medios de detención en Europa y todo el mundo es sólo una señal de una sistemática y mayor red internacional para detener, presionar y a veces torturar y desaparecer a sospechosos de terrorismo. ¿está de acuerdo?

Hemos documentado partes de este sistema global de detención e interrogación secreta en nuestros dos informes: «Poner fin a las detenciones secretas» (2004) y su actualización: «Bajo cuerda» (2005):www.humanrightsfirst.org/us_law/PDF/behind-the-wire-033005.pdf>www.humanrightsfirst.org/us_law/PDF/behind-the-wire-033005.pdf ).

Hay, claramente, una compleja red internacional de medios e instalaciones que han sido usadas y en muchos casos continúan siéndolo. Puede que originariamente se destinaran a aplicar métodos de interrogatorio «duro» sólo a un puñado de supuestos «detenidos de alto valor», pero cualquier sistema de detención secreta inevitablemente se levanta sobre sí mismo, incitando a abusos crecientes. Como un famoso magistrado de la Corte Suprema de Justicia (Louis Brandeis) dijo una vez, «la claridad es el mejor desinfectante». El sistema de detenciones secretas debe ser desenmascarado y parado.

¿Debemos interpretar que estos casos son parte de una oleada de «pecados secretos» del gobierno Bush? ¿Ha despreciado los derechos humanos desde el 11-S, o en Europa no entendemos sus «necesidades de seguridad»?

El poder ejecutivo americano ha llegado extraordinariamente lejos en eludir cualquier tipo de escrutinio congresual o judicial de sus detenciones e interrogatorios policiales contra-terroristas. Se han empeñado en una política litigacional de «tierra quemada» con respecto a Guantánamo, impidiendo los abogados para los detenidos, en obstructivos procedimientos de demora de un año y medio desde que la Corte Suprema determinó, en el caso Rasul que los detenidos en Guantánamo tenían derecho a recurrir la legalidad de sus detenciones ante un tribunal estadounidense. Ningún tribunal ha escuchado aún las reclamaciones de los detenidos de Guantánamo. El probable uso de centros secretos de interrogación controlados por la CIA u otras agencias del gobierno estadounidense y la colaboración estadounidense con conocidos estados represivos, como Egipto o Siria, son también parte de un sistema establecido para mantener al Congreso y especialmente a los tribunales fuera del proceso. Sólo ahora, después de haber mantenido al ciudadano estadounidense José Padilla sin cargos confinado en aislamiento en una base de Carolina del Sur durante tres años y medio, el gobierno ha anunciado una acusación penal, que conduce a un juicio penal normal, incluyendo los derechos del debido proceso y a abogados bajo la ley estadounidense. Muchos analistas, de cualquier modo, creen que esta decisión está destinada principalmente a asegurarse la prioridad probablemente inminente de la ratificación por parte de la Corte Suprema de la legalidad de su detención.

¿Qué aliados internacionales han apoyado a EEUU en esta supuesta red de cárceles?

Esta clase de red obviamente cuenta con un extenso «álbum de maleantes», de estados cooperantes; como mostramos en nuestro informe «Bajo cuerda», muchos de estos estados son notorios torturadores, como Marruecos, Egipto, Siria o Jordania, por ejemplo. Los estados democráticos occidentales han jugado también algún papel, cuyo perfil está aún bajo observación: es probable que algunos elementos de agencias de inteligencia europeas hayan podido cooperar con entregas desde Europa, incluso aunque otras partes de los mismos gobiernos se opusieran. La inteligencia canadiense podría haber jugado algún papel en el traslado de Maher Arar de EE UU a Siria, donde fue torturado al menos durante un año. La base aérea británica de Diego García, en el Océano Índico, ha sido mencionada repetidamente como emplazamiento de detenciones secretas, como Tailandia y Pakistán. Hemos apelado al Congreso estadounidense que establezca una comisión bipartita independiente, con un poder de citación, siguiendo el exitoso modelo de la Comisión del 11-S, para acometer una concienzuda investigación de las políticas y prácticas secretas norteamericanas de detención e interrogatorio. Abogados de derechos humanos y el funcionamiento de la ley en otros países deben clamar por investigaciones independientes similares acerca de la posible implicación de sus respectivos gobiernos. Es notorio, por otro lado, que incluso el más estrecho aliado de los EE UU, el primer ministro británico Blair está dándose cuenta del alto coste de su cooperación con el «legal agujero negro» de EE UU en su lucha contra el terrorismo.

¿La opinión pública estadounidense está preocupada o irritada?

Ha habido un ascenso bastante rápido de la preocupación, a la vista de estos temas. Mientras la administración está luchando con uñas y dientes para que la CIA esté exenta de la enmienda McCain que podría, si es aprobada, prohibir el uso por parte de EE UU de un «trato cruel, inhumano o degradante», el Senado aprobó la medida por 90 a 8. Como McCain ha repetido enfáticamente, esto no trata de quiénes son los terroristas y qué clase de cosas inhumanas pueden hacer. Se trata de nosotros, y de quiénes somos los norteamericanos. Este mensaje está encontrando eco entre la opinión pública.

Bush y el Partido republicano salieron del escándalo de Abu Ghraib sin consecuencias. ¿El escándalo de los vuelos de la CIA, los «agujeros negros» para detenidos y los abusos en Irak pueden tener consecuencias políticas para el gobierno Bush?

Las predicciones son complicadas, pero el apoyo público a la forma en la que la administración está llevando adelante su «guerra al terror» está en su momento más bajo. Como usted sabe, Human Rights First, junto a la Unión Americana de Libertades Civiles representa a ocho antiguos detenidos afganos e iraquíes en un pleito en una Corte Federal de Washington DC, en el que pretendemos demostrar la responsabilidad civil del Secretario de Defensa, Donald Rumsfled por ordenar, alentar y/o tolerar prácticas de tortura y trato cruel, inhumano y degradante infligido sobre detenidos, incluyendo a los demandantes. (Los materiales de esta causa judicial, incluyendo la denuncia están disponibles en: www.humanrightfirst.org/us_law/etn/lasuit/index.asp>www.humanrightfirst.org/us_law/etn/lawsuit/index.asp).

La administración Bush ha construido un escudo frente a los efectos de la legalidad internacional. ¿qué consecuencias legales pueden rehacer sobre el gobierno o la CIA si se prueban o reconocen las cárceles y vuelos secretos?

Esto, claro, está por ver aún. Como mencioné, aspiramos a un resarcimiento civil en el caso Rumsfeld. En algunos casos, la ley extranjera (doméstica) puede haber sido violada por el uso no autorizado o por acciones en territorio nacional (como en Suecia, Italia, Alemania y España). EEUU ha reconocido desde hace mucho, desde la Segunda Guerra Mundial (en el caso Yamashita, en la Corte Suprema), que comandantes pueden ser considerados responsables por crímenes cometidos por sus subordinados cuando los comandantes conocieran o debieran haber conocido qué crímenes iban a cometerse o cuando fallaran al evitarlos o castigarlos. La justicia internacional -como toda-trabaja más lentamente de lo que nos gustaría. Se necesitaron más de 20 años para llevar a Pinochet a la sala de un tribunal y el proceso aún continúa.