Estos últimos años hemos tenido que añadir un nuevo concepto a nuestro voca- bulario, «deslocalización», instrumento utilizado por la patronal tanto para mejorar sus beneficios como para empeorar las condiciones de trabajo. La deslocalización no es mas que la tendencia capitalista de colocar su producción y capital en los lugares del planeta con más bajos […]
Estos últimos años hemos tenido que añadir un nuevo concepto a nuestro voca- bulario, «deslocalización», instrumento utilizado por la patronal tanto para mejorar sus beneficios como para empeorar las condiciones de trabajo. La deslocalización no es mas que la tendencia capitalista de colocar su producción y capital en los lugares del planeta con más bajos salarios o peores condiciones de trabajo. El motivo que se suele aducir es la «baja rentabilidad», pero cuando se utiliza este término no es porque las empresas generen pérdidas, sino porque, a pesar de producir beneficios, piensan que ganarán más deslocalizando la producción total o parcialmente.
En el contexto de globalización neoliberal la única patria de las multinacionales y transnacionales es el capital, y su único objetivo aumentar sus beneficios pese a quien pese, y al coste social o mediambiental que sea. Para lograrlo, los derechos de las y los trabajadores, los salarios dignos y las prestaciones sociales suponen para el gran capital un estorbo y, por lo tanto, son obstáculos a derribar. Se pretende en definitiva mercantilizar los recursos naturales, los derechos, las personas y la economía en beneficio de las empresas trasnacionales. Las consecuencias para la clase trabajadora son la precarización, la inseguridad en el empleo y la pérdida de derechos laborales y logros sociales.
Debemos ser conscientes de que la amenaza de la deslocalización se utiliza de manera generalizada en la práctica totalidad de las empresas del sector del metal, a menudo en el momento de la negociación colectiva, sin pretensiones de llevarla a cabo, pero con el objetivo de atemorizar a las y los trabajadores y de doblegar la resistencia sindical y conseguir que se acepten con- venios o pactos de contenidos regresivos. Éste es un peligro que está ahí y ante el que no podemos ceder, puesto que la cesión ante el chantaje nos llevaría a un callejón sin salida.
No obstante, también es cierto que, a pesar de no ser algo generalizado, hay casos de empresas cerradas o con amenaza de cierre por este motivo: Ufesa en Etxarri, Newell-Hofesa, Expal, Areitio e Inovac Rima y varias plantas de BSH en Gasteiz, L & P Spring en Bizkaia, Moulinex en Urnieta, o la planta de Fagor en Donibane Lohitzune entre otros. A esto hay que añadir deslocalizaciones parciales TESA en Gipuzkoa, Scheneider en Nafarroa, etc. con reducción de plantilla y pérdida de puestos de trabajo.
Además, en otros casos el poder de decisión y la propiedad del capital en las empresas se alejan. Así, grupos como Arcelor venden plantas del grupo para construir mega-acerías en China; otros como Gamesa se deshacen de su división aeronaútica tras haberla dejado sin carga de trabajo y plantean la reducción en dos tercios de su plantilla, y otras empresas como Sidenor trasladan su centro de decisión a Brasil después de que determinados empresarios hayan hecho su «agosto» particular.
Entretanto, las administraciones vascongada y navarra han hecho causa común con los intereses de las multinacionales y se han puesto a su servicio para concederles todo tipo de exenciones fiscales, acceso a suelo industrial o control de los servicios públicos. En Euskal Herria el problema se agrava porque las instituciones carecen de competencias en materia económica y sociolaboral.
Desde LAB planteamos una serie de medidas que, en caso de que hubiese voluntad política, podrían comenzar a impulsarse por parte de las instituciones y poderes públicos a partir de hoy mismo:
– Que las administraciones asuman responsabilidades y desarrollen una potente Sociedad Pública Indus- trial para garantizar el mantenimiento y desarrollo de los sectores estratégicos de nuestra economía y reclamar la titula- ridad de las empresas públicas estatales instaladas en nuestro territorio.
– Una política industrial pública que oriente los recursos públicos para fomentar la defensa de nuestro tejido productivo, el desa- rrollo de políticas de Inversión+Desarrollo+Innovación y gestión estratégica, el equilibrio intersectorial, la estabilidad en el empleo y códigos de defensa mediambiental y social. Nos oponemos a políticas generalistas y subvencionistas de captación del capital multinacional que convierten nuestro suelo y nuestra industria en saldos para las empresas multinacionales.
– Las empresas que cierren para trasladar su producción deben devolver las ayudas fiscales recibidas y el terreno que ocupan ha de pasar a manos públicas y no ser recalificado, para evitar la especulación inmobiliaria.
– Las empresas de sectores estratégicos que cierren para trasladar su producción a otro país deben pasar a manos de la administración y ser gestionadas por los trabajadores de las mismas (mediante la creación de cooperativas u otras formas empresariales).
– No autorizar por parte de la autoridad laboral expedientes de cierre o reducción de empleo de empresas rentables que quieran deslocalizarse.
– Imposición de gravámenes fiscales para productos de empresas procedentes de empresas deslocalizadas.
– Normativa europea que impida los despidos de empresas que quieren deslocalizarse.
La situación es preocupante, pero no debemos caer en la trampa y ceder al chantaje de la deslocalización porque, a menudo, las empresas la plantean con el fin de liquidar la acción sindical y conseguir que la clase trabajadora renuncie a conquistas laborales logradas tras muchos años de lucha. La amenaza de la deslocalización requiere una acción sindical contundente porque el futuro de nuestra industria y, por tanto, de nuestro pueblo, lo merecen. –