En efecto, los cultivos transgénicos son una amenaza decisiva para esos sistemas. En estos tiempos de Leyes Monsanto, la esperanza de una bioseguridad real está en las organizaciones populares. Cuando el 29 de enero de 2000 se firmó y dio origen al Protocolo de Cartagena, fue aclamado ampliamente como una victoria de quienes querían poner […]
En efecto, los cultivos transgénicos son una amenaza decisiva para esos sistemas. En estos tiempos de Leyes Monsanto, la esperanza de una bioseguridad real está en las organizaciones populares.
Cuando el 29 de enero de 2000 se firmó y dio origen al Protocolo de Cartagena, fue aclamado ampliamente como una victoria de quienes querían poner freno a los transgénicos u organismos modificados genéticamente (OMG). El Protocolo tenía limitaciones y lagunas por llenar, pero en general había acuerdo en que suponía que el trabajo futuro en materia de bioseguridad estaba bien encaminado -incorporando el principio de precaución, reconociendo la importancia de consideraciones socioeconómicas y consultas públicas y dejando la puerta abierta para que los países instrumentaran reglamentaciones más estrictas que el mínimo establecido en el Protocolo. Nada espectacular, pero por lo menos un piso mínimo a partir del cual construir.
Cinco años después, gran parte de este proceso multilateral está obstaculizado. La última ronda de negociaciones se frustró por apenas un par de países que actuaron en nombre de la industria de la ingeniería genética y todos los indicios señalan que este tipo de táctica se está intensificando. Por lo tanto, las posibilidades de avances futuros en las negociaciones son restringidas. Pero lo que es mucho peor, a nuestro juicio, es que el Protocolo no está generando la legislación anticipada efectiva a escala nacional. Vemos que en país tras país se instalan leyes y políticas que facilitan el ingreso de cultivos transgénicos, aún cuando los gobiernos proclaman su preocupación por la bioseguridad y su adhesión al Protocolo. Los pueblos latinoamericanos llaman a estas leyes, las «Leyes Monsanto».
El punto de partida de GRAIN y de nuestros compañeros en todo el mundo es que los cultivos transgénicos son completamente incompatibles con los principios de la soberanía alimentaria [1]. Los cultivos transgénicos son creaciones patentadas de una industria de alta tecnología, que no pueden integrarse a los sistemas agrícolas de base local y dirigidos por los agricultores, sin perjudicarlos. En efecto, los cultivos transgénicos son una amenaza decisiva para esos sistemas. Los cultivos transgénicos plantean riesgos inherentes -riesgos a la salud, riesgos ambientales, riesgos socioeconómicos y riesgos culturales. No hemos visto un solo cultivo transgénico en el mercado o en trámite de investigación, que justificara tales riesgos, en especial para países pobres con grandes poblaciones agrícolas. En este contexto, un régimen de bioseguridad verdaderamente efectivo mantendría alejados a los cultivos transgénicos. No es posible tener las dos cosas a la vez: si entran los cultivos transgénicos, entonces la bioseguridad queda fuera. El problema es que los gobiernos -crecientemente presionados por el agresivo grupo de interés de la industria de la ingeniería genética- cada vez más a menudo hacen lo contrario: utilizar la legislación en materia de bioseguridad para santificar el ingreso de los cultivos transgénicos.
En África…
El Grupo Africano de países fue la fuerza motora de un Protocolo de Bioseguridad fuerte, y la Ley Modelo de la Unión Africana de 1999 fue la primera en establecer un marco para las leyes nacionales de bioseguridad apoyado en las realidades y no en la alharaca y las promesas de la industria de la ingeniería transgénica. Pero desde entonces Africa se ha convertido en blanco de dicho grupo, desesperado por abrir nuevos mercados y mejorar sus relaciones públicas. La solidaridad entre los gobiernos africanos y las buenas intenciones están acorraladas.
Si bien varios años atrás había un acuerdo común en las instituciones y gobiernos de Africa en cuanto a que la ingeniería genética es una tecnología complicada con la cual hay que tener cuidado, actualmente algunos gobiernos, como los de Kenya, Burkina Faso, Tanzania y Uganda, rivalizan por ser los casos modelo de la industria de la ingeniería genética en África. Este cambio es en gran medida el resultado de las presiones implacables de la industria de la ingeniería genética y organismos de ayuda tales como la USAID [2]. Respaldados por cantidades ilimitadas de dinero y generosos apoyos a cualquier proyecto de investigación en transgénicos que los científicos nacionales puedan fantasear, esos intentos parecen dar buenos resultados. Numerosos gobiernos africanos consideran la legislación de bioseguridad como una forma de crear capacidad de investigación local en ingeniería genética para sus científicos, quienes de otra forma carecen totalmente de fondos. Burkina Faso estaba tan ansiosa por unirse a Monsanto para introducir el algodón Bt que comenzó con los ensayos de campo antes de que su comité nacional de bioseguridad tuviera la opción de elaborar una política. Las reglamentaciones en materia de bioseguridad fueron emitidas luego por un Decreto Ministerial, sin insumos públicos. No causa sorpresa que el preámbulo del Decreto sea como leer una página de un panfleto de Monsanto y que las reglamentaciones estén vacías cuando se trata de trazabilidad, participación pública, transparencia y responsabilidad, pero llenas de detalles cuando se trata de decidir cómo las compañías de la ingeniería genética deben contratar y compensar a los científicos de Burkina -¡los mismos científicos a cargo de las aprobaciones! Tanzania y Kenya, que para los Estados Unidos son los blancos más importantes de sus programas de organismos modificados genéticamente, también están estafando la bioseguridad en favor de los intereses de proyectos de «investigación» [3].
Todos esos países aducen actuar conforme al Protocolo de Bioseguridad y la mayoría de ellos han sido parte del proceso de creación de capacidad del Protocolo, coordinado por el Programa de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente (PNUMA) y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) -un proceso que fracasó totalmente en cuanto a apoyar el desarrollo de una capacidad real en materia de bioseguridad en Africa. La mayoría de los «expertos» del PNUMA-FMAM actúan haciendo una apología de la industria de la ingeniería genética, ofreciendo asesoramiento incorrecto y santificando a los gobiernos que dan rienda libre a los transgénicos, mientras que apenas si apoyan los requisitos mínimos del Protocolo de Bioseguridad. Lesotho es tan solo un ejemplo de cómo el PNUMA-FMAM ayudó a convertir un proceso de bioseguridad decoroso, en una estructura administrativa simplificada destinada a dar el sello de aprobación a las liberaciones de transgénicos [4].
Hay países africanos en los que el grupo de presión de la ingeniería genética todavía no se ha apropiado de los procesos legales en materia de bioseguridad. Zambia ha resistido valientemente la enorme presión ejercida desde el exterior para que acepte la ayuda alimentaria de transgénicos. El marco nacional de bioseguridad y el proyecto de ley de bioseguridad de Mali son totalmente opuestos a los de Burkina Faso, su país vecino. La ley de Mali es una de las pocas de África inspirada directamente en la Ley Modelo de la Unión Africana y es estricta en materia de etiquetado, responsabilidad y participación pública. Dentro de la subregión de África occidental, al igual que en otras subregiones de Africa, el escenario de los regímenes nacionales de bioseguridad es bastante combinado: el marco de bioseguridad de Togo se inclina a la precaución y presta especial atención a los riesgos socioeconómicos; el marco de Ghana es decididamente pro transgénico; Benin tiene una moratoria de 5 años sobre los cultivos transgénicos. Pero lo que importa no es la ley sino la voluntad política. El gobierno de Benin no ha hecho nada para poner en vigor la moratoria, e incluso está trabajando encubiertamente con USAID para la introducción de algodón Bt. Mali tiene un marco fuerte en el papel, pero el país acaba de unirse al resto de los países de la ECOWAS [5] para anunciar el apoyo a la agricultura transgénica y para comprometerse a establecer un sistema de regulación regional armonizado para los OMG en el término de 5 años. En esto, Africa occidental no está sola. En toda Africa están en marcha los programas de armonización destinados a crear mercados regionales que funcionen como ventanilla única para la industria de la ingeniería genética -financiados y dirigidos por la USAID [6]. En Sudáfrica, uno de los pocos países africanos con una ley de bioseguridad vigente, las leyes contienen disposiciones decorosas relativas al acceso a la información y el derecho a la apelación, pero el gobierno y la industria actúan en connivencia para frenar eficazmente los esfuerzos populares por ejercer esos derechos [7].
En Asia….
Los intentos de lograr una legislación significativa en materia de bioseguridad han sido en gran medida inexistentes en las experiencias iniciales de cultivos transgénicos en Asia. En 2001, Indonesia se convirtió en el primer país del sudeste asiático en permitir la producción comercial de un cultivo transgénico, con la liberación del algodón Bt de Monsanto. Monsanto intentó sobornar a los funcionarios para eludir el estudio de impacto ambiental requerido y, después de dos años de sucesivos fracasos en los cultivos, los agricultores indonesios, desprovistos de recursos legales para obtener compensación, expulsaron a la empresa. Esto no impidió que el gobierno aprobara liberaciones limitadas de algodón Bt en otros distritos. El algodón Bt fue comercializado también en China con prácticamente supervisión cero-ni siquiera el típico plan de manejo de resistencia de insectos que se ven en otros grandes países productores de algodón transgénico. En Filipinas hay un Marco Nacional de Bioseguridad y desde 1990 funciona un Comité Nacional de Bioseguridad, pero en la práctica la bioseguridad no es tomada en serio. Hace tres años se aprobó el maíz Bt de Monsanto y el Departamento de Agricultura todavía está por encargarse de algún tipo de monitoreo posterior a la liberación. En cambio, están en marcha los planes de traer más variedades transgénicas a Filipinas; un funcionario admitió -pidiendo se mantenga el anonimato- que ya se aprobó la venta y siembra de una variedad de maíz Bt de Syngenta[8].
Al igual que en África, hay un gran desfasaje entre lo que los gobiernos asiáticos dicen acerca de la bioseguridad y lo que hacen. Mientras que el gobierno chino anunció al mundo su decisión de ratificar el Protocolo de Bioseguridad, en lo nacional instituyó una censura a los informes sobre la liberación ilegal de maíz transgénico desde sus propios centros de investigación [9]. El anhelo del gobierno indio de ser una nación líder en transgénicos también acaba con las cuestiones de bioseguridad. A pesar de la generalizada oposición pública a los cultivos transgénicos, su nueva Estrategia Nacional de Biotecnología no hace mención alguna a la responsabilidad de la compañía o a los problemas de contaminación, y traza un mapa de ruta de 10 años para la introducción generalizada de cultivos transgénicos. Los grupos de la sociedad civil están cuestionando ahora la Estrategia del Supremo Tribunal [10]. El proyecto de ley de bioseguridad de Malasia, por otro lado, establece disposiciones ambiciosas acerca de responsabilidad y reparación, pero es difícil imaginar que esto se mantendrá o aplicará en un país donde el gobierno dirige su propia Empresa de Biotecnología de Malasia.
El escenario general en Asia es de presiones externas y aquiescencia de los gobiernos, enfrentados por una fuerte oposición popular a la agricultura transgénica. En Tailandia por ejemplo, donde la vigilancia y protesta popular ante la contaminación proveniente de campos de ensayo de cultivos transgénicos forzó al gobierno a la adopción de una moratoria, ahora el gobierno ha manifestado su voluntad de abandonarla con cualquier pretexto. Cuando Estados Unidos señaló que el levantamiento de la moratoria era una condición previa para las negociaciones del acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y Tailandia, el Primer Ministro Thaksin inmediatamente acató. La protesta popular lo obligó a dar marcha atrás, pero un nuevo informe del gobierno, emitido por su Comité de Política Nacional de Biotecnología, da luz verde a la coexistencia con la agricultura transgénica, una decisión totalmente opuesta al sentimiento popular.
En América Latina….
El senado mexicano hizo oídos sordos a la oposición generalizada de académicos, agricultores y ecologistas y el 15 de febrero de 2005 aprobó una ley de bioseguridad y transgénicos. Denominada la «Ley Monsanto» por la sociedad civil, es débil en numerosos sectores, desde sus deficientes reglamentaciones en materia de etiquetado hasta su falta de un régimen efectivo de responsabilidad y reparación. En esencia, la ley facilita a la industria la aprobación de sus cultivos transgénicos. Pero hay una intensa oposición a los cultivos transgénicos en México, especialmente desde que se descubrió que las variedades tradicionales del centro de origen del maíz fueron contaminadas con variedades transgénicas. Las autoridades han sabido de la contaminación desde el año 2001, pero todavía no han adoptado medidas. Esta nueva ley básicamente legaliza esa contaminación y valida la situación actual de impunidad.
Mientras tanto en Brasil el 2 de marzo se aprobó otra «Ley Monsanto». La ley era tan mala que hasta el Ministerio de Medio Ambiente salió a denunciarla públicamente. En un comunicado [11], el Ministerio manifestó que «se siente en la obligación de mostrar a la sociedad brasileña los potenciales riesgos ambientales resultantes del proyecto de ley aprobado». El propósito de la ley era legalizar el cultivo ilegal desenfrenado de la soja RR de Monsanto, que desde hace algún tiempo ha continuado en las principales regiones sojeras de Brasil, con el consentimiento tácito de Monsanto. Procesos similares para imponer «Leyes Monsanto» se dan en otros países de América Latina, donde la siembra ilegal de cultivos transgénicos y la contaminación transgénica también son generalizadas.
Esta imposición de los transgénicos no ocurre sin una férrea resistencia. En Costa Rica, por ejemplo, una amplia coalición de grupos irrumpió el 24 de agosto de 2004 en un taller de bioseguridad del PNUMA-FMAM para emitir una comunicado [12] reclamando «una moratoria permanente a la plantación y liberación de transgénicos en Costa Rica … [y] la constitución de un marco de bioseguridad real, que reconozca que bioseguridad es sinónimo de eliminación de los factores que podrían ser un riesgo para la diversidad biológica y cultural».
La resistencia al Roundup crece desde el pie
En todo el mundo, lo que vemos en la mayoría de los países es que los procesos políticos que rodean a las leyes y políticas de bioseguridad están desconectados de las poblaciones que se supone deben servir. Lo que hay es un pequeño grupo de elites locales sentadas en torno a una mesa donde se toman decisiones, con tecnócratas de la USAID, FAO y PNUMA-FMAM susurrándoles al oído. La industria de la ingeniería transgénica está por supuesto ahí, con valijas de dinero, mientras que los pequeños agricultores han sido dejados completamente al margen del proceso.
Y aun cuando muchos de los procesos gubernamentales en materia de bioseguridad están condenados en estos días, el panorama, visto con mayor amplitud, es más positivo. Hay numerosas razones para tener optimismo en los ámbitos populares. No solamente está creciendo la resistencia a los transgénicos, sino que los movimientos sociales se están haciendo más sofisticados en sus esfuerzos. Allí donde los gobiernos nacionales se niegan a oír, la gente está localizando sus luchas en donde pueda ejercer más control democrático, como en las zonas libres de transgénicos. Las comunidades también están tomando la «evaluación de riesgo» en sus manos, realizando investigaciones, organizando tribunales populares y cuestionando a los «expertos». De no haber sido por la documentación del fracaso del algodón Bt en el estado indio de Andhra Pradesh parte de las organizaciones populares, las autoridades estatales nunca hubieran retirado la aprobación a las variedades de algodón Bt de Monsanto.
Las preocupaciones ampliamente compartidas acerca de los cultivos transgénicos han dado origen a nuevas alianzas, y a un compromiso que cuestiona las estructuras mismas de poder que están en la raíz de los problemas con las leyes de bioseguridad. Testigo de ello es el reciente Foro Popular de Fana, Mali, donde los campesinos se unieron con activistas de todos los sectores para denunciar los intentos de privatizar la compañía nacional de algodón e introducir algodón transgénico, dos medidas que los participantes ven como intrínsecamente vinculadas. Y allí donde ya ha ocurrido contaminación con transgénicos, las comunidades están ahora estudiando estrategias de descontaminación que harán que sus sistemas agrícolas locales sean más fuertes que antes, particularmente en México, donde las comunidades indígenas están definiendo sus propios métodos de resolver la contaminación de su maíz sagrado.
Los procesos de las legislaciones en materia de bioseguridad están siendo demasiado fácilmente convertidos en herramientas para una industria de la ingeniería genética ansiosa por imponer sus cultivos transgénicos en el planeta. El problema fundamental aquí es que esos procesos generalmente ocurren a puertas cerradas, lejos de las realidades populares, cuando lo que necesitan es bajar a los campos y a las calles, que es donde los temas adquieren mayor importancia. No habrá una bioseguridad verdadera hasta tanto no se revierta esta situación.
Grain
Referencias
[1] GRAIN, 2005, Food Sovereignty: turning the global food system upside down, Seedling, abril de 2005, http://www.grain.org/seedling/?id=329
[2] Por mayor información acerca de cómo la industria y la USAID están imponiendo los cultivos transgénicos en el Tercer Mundo, ver: «USAID «ayuda» a África», GRAIN julio de 2005, http://www.grain.org/biodiversidad/?id=286 (Original en inglés: USAID: Making the world hungry for GM crops, GRAIN abril de 2005, http://www.grain.org/briefings/?id=191)
[3] Mariam Mayet, «Comments on the National Biosafety Guidelines For Tanzania, Third Draft, June 2004», African Centre for Biosafety, marzo de 2005: http://www.biosafetyafrica.net/tanzania.htm y Mariam Mayet, «Comments on the Kenyan Biosafety Bill,» African Centre for Biosafety, marzo de 2004: http://www.biosafetyafrica.net/kenya.htm
[4] Mariam Mayet, «Comments on Lesotho ‘s Biosafety Bill,» African Centre for Biosafety, junio de 2005: http://www.biosafetyafrica.net/lesotho.htm
[5] Comunidad Económica de los Estados de Africa Occidental, países miembros: Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Buissau, Liberia, Mali, Níger, Nigeria, Senegal, Sierra Leona, Togo.
[6] GRAIN, 2005, USAID «ayuda» a África», http://www.grain.org/biodiversidad/?id=286 (Original en inglés: USAID: Making the world hungry for GM crops, GRAIN Briefing, abril de 2005, http://www.grain.org/briefings/?id=191)
[7] Por más información, ver la página Web de Biowatch website: www.biowatch.org.za
[8] » Philippines clears planting of second biotech corn» por Dolly Aglay, Noticias de Reuters, 11 de mayo de 2005, http://www.agbios.com/main.php?action=ShowNewsItem&id=6504
[9] Xun Zi, «GM rice forges ahead in China amid concerns over illegal planting,» Nature Biotechnology 23: 637, 5 de junio de 2005: http://www.nature.com/nbt/ journal/v23/n6/full/nbt0605-637.html
[10] Aruna Rodrigues & Ors. vs. Union of India & Ors. Writ Petition (Civil) 260 de 2005
[11] AFP, 2005, Legalizan en Brasil el cultivo y comercialización de OGM, 7 de marzo de 2005, http://biodiversidadla.org/content/view/full/14811
[12] Manifiesto por una Costa Rica libre de cultivos transgénicos, 17 de agosto de 2005 – http://biodiversidadla.org/content/view/full/9713