Traducido del inglés por Beatriz Morales Bastos
El gobierno israelí aprobó declarar la ocupada Franja de Gaza «entidad hostil», lo que le autoriza a sí mismo a cortar los ya magros suministros de electricidad (que, entre otras cosas, se necesitan para bombear agua), de combustible y de otros suministros básicos que los israelíes permiten recibir a quienes están encerrados en Gaza. La secretaria de Estado estadounidense, Condoleezza Rice, apoyó rápidamente la decisión.
Israel es la potencia ocupante en Gaza, a pesar de haber evacuado a sus colonos en 2005 y transformado la zona, que es el hogar de un millón y medio de palestinos, la mayoría de ellos refugiados, en la mayor prisión al aire libre del mundo a la que Israel asedia y ataca desde su perímetro. Según el derecho internacional, Israel es responsable del bienestar de las personas cuyas vidas y cuyas tierras gobierna.
Apenas ha habido protestas por parte del secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, («Este paso sería contrario a las obligaciones de Israel respecto a la población civil según el derecho humanitario internacional y las leyes de derechos humanos») y de la Unión Europea («La Comisión [Europea] espera que Israel no considere necesario implementar las medidas para las que las decisiones [del gobierno] establecieron ayer el marco».
¿Cómo? ¿Que la UE espera que Israel no considere necesario cortar las necesidades básicas de un millón y medio de personas, la mitad de las cuales son niños?
Estas declaraciones sirven únicamente para subrayar que Israel opera en un contexto en el que la «comunidad international» se ha hecho inmune al discurso de exterminio, físico y político del pueblo palestino.
Por ejemplo, Yossi Alpher, ex-director del Centro Jaffee de Estudios Estratégicos en la universidad de Tel Aviv y en su momento consejero especial del ex-primer ministro israelí Ehud Barak, argumentó fríamente que Israel debería matar a los dirigentes elegidos democráticamente que ganaron las elecciones palestinas en enero de 2006 cuando hizo un llamamiento a «decapitar el liderazgo de Hamas, tanto a militares como a civiles». Es cierto, admitió, que puede haber un inconveniente: «Indudablemente Israel volvería a pagar un precio en términos de condena internacional, especialmente si mueren víctimas civiles inocentes» y porque «es de suponer que Israel tenga que atacar a cargos electos de Hamas que ganaron unas elecciones limpias». Sin embargo, esta condena se olvidará rápidamente, argumentó, «ésta es una forma de represalia y de disuasión cuya eficacia ha sido demostrada» y, por lo tanto, es «una opción que vale la pena considerar».
Alpher incitó al asesinato de politicos democráticamente elegidos no en un periódico de extrema derecha y marginal, sino en el boletín informativo digital subvencionado por la Unión Europea Bitterlemons, que él co-fundó junto con el ex-ministro de la Autoridad Palestina Ghassan Khatib. ¿Qué periódico publicaría un llamamiento hecho por un palestino, o por cualquiera, a matar al primer ministro israelí? Supuestamente a Alpher no le preocupa que le denieguen los visados para viajar a la Unión Europea para dar conferencias o dejar de recibir invitaciones de las universidades estadounidenses. La historia nos enseña que puede tener la tranquilidad de que no sufrirá consecuencia alguna. Es más, ¡en el actual clima político cualquier intento de excluir a Alpher podría incluso ser considerado un ataque contra la libertad de cátedra!
Las declaraciones que reducen a los palestinos a la mera vida biológica que puede ser extinguida sin duda moral alguna no son excepciones aisladas. Como informaba The Jerusalem Post, en mayo el ex-jefe rabino sefardí de Israel, Mordechai Eliyahu dirigió un veredicto religioso al primer ministro «de que no hay absolutamente ninguna prohibición moral contra la matanza indiscriminada de civiles durante un potencial ataque militar masivo a Gaza con el objetivo de detener el lanzamiento de cohetes » (Véase «Top Israeli rabbis advocate genocide,» The Electronic Intifada, 31 de mayo de 2007). No he encontrado ninguna declaración de ninguna destacada figura israelí condenando este veredicto de Eliyahu.
Y el 6 de septiembre un consejero del esperanzado candidato republicano a presidente de Estados Unidos, Rudolph Giuliani, abogaba en una blog por «cortar a la Autoridad Palestina el suministro de servicios así como una serie de otras medias, como no permitir el trasporte de personas o bienes más allá de las necesidades básicas, implementar la pena de muerte contra los asesinos y arrasar los pueblos desde los que se lanzan los cohetes». Esto, afirmaba el consejero, «impresionaría a los palestinos con el deseo israelí de sobrevivir y así se acercarían su aceptación del Estado judío» (Véase: «Giuliani Advisor: Raze Palestinian Villages», Ken Silverstein, Harper’s Magazine, 14 de septiembre de 2007). Giuliani no se enfrenta a llamamientos de otros candidatos para que despida al consejero por defender crímenes de guerra motivados por razones étnico-religiosas. De hecho, la presencia de esta persona en su campaña incluso podría ser una baza electoral.
La última declaración del gobierno israelí llega en el momento en que los palestinos celebran esta semana el 25 aniversario de las masacres de los campos de refugiados palestinos de Sabra y Chatila en Beirut, en las que participaron plenamente el ejército de ocupación israelí y los dirigentes políticos de este país. Podemos pensar que la deshumanización por parte de Israel de los palestinos y de otros árabes, sus matanzas casi diarias de niños, su destrucción de comunidades y su apartheid racista contra millones de personas está tan normalizado que si estas masacres ocurrieran hoy Israel no necesitaría pasar por el elaborado ejercicio de negar su culpabilidad. Puede que, de hecho, la «comunidad internacional» apenas se entere.
Co-fundador de The Electronic Intifada, Ali Abunimah es autor de One Country: A Bold Proposal to End the Israeli-Palestinian Impasse (Metropolitan Books, 2006).
Enlace con el original: http://electronicintifada.net/v2/article9002.shtml