El Gobierno del Mundo -o de sus partes en diferentes escalas que se superponen las unas a las otras- no resulta de procesos neutros o inocentes, sino de la interacción entre los intereses -la mayoría de las veces no coincidentes, cuando no contrapuestos- del poder económico y de la sociedad civil. Y es la compatibilización […]
El Gobierno del Mundo -o de sus partes en diferentes escalas que se superponen las unas a las otras- no resulta de procesos neutros o inocentes, sino de la interacción entre los intereses -la mayoría de las veces no coincidentes, cuando no contrapuestos- del poder económico y de la sociedad civil. Y es la compatibilización de ambos intereses la labor fundamental que debería acometer el poder político, con el objetivo de que la generación de riqueza sea beneficio para todos del modo más igualitario posible, y sin que ocasione merma alguna sobre el patrimonio que pertenece a todos los ciudadanos, los actuales y los que vendrán en el futuro. Es la teoría de la Gobernanza, cuya esencia está o debería estar, por tanto, íntimamente relacionada con lo que hemos dado en llamar desarrollo sostenible, así como con políticas permanentes dirigidas a la redistribución de la riqueza.
No obstante, la teoría de la Gobernanza, por no decir en todas, en la mayoría de las ocasiones no es más que eso: pura teoría. La realidad es bien diferente y lo que de facto suele producirse es la connivencia entre poder económico y político, relegando a la sociedad civil al ostracismo y a un nulo protagonismo en la toma de decisiones de aquellos asuntos que la afectan.
Cuando en la madrugada del 25 de abril de 1998 -tras reiteradas advertencias de técnicos y grupos ecologistas, a las que la Administración y el Gobierno de la Junta de Andalucía no hicieron más que oídos sordos- reventó la balsa minera de la compañía Boliden-Apirsa en las Minas de Aznalcóllar, quedó patente que la teoría de la Gobernanza -por aquel entonces aún en ciernes- no había sido en ningún momento puesta en práctica. El poder político, que había otorgado multimillonarias subvenciones a la multinacional Sueca -las cuales fueron a engrosar sus ya ingentes beneficios económicos-, se había despreocupado por completo del control de su actividad y, como consecuencia, el singular patrimonio tanto natural como económico de Doñana y su entorno fue presa de uno de los atentados ecológicos de mayor relevancia en el ámbito mundial y en todos los tiempos. Una dura lección digna de ser tenida en cuenta por los poderes políticos a fin de tratar de evitar que algo similar pudiese volver a repetirse.
Después vinieron los trabajos de restauración y el triunfalismo del poder político andaluz y del Estado acerca de la labor realizada no sólo para volver todos estos espacios anegados de veneno y muerte a la situación del día anterior a madrugada tan trágica, sino incluso para mejorarla notablemente, contando como operación «estrella» con la creación del Corredor Ecológico del Guadiamar, arteria del corazón de Doñana que a punto estuvo de morir por la arterioesclerosis provocada por los lodos de las minas de Aznalcóllar. Pero no es verde todo lo que reluce en y más allá del Corredor del Guadiamar.
En primer lugar, en toda aquella apresurada -y no hay que negar que en muchos aspectos exitosa- operación de maquillaje, se había quebrado el ya antiguo principio de que el que contamina paga. La multinacional sueca, sin necesidad de hacer uso de paraísos fiscales, había exportado buena parte de los beneficios obtenidos con la explotación insostenible de nuestros recursos mineros allende nuestras fronteras y, tras la catástrofe, hubo de ser el erario público, al que todos contribuimos con nuestros tributos, el que se encargarse de sufragar los trabajos de restauración: «Maleficio» público, frente al beneficio privado; el vasallaje infausto de los intereses sociales hacia el férreo yugo impuesto por del interés económico, con la irresponsable connivencia del poder político; la teoría de la Gobernanza ahogada y mancillada bajo los lodos tóxicos de Boliden-Apirsa.
Pero no se quedó ahí la cosa. El Gobierno andaluz determinó la utilización de la antigua corta minera de Aznalcóllar, no sólo para depositar los lodos retirados del cauce del Guadiamar, sino también para acoger todo tipo de residuos, con el consiguiente riesgo que ello supone para el acuífero Niebla-Posadas.
Y aún más, años después dio el visto bueno a la puesta en marcha de una explotación minera de características muy similares a las de las minas de Aznalcóllar -Mina Las Cruces, la mayor explotación minera a cielo abierto de Europa-, entre los términos municipales de Gerena, Guillena y Salteras, muy cerca del lugar en el que se produjo la catástrofe del 25 de abril del 98. De nuevo el riesgo tóxico, con la gula de un buitre hambriento, amenazaba con la sombra de sus alas negras las aguas del río Guadalquivir y el espacio natural de Doñana.
Veinticinco de abril, una fecha para recordar, para un mal recuerdo, a objeto de que nunca más vuelva a producirse la avalancha de muerte que desparramó su lengua venenosa por las entrañas de Doñana. Así, diez años y un día después, diversas organizaciones ecologistas se dieron cita -nos dimos cita- en primer lugar a las puertas de Mina Las Cruces y posteriormente en las Minas de Aznalcóllar, para denunciar las malas prácticas que se estaban produciendo tanto en la primera como aún en la segunda.
Sobre Mina Las Cruces, hacía ya tiempo que se habían producido diversas advertencias sobre los riesgos que suponían sus prácticas. Y no sólo por parte de los ecologistas. Concretamente el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), ya advirtió en mayo del año 2002 de que, de ejecutarse los taludes de la corta tal y como pretendía la compañía minera Cobre Las Cruces, S.A., filial de la estadounidense Mk Gold Company, éstos acabarían por ceder y derrumbarse hacia el fondo. Una de esas casualidades que, a veces, pueden hacernos casi llegar a creer en el destino, «quiso» que justo 10 años después del atentado ecológico de Aznalcóllar, y un día antes de la «conmemoración» crítica y nada grata de los ecologistas, los citados taludes se vinieran abajo, hecho que ha dado lugar a que el Gobierno andaluz, ante la repercusión mediática del derrumbe, más aún en fecha tan señalada, haya determinado la suspensión temporal de la actividad minera en Las Cruces hasta que no sean subsanadas las deficiencias. Demasiado tarde, como en el 98, como casi siempre.
El 26 de abril, a las puertas de la Mina de las Cruces y escoltados y a la vez vigilados por la Guardia Civil -a la que hay que agradecer la colaboración prestada casi en todo momento-, fue leído un manifiesto de denuncia sobre lo que allí estaba sucediendo y lo que podría aún suceder.
Posteriormente, un buen número de hombres, mujeres y niños de paz y amantes de la Naturaleza llegados desde toda Andalucía, nos dirigimos a visitar el lugar de la catástrofe, del atentado ecológico, del 98. El Gobierno Andaluz, arguyendo el carácter ya público de la zona, nos había denegado el permiso para acceder tanto a las inmediaciones de lo que fue la balsa minera siniestrada, aquella espantosa caja de Pandora, como a la corta minera reconvertida en vertedero para todo tipo de residuos. No obstante, continuamos en nuestro empeño; queríamos observar aunque sólo fuese el entorno de la corta minera. Una vez allí nos encontramos con que, tras diez años sin preocuparse al respecto, se había establecido un vallado perimetral en torno a la corta -aún sin finalizar ante la premura con que fue acometido a causa, es de suponer, de nuestra programada visita- con el objetivo, según se nos dijo, de garantizar la seguridad de las personas.
Los hechos que se sucedieron a continuación fueron dignos del mejor de los esperpentos de Don Ramón del Valle-Inclán. Solicitamos a los mandos de la Guardia Civil que se nos permitiese acceder al menos hasta la citada valla, algo que nos fue denegado en función de las ordenes recibidas desde un alto cargo del Gobierno Andaluz -de rostro y nombre desconocido, y emboscado entre las sombras como un cobarde-, desde el argumento falaz de garantizar nuestra seguridad. Ante nuestra insistencia, la Guardia Civil se puso en contacto en diversas ocasiones con el citado alto cargo -que, probablemente también, se encontrase ejerciendo funciones al servicio de los contaminadores, de lo privado- para demandarle que se nos permitiese acercarnos hasta la valla, al no existir riesgo alguno que pusiese en peligro nuestra seguridad. Pero una y otra nos fue denegado, con el último argumento del carácter público de todo aquel espacio. Un argumento, sin duda, también falaz, tras el que se escondía el interés de políticos y empresas en que los ciudadanos no pudiésemos tener conocimiento de las barrabasadas que se continúan cometiendo en aquellos espacios públicos. Unos espacios públicos que siguen siendo usados sin apenas control -y con todas las bendiciones habidas y por haber por parte del poder político- para verter el veneno ocasionado por actividades económicas privadas, pero al que no se permite el acceso de colectivos sociales que pretenden, de este modo, tener la posibilidad de entrar a formar parte de esa teoría de la Gobernanza reclamando que su opinión y sus intereses también sean tenidos en cuenta. Es la represión de baja intensidad -de la que la Guardia Civil en este caso sólo fue un instrumento, y me consta que en contra de lo que hubiese sido su voluntad- encaminada a cortar cualquier actitud crítica y a tratar de ocultar que tras la supuesta democracia de la que creemos disfrutar -la cual sólo podría venir de la mano de la puesta en práctica de una verdadera Gobernanza-, subyace emboscada la plutocracia, una férrea dictadura de lo económico que terminará por despojarse de su guante de seda siempre que sea necesario.
Así, la jornada del 26 de abril de 2008, en el entorno del atentado ecológico que fue perpetrado diez años atrás, nos mostró una vez más la evidencia de que gran parte del Mundo, en la actualidad, se ve sometido al imperio de lo económico, a través de plutocracias y dictaduras, bien evidentes, bien disfrazadas bajo la hipócrita aureola de unas democracias de derecho pero no de hecho, que llevan ya demasiado tiempo sepultando a los ciudadanos bajo el mármol de la incultura o de una falsa cultura oficial -potente aleación entre lo que se suele identificar con el pensamiento único y la ya secular estrategia del panem et cirquenses- que les hurta cualquier capacidad de crítica y reivindicación efectiva. Sin ciudadanos formados -no, deformados- e informados no es posible la democracia. Y para estar bien formados es esencial poder conocer lo que en ese día trató de sernos ocultados por el tándem político-económico que asume en la actualidad el desgobierno de Andalucía.
Publicado originalmente en El Recreo (http://www.el-recreo.com/modulos/mmdled.asp?c=12&id=105)