De la Vega ha anunciado un nuevo traslado de aguas desde el Tajo hasta el Segura, sin descartar nuevos desvíos en otras cuencas. Grupos ecologistas y Conferencias Hidrográficas denuncian que no se está respetando el caudal ecológico de los ríos. El pasado 24 de octubre el Gobierno volvió a dar un giro en su política […]
De la Vega ha anunciado un nuevo traslado de aguas desde el Tajo hasta el Segura, sin descartar nuevos desvíos en otras cuencas. Grupos ecologistas y Conferencias Hidrográficas denuncian que no se está respetando el caudal ecológico de los ríos.
El pasado 24 de octubre el Gobierno volvió a dar un giro en su política ambiental. La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega anunciaba un nuevo trasvase de 40,5 hectómetros cúbicos desde el río Tajo hasta el río Segura para el último trimestre del año, con el fin de «paliar la sequía» en el Levante. Además, lanzó un aviso para navegantes: «No se descarta» llevar a cabo nuevos trasvases siempre que sean «sostenibles» y «económicamente viables».
Los grupos ecologistas consideran que un trasvase sólo es sostenible si respeta el caudal ecológico del río, esto es, el caudal de agua necesario para que el ecosistema no se desestabilice. Sin embargo, los ríos españoles no parecen gozar de buena salud, advierte Julián Ezquerra, presidente de la Coordinadora de Afectados por Grandes Embalses y trasvases (Coagret): «Los trasvases sólo son sostenibles si una evaluación de impacto ambiental demuestra que lo son. Extraer unos niveles de agua de un río produce un impacto. Si es poco, igual el río lo tolera, pero el río se degrada. Sin embargo, en España hay un grave problema de falta de caudales». Confederaciones Hidrográficas han llegado a la misma conclusión que las asociaciones ecologistas, puntualiza Ezquerra: «En el diagnóstico que las Confederaciones están realizando para los Planes de Cuenca se está demostrando que se extrae demasiada agua de los ríos. Hay tramos que se dan como irrecuperables. En la cuenca del Ebro, por ejemplo, se ha concluido que los ríos de la margen derecha no cumplen los cánones ambientales porque tienen que asumir más demanda de la que pueden».
Los niveles de agua de los caudales también se ven afectados por el «efecto llamada» que producen los trasvases. Y es que, en palabras del presidente del Coagret, cuando se anuncia un trasvase se duplican o triplican las demandas de agua por parte de los regantes.
En cuanto a la viabilidad económica de este tipo de acciones, el presidente del Coagret guarda sus discrepancias. «Todos los trasvases son barbaridades que no se sostienen. La Directiva Marco del Agua dice que para acometer un trasvase debe haber una recuperación de costes, y así los usos se adaptarían a las posibilidades. Si el agua recorre muchos kilómetros, los regantes no lo van a poder afrontar, pues deberán pagar las infraestructuras necesarias». De esta manera, se fomentarían los usos ilegales.
Pese a todo, el Ejecutivo se abraza a esta política para «paliar los efectos de la sequía en las cuencas más afectadas». En el informe ¿Ilusiones? Trasvases entre cuencas y escasez de agua de 2007, Adena ya aventuraba que el retorno a la política del trasvase se veía venir. Así indicaba que nuevas comunidades como Andalucía, Castilla-La Mancha y Murcia pretendían utilizar nuevos trasvases para promover regadíos y urbanizaciones insostenibles.
El Tajo, agotado
De momento, la presión recae sobre el río Tajo. «A finales de los años ’60 se dijo que al Tajo le sobraban 600 hectómetros, por tanto se consideró que su cuenca era excedentaria y, a finales de los ’70, se empezó a trasvasar agua. Hoy en día se sigue desviando caudal basándose en el mismo estudio, cuando el estado del río ya no es el mismo», cuenta María Soledad Gallego, socia de la Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA) y experta en el caso de este río.
Gallego indica que para analizar el estado del caudal del Tajo sólo es necesario asomarse a su cuenca y mirar. «Hay un coma ambiental del Tajo en el tramo medio del río. Se está sacando agua de manera irracional, sin respetar el caudal ecológico», denuncia Gallego.
Según datos aportados por la investigadora, el trasvase Tajo-Segura detrae el 70% de las aportaciones naturales de la cabecera del río. Además, en las últimas décadas el caudal del Tajo ha experimentado una disminución de las aportaciones del 50%. A esto hay que sumarle que este curso fluvial recibe las aguas residuales de seis millones de habitantes del área periurbana de Madrid. «Es la cuenca más poblada de España y la que más presiones tiene que soportar», concluye Gallego.
La investigadora denuncia que en el tramo del río entre Aranjuez y Talavera de la Reina (donde se ha llegado a secar) «las aportaciones han sido drásticamente reducidas debido a su almacenamiento con destino al Trasvase Tajo-Segura». Además, se incumplen los condicionantes impuestos por la Ley del Trasvase relativos a la existencia de un caudal mínimo en Aranjuez de 6 m3/s. «Por esta zona, la mayoría de las veces el Tajo lleva 2 m3/s», explica.
Por su parte, Adena denuncia en su informe que este trasvase no ha solucionado el problema de la zona beneficiada. Más aún, el déficit de agua está aumentando y ha dado lugar a un mercado negro del agua. El informe de esta organización apunta que «existen entre 65.000 y 100.000 hectáreas de regadíos ilegales en la cuenca del Segura, y Murcia y Almería han construido más de 50 nuevos campos de golf y 115.000 nuevas viviendas en un plazo de ocho años».
A la vista de estos datos y de la situación del caudal de los ríos españoles, sólo queda preguntarse por qué el Gobierno ha decidido continuar con una política que aparcó durante la era Narbona. Para Julián Ezquerra, «volver a los trasvases es una cuestión política, no de gestión hidráulica. Se pretende recuperar al electorado levantino, pero los ríos no son tuberías».
Más juicios por oponerse a la destrucción del entorno
Continúan los juicios contra los activistas de la plataforma popular contra el Plan Caufec-Porta Barcelona de Esplugues de Llobregat por rechazar el plan promovido por la inmobiliaria Sacresa, que pretende construir más de 700 viviendas, dos torres de oficinas y un centro comercial en Finestrelles Norte (en la montaña de Sant Pere Màrtir) y Finestrelles Sur. El 28 de octubre le tocó presentarse en el juzgado a Eulalia, por encadenarse en agosto a uno de los árboles que iban a ser destruidos.
Otras acciones reivindicativas, como encadenarse a las máquinas de la constructora, también han sido criminalizadas. Todas ellas denuncian un plan fruto de la especulación, donde no se ha realizado un proceso participativo con el vecindario de los barrios afectados y donde el impacto ecológico es muy alto: las obras están muy cerca del parque de Collserola y están destruyendo una zona de transición entre la ciudad y el área natural). Más información en www.moviments.net/noalplacaufec/.