¿Por qué no se garantiza el sistema público de pensiones? Porque la élite económica quiere controlar ese negocio creciente. El presidente español Rodríguez Zapatero, alineado con los poderosos, aprobará en enero el mayor recorte de los 30 últimos años. La actual reforma de las pensiones será, a juicio de ELA y de LAB, la «más […]
¿Por qué no se garantiza el sistema público de pensiones? Porque la élite económica quiere controlar ese negocio creciente. El presidente español Rodríguez Zapatero, alineado con los poderosos, aprobará en enero el mayor recorte de los 30 últimos años.
La actual reforma de las pensiones será, a juicio de ELA y de LAB, la «más dura» porque contendrá una serie de recortes para la clase trabajadora, que poco a poco están trascendiendo, de los que nunca se va a sobreponer y que va a suponer que los derechos logrados tras años de lucha social y laboral se pierdan en un abrir y cerrar de ojos. En vez de avanzar en la consecución de una política fiscal más equilibrada y justa para disponer de fondos económicos para hacer frente al Estado del Bienestar, elemento característico de la Unión Europea frente al modelo capitalista de Estados Unidos, el Estado español se suma a la nueva corriente neoliberal que recorre Europa para hacer más dura la existencia de quienes lleguen algún día a contar con una pensión.
Los datos confirman que el 71,5% de los pensionistas obtienen nóminas por debajo de los mil euros al mes y el 58,5% de los pensionistas cuenta con menos de 600 euros para sobrevivir, lo que supone una cantidad que es menos de la mitad de la media europea. El presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, ha dado el paso «al dictado de la banca y según se ordena desde la Unión Europea», como señala LAB. De hecho, el periódico «Expansión» abrió su edición de ayer con el siguiente titular: «Los planes de pensiones estrella para vivir tranquilo». Según la Asociación de Sociedades de Inversión Colectiva (Inverco), el patrimonio de los fondos de pensiones hasta el mes de setiembre alcanzaban los 84.626,6 millones, un 0,35% menos que a comienzos de año. Hace veinte años, sólo disponían de 3.214,4 millones, veintiséis veces menos. Sin embargo, desde que en 1995 entró en funcionamiento el Pacto de Toledo, un años después se produjo un salto espectacular hasta los 17.441,23 millones. Esa es la realidad del órgano tripartito entró en funcionamiento para ir eliminando derechos, como está demostrado. Sin embargo, esos pasos no han sido suficientes para quienes gestionan los recursos privados de pensiones, porque entienden que podrían obtener un mayor trozo de esa tarta. Los cinco grupos más importantes que controlan los fondos de pensiones son BBVA, con 15.539 millones; seguido de SegurCaixa Holding, 13.710,3 millones; el Santander, 8.896,3 millones; seguido de Aviva, con 5.1679,7 millones e Ibercaja, con 4.489,6 millones.
Lo que se va a aprobar dentro de poco más de un mes, el próximo 28 de enero, no sólo será el aumento de la jubilación de 65 a 67 años, como reconoce también ELA, sino que se modifican los períodos de cálculo y las bases reguladoras con el objetivo de reducir las prestaciones económicas para quienes se jubilen después de la vida laboral, es decir se llevarán adelante los recortes sociales más graves de la historia. «Supone una de las agresiones más fuertes contra la clase trabajadora y, sobre todo, para quienes tomen el relevo en las empresas y en los centros de trabajo», explican las centrales sindicales. Lo que se trae entre manos el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, es más grave que la modificación que Felipe González llevó adelante en 1985 cuando cambió la ley al aumentar el período de cálculo de las pensiones de dos a ocho años. Entonces, le costó una huelga general a nivel del Estado español.
Tanto LAB como ELA destacan que el problema del mantenimiento de las pensiones en el futuro nada tiene que ver con la viabilidad del sistema público, sino «dónde se sitúa la voluntad política para distribuir la riqueza». Porque, a juicio de ambas centrales, «mientras al capital financiero y las grandes multinacionales se les derivan y envían ingentes aportaciones financieras públicas para su supervivencia, este argumento no sirve para financiar la política social, tan necesaria». Hego Euskal Herria se encuentra por debajo en más de nueve puntos de la presión fiscal media de Europa y el gasto social también está alejado entre ocho y nueve puntos de la media europea. Lo que supone, a juicio de ambas centrales sindicales, un problema mayor para el futuro inmediato. En realidad, confirman que «no falta dinero, sino una voluntad de redistribuir la riqueza de una manera más equitativa y equilibrada entre el conjunto de la población».
ELA sostiene, por otro lado, que esta nueva agresión del Gobierno español hacia la clase trabajadora se produce por parte del PSOE, pero «el PNV ya se ha pronunciado a favor de los recortes presupuestarios y en la congelación y reducción de las pensiones, además de otros grupos representados en el Congreso español».
De todas maneras, en la actualidad el sistema público de pensiones es ya de por si un modelo que pone numerosas trabas a quienes han estado años y años cotizando debido durante su vida laboral. De hecho, a muchos prejubilados forzosos por la reconversión industrial de los años ochenta y noventa del siglo pasado, que cotizaron por encima de los 40 años, no se les paga el 100% de la pensión, sino que se les penaliza en base a los años que se prejubilaron y los contratos temporales tienen problemas de cotización.
Estos días atrás la editorial de El Viejo Topo publicó un libro «¿Pensiones en peligro? Que la banca pague lo que debe», firmado por Ciudadano Pérez. Recuerda que «algo falla en el argumento demográfico con el que banqueros, políticos, altos funcionarios, grandes patronos y otros agogeros atentos a la voz de su amo, pronostican la quiebra de las pensiones públicas en 2040». Critica que «el consenso político y social ha aceptado una curiosa convención: las pensiones de los jubilados deben financiarse exclusivamente con una caja específicamente nutrida a costa de los descuentos efectuados en la nómina de los trabajadores asalariados».
A su juicio, es «una convención extraña, sin duda, si tenemos en cuenta que ese mismo consenso político y social admite que el resto de gastos de la Nación sean pagados con cargo a los impuestos generales que nutren al Erario» y añade que «estos gastos pagados por la caja común del presupuesto público, incluyen desde el sostenimiento a cuerpo de Rey -nunca mejor dicho- del monarca y de su augusta familia hasta el último bote de pintura empleado en la señalización horizontal de las carreteras». Por eso, se pregunta si las pensiones no podrían tener garantía definitiva similar.
«Bomba de relojería, pero con pólvora mojada»
El libro firmado por Ciudadano Pérez en la editorial de El Viejo Topo indica que «los apocalípticos que vaticinan el colapso de las pensiones utilizan la metáfora de la bomba de relojería», pero añade «con pólvora mojada». La causa de la humedad «que inactiva su capacidad explosiva no es otra que la precariedad laboral en que se ven obligados a desenvolverse millones de trabajadores. Precariedad constatable aquí y ahora sin necesidad de hacer proyecciones a 2040». Pone de manifiesto que con el actual modelo no va a existir capacidad de que los nuevos trabajadores puedan hacer frente a las pensiones futuras. Porque «tienen muchas dificultades». Calcula que para llegar a la pensión mínima un contratado en precario «tendría que trabajar de forma ininterrumpida durante 5 días a la semana y 21 años de su vida, sin vacaciones».