Hoy estamos viendo en España dos hechos que están claramente relacionados. Uno es la enorme crisis de legitimidad del llamado sistema democrático español que aparece en el enorme enfado existente entre la mayoría de la ciudadanía frente al establishment político que se percibe instrumentalizado por grupos de poder fáctico (tanto financieros como empresariales, y tanto […]
Hoy estamos viendo en España dos hechos que están claramente relacionados. Uno es la enorme crisis de legitimidad del llamado sistema democrático español que aparece en el enorme enfado existente entre la mayoría de la ciudadanía frente al establishment político que se percibe instrumentalizado por grupos de poder fáctico (tanto financieros como empresariales, y tanto españoles como internacionales) llevando a cabo políticas sumamente impopulares que no estaban en los programas electorales de los partidos gobernantes en España y en Catalunya. Tales gobiernos están imponiendo a la población unas políticas de reducción de salarios y recortes de gasto público social que están deteriorando muy rápidamente el bienestar de las clases populares de España y de Catalunya. La evidencia, aportada por el Observatorio Social de España en su reciente informe «El impacto de la crisis en las familias y en la infancia» es rotunda y abrumadora. Amplios sectores de las clases trabajadora y las clases medias de Catalunya y del resto de España están en riesgo de entrar en la pobreza, incluida la pobreza extrema.
Tales políticas representan el ataque más frontal que la España social haya experimentado durante el periodo democrático. Y utilizo la expresión «ataque» pues responde a un diseño de debilitar e incluso eliminar componentes de la protección social que garantizaba el bienestar de las poblaciones que del trabajo obtienen sus rentas. Consecuencia de este debilitamiento, estamos viendo -como aparece en la Contabilidad Nacional sobre la distribución de las rentas de España- que mientras las rentas del capital superan, por primera vez en el periodo democrático, las rentas del trabajo, éstas últimas están descendiendo de una manera muy marcada, deteriorando el estándar de vida de las clases populares y contribuyendo al descenso de la demanda doméstica, llevando a la economía a una gran recesión, camino de una depresión. Los asalariados en España han perdido en 2012 25.842 millones de euros, mientras que los empresarios han ganado 12.000 millones. La lucha de clases (término desechado como «anticuado» en los medios de información y persuasión que generan y reproducen la sabiduría convencional), ganada en bases diarias por el Capital frente al Trabajo, continúa existiendo en España -incluyendo Catalunya- (aunque silenciada y ocultada en los medios de mayor difusión). Y tal lucha de clases se está acentuando. En los tres primeros trimestres del año, las rentas del trabajo han descendido 16.800 millones de euros.
Estos ataques al estándar de vida de las clases populares está creando una gran agitación social. Nunca antes, desde la Transición de la dictadura a la democracia, se había vivido en Catalunya y en el resto de España tal agitación social. Casi a diario hay huelgas en Catalunya y en España protestando por las medidas de recortes impuestas que se realizan sin ningún mandato popular. La persistencia de tales medidas a pesar de las protestas populares, está deslegitimando las instituciones representativas, como lo muestran las encuestas. El eslogan del movimiento 15-M «no nos representan» tiene amplio reconocimiento y aceptación entre las clases populares de este país.
El tema nacional y el tema social. Las dos caras de la misma moneda
Estas políticas públicas llevadas a cabo por el gobierno español y el catalán y que están dañando enormemente a las clases populares, las están realizando hoy las fuerzas conservadoras y neoliberales que se conocen en el lenguaje popular como las derechas españolas y catalanas, que se consideran a sí mismas como las patrióticas, exigiendo tales sacrificios para salvar a la patria, sea ésta la española, sea ésta la catalana. Los patriotas a los dos lados del Ebro están ahora enarbolando las banderas para movilizar a estas mismas clases populares para que les apoyen frente al enemigo o adversario. En España, hemos visto como el Ministro de Defensa, Pedro Morenés, empresario de la industria militar (que hizo enormes beneficios a costa de fabricar bombas de racimo desde 2005 a 2008 y que se considera a sí mismo un «gran patriota») indicó que «el Ejército es consciente de lo grave que es el desafío catalán», esperando que del patriotismo del Ejército salga la iniciativa, si así es necesario, de intervenir para salvar, una vez más, a la Patria. Esto se dice, y se insinúa, setenta y seis años después de que el mismo Ejército, en defensa de los intereses del capital (los terratenientes, la banca, las compañías de seguros y el gran empresariado, entre otros, afectados por las reformas del gobierno democráticamente elegido) hiciera un golpe militar para defender a la Patria definiendo como tal los intereses de un sector minoritario de la población, responsable del posterior enorme subdesarrollo de España. Cuando la dictadura que el Ejército impuso terminó en 1978, España estaba a la cola, y por mucho, de la Europa Social. A la luz de la evidencia histórica existente que muestra el enorme daño a la mayoría de la población española que tal régimen impuso es sorprendente que tales instituciones y tales derechas españolas continúen presentándose como patriotas (véase mi artículo ¿Quiénes son los patriotas?, Público, 15.11.12).
Ni que decir tiene que las manifestaciones de los superpatriotas españoles están fabricando independentistas en Catalunya en dosis masivas, creando un movimiento que está incluso desbordando al establishment catalán y muy en particular a las derechas catalanas que para poder mantenerse en el poder están intentando hacer suyo el hartazgo nacional en Catalunya (frente a las derechas españolas) a fin de ocultar su ataque a las clases populares. Religión y nacionalismo siempre han sido las ideologías que más han utilizado las burguesías para conseguir el apoyo popular, presentándose como los portavoces de la Patria.
Vemos, pues, que en el momento histórico en el que hay mayor movilización social contra las derechas, éstas están utilizando el patriotismo para perpetuarse en el poder, dividiendo así a las clases populares, a fin de que éstas canalicen su enfado, no hacia las derechas de siempre, sino hacia las clases populares que sufren al otro lado del Ebro las consecuencias de las mismas políticas que sus establishments conservadores les han impuesto.
La respuesta de las izquierdas. Lo que deberían hacer y no hacen
Frente a esta situación es bastante obvio lo que las fuerzas progresistas a ambos lado del Ebro deberían hacer y, por desgracia, no hacen. En España, tales fuerzas deberían presentar a las derechas por lo que son, los defensores de privilegios particulares a coste de los intereses de la gran mayoría de la población, criticando su supuesto patriotismo y su visión uninacional de España, detrás de la cual hay aquellos intereses particulares de los agentes económicos y sociales que siempre han dominado al Estado español. La lucha por la España plurinacional es parte de la lucha por la España social. El que gran parte de las izquierdas españolas no lo vean así es resultado de la enorme carga ideológica histórica heredada de los 40 años de dictadura. Las izquierdas con representación parlamentaria en España deberían aliarse con los movimientos sociales que están apareciendo a lo largo del territorio español que están hartos del establishment, basado en Madrid, que no les representa.
En Catalunya, las izquierdas deberían también cuestionar el patriotismo nacionalista de las derechas, responsable de políticas que están dañando a la población, cuestionando su legitimidad al imponer políticas por las cuales no tienen ningún mandato. Y tales izquierdas deberían, en su lucha legítima y democrática por el derecho a decidir (que puede o no abocar en una demanda para la independencia), como parte de una lucha que está ocurriendo a lo largo de toda España, contra unos establishments políticos y mediáticos, exigiendo la democratización de las instituciones que llevan tal nombre para que recuperen su soberanía y sean responsables a las clases populares de las cuales derivan, al ser mayoría, su legitimidad hoy perdida.