Ruiz-Huerta, que cuenta con el respaldo de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y el 15-M, critica la pasividad de la actual Junta frente a las «tasas inconstitucionales»
Lorena Ruiz-Huerta y García de Viedma aspira a ser decana del Colegio de Abogados de Madrid por la Asociación Libre de Abogados, en las elecciones del próximo 18 de diciembre. Como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca o el Movimiento 15-M, con los que mantiene estrechos lazos, critica el decreto de desahucios del Gobierno –«puro maquillaje»–, las nuevas tasas –«inconstitucionales»– o los recortes en el servicio de justicia gratuita aplicados por la Comunidad de Madrid.
Quiere democratizar el Colegio, que agrupa a cerca de 60.000 letrados, creando una Asamblea donde estén representadas todas las ideologías y sensibilidades y que controle a la Junta de Gobierno. Sobre la actual directiva, encabezada por Antonio Hernández-Gil, critica su «pasividad» ante el ataque al derecho que suponen las nuevas tasas judiciales.
La Asociación Libre de Abogados, que quedó tercera entre diez candidaturas en las últimas elecciones, de 2007, es «activista» en la defensa de los derechos humanos y, en especial, el de defensa.
En una entrevista con Público, Lorena Ruiz-Huerta denuncia además que el Colegio de Abogados de Madrid se mojara por primera vez en su historia en un caso de intromisión de las comunicaciones de abogado y cliente con el juez Baltasar Garzón y los letrados del ‘caso Gürtel», pese a que ALA había denunciado escuchas ilegales en multitud de ocasiones anteriores. «Hubo una clara motivación política», señaló.
¿Considera que las nuevas tasas judiciales crean una justicia para ricos y otra para pobres?
Sí. Son inconstitucionales porque suponen una vulneración drástica del derecho a la tutela judicial efectiva, e incapacitan a muchas personas a acceder a la justicia por una discriminación por la renta. Denunciamos el silencio del Colegio de Abogados de Madrid frente a este ataque al Derecho, contra el que se ha pronunciado el Consejo General de la Abogacía y todas las asociaciones de jueces y fiscales.
¿El decreto del Gobierno sobre los desahucios servirá para algo?
Es puro maquillaje absolutamente insuficiente. Nosotros apoyamos desde el inicio a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca –y llevamos a abogados de la misma en nuestra candidatura–. Reclamamos un cambio urgente de la Ley Hipotecaria y la aprobación de la dación en pago, para evitar condenar a muchas personas a la exclusión social de por vida por una deuda.
Queremos paralizar los desalojos, pero también exigimos al Gobierno medidas alternativas como la habilitación de un parque de vivienda social y pública, para evitar un atentado a los derechos constitucionles a la vivienda de muchos ciudadanos desalojados.
¿Porqué protestan los abogados de oficio de Madrid?
La Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid con el PP, desde 2003, ha hecho dejación de este servicio público, pero en los últimos meses los recortes están siendo brutales. Se ha reducido en un 20% el presupuesto para el turno de oficio, y además, la exigencia de papeles acreditativos a los ciudadanos del derecho a la justicia gratuita, supone en muchas ocasiones que los abogados hagan su trabajo y luego no cobren. Muchas veces los asistidos son personas que viven en la calle y que no pueden reunir los papeles que se requieren, y el resultado es que los letrados no cobramos.
¿Y qué ocurre con los servicios de orientación jurídica?
A partir del 1 de enero de 2013 dejarán de funcionar en la Comunidad de Madrid, pese a que en 2011 asesoraron a 163.000 ciudadanos, que en muchos casos, gracias a una sola consulta, no acudieron luego a los tribunales.
El Gobierno nacional dice haber aprobado la Ley de Tasas para reducir el atasco en los juzgados, pero luego destruyen servicios públicos, como los de orientación y mediación, que contribuyen a reducir la litigiosidad, y castigan más conductas como delitos, contraviniendo el principio que coloca el derecho penal como última instancia. Y encima acusan al ciudadano de provocar el atasco, cuando lo hacen ellos, y le imponen las tasas.
¿Ruiz-Gallardón ha anunciado la extensión de la justicia gratuita a las víctimas de violencia machista?
Todos estos anuncios del ministro de Justicia los recibo con absoluto escepticismo y desconfianza, ya que el modelo vigente de justicia gratuita es bueno, protegía a un amplio sector de la sociedad, y no creo que sea necesario cambiarlo. Ahora dicen que quieren modificarlo y financiarlo con unas tasas que son inconstitucionales. Esperaré a ver el contenido del proyecto.
¿Cómo valora el nuevo Código Penal?
Entra dentro del ‘populismo punitivo’ que se practica desde hace varios años y del que el Gobierno del PP está haciendo bandera, y con el que los políticos buscan réditos electorales. Consiste en sacar partido a escasos casos que causan alarma social, creando una falsa sensación de inseguridad, que justifica un cambio del Código Penal, pretendiendo un beneficio electoral.
¿Qué relación tiene la Asociación Libre de Abogados con el 15-M?
Desde siempre somos activistas en defensa de los derechos humanos, y en especial del de defensa, y estamos con los movimientos sociales que siguen esa línea. Varios de nosotros estamos en la Comisión Legal de Sol del 15-M, en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y en otros movimientos sociales y políticos.
¿Cree que la actuación del Colegio en relación a Baltasar Garzón y las escuchas a abogados de la Gürtel afectarán al resultado de las elecciones del 18 de diciembre?
Lo que puedo decir es que desde nuestra asociación denunciamos que, por primera vez en la historia, el Colegio se pronuciase sobre un caso de este tipo, cuando jamás había amparado antes a letrados que lo habíamos pedido con pruebas clarísimas. En el caso referido hubo una clara vinculación política.
¿Porqué destacan que llevan 20 años presentándose a las elecciones al Colegio?
Queremos transmitir que, frente al resto de candidaturas, que se disuelven si son derrotadas, nosotros tenemos vocación de permanencia y que siempre nos mantenemos haciendo oposición leal a la Junta de Gobierno, participando activamente, y denunciando eventuales irregularidades.
¿Qué harían si ganan las elecciones?
Entre otras cosas, una reforma estatutaria –que la actual Junta prometió y no hizo– que democratice la institución, creando una Asamblea colegial con representación de las distintas ideologías y sensibilidades, que controle, también económicamente, a la Junta de Gobierno.
Fuente: http://www.publico.es/espana/446605/el-decreto-de-desahucios-del-gobierno-es-puro-maquillaje