La forma más extendida de democracia en la Unión Europea es la democracia representativa, en la que la ciudadanía vota a sus representantes en los parlamentos como parte de partidos políticos que, en teoría, deberían desarrollar los programas políticos que ofrecieron durante la campaña electoral que precedía al acto de votación. Esto es lo que […]
La forma más extendida de democracia en la Unión Europea es la democracia representativa, en la que la ciudadanía vota a sus representantes en los parlamentos como parte de partidos políticos que, en teoría, deberían desarrollar los programas políticos que ofrecieron durante la campaña electoral que precedía al acto de votación. Esto es lo que en teoría debería ocurrir, pero raramente ocurre. Un caso claro lo estamos viendo ahora, cuando en la mayoría de países de la Unión Europea se están llevando a cabo políticas públicas (tales como recortes del gasto público social) impuestas por los partidos gobernantes a la ciudadanía, sin que estos tengan un mandato popular para hacerlas, pues no estaban en su oferta electoral, es decir, en su programa. Casos extremos son España, Portugal, Grecia e Irlanda, los países de la periferia de la eurozona. No es extraño, por lo tanto, que, aunque el concepto de democracia continúa siendo popular (un 74% de la población española, por ejemplo, continúa creyendo que la democracia es el mejor sistema de gobernanza del país), la realización de dicho concepto en estos países es altamente impopular (un 82% de la población española cree que el Estado no los representa.
Muchas son las causas de que la democracia representativa no funcione como debería funcionar y cómo se presenta en su retórica oficial. Una de ellas es la flagrante violación del principio democrático de que cada ciudadano debería tener la misma probabilidad de incidir en la elección de sus representantes. Es decir, que el voto de un ciudadano debería tener el mismo peso electoral que el de cualquier otro, independientemente de su ubicación territorial. Pues bien, casi ningún sistema electoral se basa en este principio. Las leyes electorales están diseñadas para favorecer a unos ciudadanos versus a otros. La proporcionalidad en el sistema representativo está muy limitada, tal como es el caso de España. En algunos territorios (de sensibilidad conservadora) bastan 30.000 votos para conseguir elegir a un representante, lo cual requiere 125.000 votos en un territorio más progresista.
Otra violación del principio democrático fundamental de que cada ciudadano tiene que tener la misma influencia sobre el Estado y el gobierno, es el enorme poder político que tienen los grupos de presión financieros, económicos y mediáticos. El Sr. Botín, presidente del mayor banco privado en España, tiene muchísimo más poder que el ciudadano normal y corriente del país. Todo el mundo conoce y es consciente de esta realidad. Esta influencia se está viendo claramente en estos años de recesión, en los que las políticas públicas que los gobiernos están imponiendo a la población son resultado de la enorme influencia de esos grupos financieros (incluyendo el Banco Santander), económicos y mediáticos (la ausencia de prensa de izquierdas en España es un ejemplo de ello). Esta es una de las razones del enorme desprestigio que las instituciones representativas tienen hoy, y que se refleja, como he dicho antes, en el porcentaje tan elevado de españoles (el 82%) que está de acuerdo con el eslogan del 15M «No nos representan». Hoy, el Estado español está perdiendo legitimidad muy rápidamente (junto con la falta de credibilidad de los medios de información y persuasión) como consecuencia de ello.
Las limitaciones de los partidos políticos
Un factor que contribuye a esta captura del Estado y de los parlamentos por tales fuerzas es la dinámica propia del sistema representativo, en la que la participación ciudadana se realiza votando -como promedio- cada cuatro años, una interpretación sumamente limitada de lo que es la democracia. El ciudadano descontento con el partido del gobierno que ha elegido no tiene ninguna otra posibilidad que esperar cuatro años más hasta que se convoquen nuevas elecciones. Esta falta de rendición pública de cuentas por parte de los partidos favorece el establecimiento de una clase política que se enquista en las instituciones, transformándose en aparatos del Estado (desarrollando conexiones con aquellos grupos financieros, económicos y mediáticos) que son dificilísimos de cambiar. La continuidad de estos aparatos partidistas se intenta legitimar con el voto cada cuatro años. Esta delegación del poder de decisión a otra persona, que en teoría le representa (pero que pertenece a un aparato enquistado en unas estructuras muy poco democráticas), por un largo periodo de tiempo, es uno de los puntos más débiles del sistema democrático representativo. Ello resulta en un hecho sumamente preocupante. Si uno pone en una lista lo que la mayoría de la ciudadanía en España (o en Catalunya) desearía que las cámaras representativas aprobaran y lo compara con lo que aprueban en realidad, puede ver con toda claridad que estas cámaras no están representando los intereses y deseos populares. Ejemplos los hay a miles. Las encuestas muestran que la ciudadanía desearía muy mayoritariamente que se eliminara el fraude fiscal cometido, en gran parte, por las grandes fortunas, por la banca y por parte de las empresas que facturan más de 150 millones de euros al año (el 0,12% de todas las empresas) que representan el 70% de todo el fraude en España. También desearían que los fondos derivados de la propiedad del capital se gravaran como lo están las rentas derivadas del trabajo. También desearían que los recortes del gasto público no se realizaran y que los fondos del Estado se incrementaran a costa de aumentar la presión fiscal sobre el 10% de renta superior del país (que apenas ha sido afectado por la crisis). También aprobarían que no se redujeran los fondos a los servicios públicos domiciliarios y, en cambio, sí favorecieran reducir, e incluso eliminar, el subsidio público a la Iglesia Católica para dar clases de religión en las escuelas públicas, y así un largo listado de deseos populares que no se están realizando.
El necesario y urgente derecho a decidir
De ahí la urgencia de una reforma profunda en el sistema democrático que incluyera medidas tales como: 1) establecer un sistema electoral auténticamente proporcional; 2) prohibir cualquier financiación privada de los partidos políticos y de las campañas electorales; 3) exigir una pluralidad ideológica en los medios de información; 4) prohibir la concentración de su propiedad; 5) aprobar leyes democratizadoras de los partidos, con limitaciones de cargos y mandatos; 6) transparencia en su financiación y en su comportamiento; 7) prohibir las puertas giratorias entre políticos y grupos económicos, financieros y mediáticos, estableciendo periodos mucho más largos que ahora (5 años como mínimo) en la prohibición para intercambiar puestos de trabajo.
Estos cambios son necesarios y urgentes. Pero otro, que no está siendo considerado, es el establecimiento de una democracia directa, es decir, que la ciudadanía participe continua y constantemente a través de referéndums, y a todos los niveles (central, autonómico y local), en las principales decisiones del país. Es un indicador más de las enormes limitaciones de la democracia en España el que solo se hayan realizado tres referéndums en 34 años. Debería haber referéndums constantemente, y no sólo a nivel central, sino también autonómico y municipal, para que muchas decisiones que ahora se toman en las cámaras representativas se realizaran por vía directa. Es profundamente antidemocrático que se prohíban o dificulten los referéndums.
Y es también urgente que la democracia se extienda también a todas las áreas de desarrollo colectivo de decisión, incluyendo el puesto de trabajo (con sistemas de cogestión) y el territorio (con comités de participación territorial), con áreas de democratización que nunca son consideradas en las raras ocasiones en que se hacen propuestas para democratizar el país. De lo máximo que se habla es de listas abiertas y de primarias que, aunque necesarias, son medidas claramente insuficientes para desarrollar la democracia tan limitada que existe hoy en España, incluyendo Catalunya.
Vicenç Navarro. Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra
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