El 1 de julio de 2015 entró en vigor la reforma de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana que, según datos de Interior, ha recaudado más de un millón de euros en multas hasta 2022.
Hace una década, en la etapa de la última mayoría absoluta del Partido Popular y tras un trienio de protestas constantes contra la maquinaria de la austeridad, el gobierno de Mariano Rajoy decidió impulsar una reforma de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana. La narrativa para justificar el impulso de esta normativa legal trataba de enmascarar la limitación de derechos y libertades que ha supuesto su aplicación. Incluso el Ministro del Interior responsable de la reforma, Jorge Fernández Díaz —hoy inmerso en varios procesos judiciales por el uso de las instituciones policiales con fines políticos—, llegó a afirmar en el programa Salvados que “si usted me dice una libertad o un derecho que recorte, estoy dispuesto a retirarme inmediatamente de la política”. Una apuesta pública que, por supuesto, nunca cumplió, a pesar de que, desde su tramitación parlamentaria, fueron muchas las voces que alertaron del impacto que iba a tener para los derechos de la ciudadanía.
“Hubo incluso pronunciamientos de organismos internacionales, como por ejemplo, el de cuatro relatores de Naciones Unidas que avisaron de que esa reforma implicaba socavar los derechos de manifestación y expresión”, relata Carlos Escaño, de Amnistía Internacional, que añade que “ya desde antes de que se aprobara se venía alertando por parte de nuestra organización de multitud de abusos de autoridad que se venían cometiendo y en este sentido se veía pertinente y necesario llevar a cabo una modificación legislativa, pero en la dirección contraria”.
Nueve años después de su entrada en vigor, el balance para las organizaciones que defienden los derechos humanos es tajante: “Lo que hemos visto y lo que estamos presenciando y documentando a diario es un retroceso de nuestros derechos y nuestras libertades, de todos los derechos civiles y políticos que se estructuran alrededor de lo que se entiende y utilizamos como derecho a la protesta”, sentencia Cèlia Carbonell, del centro Irídia. “Hemos constatado un impacto grave para el ejercicio de derechos fundamentales básicos como son la libertad de reunión pacífica, de expresión y de información”, secunda Escaño.
La mordaza que silencia y acalla
Tantos años con estas restricciones se han trasladado al sentir de los movimientos sociales. Mónica Hidalgo, de No Somos Delito, razona que “el balance es muy negativo no solo por la represión económica, sino por cómo hemos interiorizado este miedo a ser multadas”. Hidalgo lo ejemplifica con los procesos de recurso ante la sanción administrativa, “antes de que entrara en vigor la mordaza, por ejemplo desde Legal Sol se ganaban casi todos los recursos a las multas, ahora, no ganamos casi ninguno”.
“Parece como si en ese momento el Gobierno hubiese elaborado un listado de protestas que fueron efectivas y que tuvieron un alto impacto en la opinión pública para establecer nuevos mecanismos legales con los que pudieran ser reprimidas, por la vía administrativa o por la vía penal”, añade Escaño.
Otro de los aspectos más lesivos de estos años de mordaza es el relativo al derecho a la información. Desde las organizaciones de defensa de los derechos humanos han constatado como esta ley se ha utilizado en contra de periodistas o profesionales de la comunicación, implicando una vulneración directa a la libertad de información. “Es realmente gravísimo ver que artículos como el relativo a la difusión de imágenes de la policía se aplica a periodistas que están dando cobertura a contextos de protesta, teniendo en cuenta que están informando de lo que está pasando, estas personas deberían estar protegidas, no deberían ser sancionadas o obstaculizadas en su trabajo”, lamenta Carbonell.
Sobre si se puede o no grabar a la policía, aún circula bastante el mito de que es ilegal, pese a que el Tribunal Constitucional ya se pronunció en 2020 negando este extremo y reafirmando su legalidad, algo que desde Amnistía Internacional confirman tajantemente. “Estamos hablando de espacios públicos, con actuaciones públicas como puede ser una protesta y la intervención de unas fuerzas que son del Estado, y claro que se les puede tomar imágenes, además, es muy importante hacerlo porque, en caso de comisión de abusos policiales puede servir como una prueba”, explica Escaño.
Lo que dice el texto actual es que sería sancionable la difusión de imágenes en los supuestos en las que estas puedan poner en riesgo a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, algo que, para Escaño, no se puede asumir de forma preventiva, “deberían acreditar ese riesgo. Lo que pasa es que en la calle, los agentes ordenan a cualquier ciudadano que no tome imágenes, y si las toman, entonces aplican el 36.6, el de desobediencia a la autoridad, y por ahí te clavan la multa”. “Todas estas herramientas que limitan nuestros derechos y cada vez limitan más nuestro espacio como sociedad civil para alzarnos, para expresarnos, para organizarnos, está enquistando un modelo de impunidad, de violencia policial”, señala Carbonell.
Carbonell apunta también al lenguaje empleado en el redactado de la ley mordaza, que “es totalmente amplio y poco definido, lo que se traduce en una aplicación arbitraria, desproporcionada”. Desarrolla con que “los propios artículos se han interiorizado de tal manera por parte de la policía para tratar de generar un efecto de desmovilización o de hacer que las personas se lo piensen dos veces a la hora de hacer una cosa tan normal como fotografiar en el espacio público un abuso policial, y eso es algo que también afecta al colectivo de periodistas”.
“A partir de la aprobación tanto de la Ley de Seguridad Ciudadana como de una doble reforma del Código Penal, vimos como se aumentaron las herramientas de censura, de obstaculización, de control de la sociedad civil por diferentes vías”, explica Carbonell, que hace referencia a las penas que se modificaron en el Código Penal que “sancionan muchos actos habituales de protesta en las calles y que se han agravado”. Carbonell señala dos artículos que han tenido especial impacto, el 36.6, que es el que ampara las sanciones por resistencia, desobediencia o negativa de identificarse y el 37.4, que penaliza las faltas de respeto a la autoridad. Según los datos del Centro Iridia, estas son las dos infracciones que más se han utilizado tras las relativas al consumo de estupefacientes, e implican el 77% del restante de las infracciones.
La multa o la vida
Según los datos del propio Ministerio del Interior, hasta diciembre de 2022 se han impuesto 1.871.478 multas con una recaudación total de 1.114.639 millones de euros. Un impacto económico que se ha cebado con las personas que protestan. Hidalgo, de No Somos Delito, pone el ejemplo de varios colectivos que se reunieron el pasado 10 de junio en unas jornadas en el Congreso de los diputados. “Un colectivo que se organiza para defender que no se talen árboles en Madrid (No a la tala) de repente se encuentra con 20.000 euros de multa o las sanciones que llevan acumuladas el sindicato de vivienda de Carabanchel, que acumulan más de 44.000 euros desde 2021 o los 21.000 de multa por la protesta estudiantil que tuvo lugar durante la visita de la embajadora de Israel a la Universidad Complutense. Solo entre los que estuvieron allí, que es una mínima parte, acumulan más de 150.000 euros en multas”.
“Estamos hablando de grupos de personas activistas, de gente joven, y las sanciones por la vía administrativa no tienen en cuenta la renta de la población, no son progresivas”, apunta Carbonell. Hidalgo cree que es muy injusta esta penalización económica, “teniendo en cuenta la situación en la que estamos, la precariedad laboral, la dificultad en el acceso a una vivienda, por ejemplo, una persona que protesta ante su desahucio, que no ha podido pagar su casa y que encima se arriesga a que le caiga una multa que le complique más su supervivencia por la arbitrariedad del criterio de un agente policial”.
Y es que la reforma mordaza supuso que cualquier sanción puesta por un agente de la Policía era ratificada por otro agente, denominado instructor, que es quien propone una sanción. “Aquí el policía es juez y parte de la sanción y luego tú ya tienes que recurrirla por la vía administrativa y, en caso de querer persistir por la vía judicial, te toparás con la presunción de veracidad de quién te ha multado”, reflexiona Escaño, que define este procedimiento como “una herramienta muy potente a la hora de reprimir”. De hecho, el recurso de inconstitucionalidad que presentó el propio PSOE en 2015, aludía directamente a “la atribución a la policía de poderes fundados en meros indicios y sospechas, que desplazan las garantías judiciales, y que adolecen de un margen enorme de discrecionalidad, lo que vulnera la tutela judicial efectiva recogida en el artículo 24 de la Constitución”.
El camino a su derogación
Además del citado recurso de inconstitucionalidad, la derogación de la ley mordaza fue una promesa electoral del PSOE tanto en los comicios de 2015 como en los del 2016. Es más, el propio Pedro Sánchez se comprometió publicamente a su derogación incluso en su primer debate de investidura. Parecía existir, tras la moción de censura de 2018, una mayoría suficiente para llevar a cabo esta promesa pero no se hizo. Tampoco en la siguiente legislatura con el gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos, aunque fue la ocasión en la que se estuvo más cerca. “Ya no queremos ni mordaza ni mordaza maquillada. El Legislativo tiene que garantizar y respetar los derechos humanos. Lo que no puede ser es que diga bueno, la vamos a derogar y al final es una reforma tan tibia, que deja fuera aspectos básicos de respeto a los derechos fundamentales”, expone Escaño.
La reforma quedó varada en marzo de 2023 en el debate de la comisión de Interior, por la negativa del PSOE a tocar cuatro aspectos que todos los colectivos que se han movilizado contra esta ley consideran imprescindibles: el mantenimiento de la presunción de veracidad de los agentes de policía, la no prohibición del uso de pelotas de goma, la no objetivación de las acusaciones de desobediencia, la eliminación o objetivación de las sanciones por falta de respeto a los agentes, y la prohibición de las devoluciones en caliente de inmigrantes en la frontera.
El pasado mayo, tras el parón de cinco días que se tomó el presidente del gobierno y su anuncio de medidas de regeneración democrática, el grupo parlamentario Sumar resucitó una iniciativa parlamentaria para tratar de derogar la ley Mordaza. Los colectivos que se han movilizado contra esta ley también han seguido moviendo ficha. El pasado 10 de junio, la plataforma No Somos Delito, con el apoyo de organizaciones como Amnistía Internacional, Greenpeace, Centre Irídia, Novact, Defender a Quien Defiende, Comisión Legal Sol y Rights International Spain organizó una jornada parlamentaria en el Congreso bajo el lema “Sin mordazas: 9 años y ni uno más”. En ella presentaron un documento con las diez líneas rojas que, tras casi una década de movilización y tras diferentes fracaso en la tramitación de su reforma, consideran imprescindibles para abordar en la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. Una asignatura pendiente para la democracia española que ha sido señalada de manera reiterada desde instancias internacionales como la ONU, el Consejo de Europa, o la propia Comisión Europea.
Fuente: https://www.elsaltodiario.com/burorrepresion/nueve-anos-protestando-mordaza