«Recuerdo hace 22 años que ingresé en el hospital tras ser atropellado por un automóvil»
Cuando se habla de financiar las instituciones de la sanidad pública para superar la crisis de atención sanitaría, son muchas las personas y fuerzas sociales las que olvidan la doble cotización realizada por las clases trabajadoras y la fuga de recursos sanitarios a causa de la deficiente gestión en el tratamiento del coste de las enfermedades, que más tarde, son reconocidas por el INSS como enfermedad profesional. Opino que al estar aseguradas dichas enfermedades en la Contingencia Profesional, es decir, por las cotizaciones realizadas durante la vida laboral por Accidente de Trabajo y Enfermedad Profesional, los costes deben ir a cargo de la mutua y no a cargo de la sanidad pública. Me consta qué Osakidetza trasladaba a las mutuas los gastos sanitarios y hospitalarios derivados de accidentes de trabajo traumáticos. Tengo más dudas acerca del caso de accidentes de trabajo no traumáticos, pero estoy convencido, salvo que demuestren lo contrario, que los importantes gastos hospitalarios y sanitarios generados por el cáncer profesional, la asbestosis o silicosis, no se derivan a las mutuas, entidades que gestionan las cotizaciones profesionales. Recuerdo hace 22 años que ingresé en el hospital tras ser atropellado por un automóvil, que no respetó el ceda el paso a las 7.15 horas, cuando acudía a mi actividad laboral. Rápidamente, me preguntaron por la mutua que cubría mi prestación de accidente de trabajo y por el seguro de la moto, para imputarles los gastos hospitalarios. Me pareció perfecto, aunque me sorprendió la celeridad con la que actuaron, mayor, que mi propia reacción, para declarar el siniestro, como accidente de trabajo.
Aunque la mayoría de las enfermedades de origen laboral quedan ocultas como comunes, el año pasado, se registraron 25.678 enfermedades profesionales en el Reino de España, más de la mitad sin baja, entre ellas 94 cánceres y 945 enfermedades respiratorias. En Euskadi, 3.343 enfermedades, incluido 45 cánceres, la gran mayoría derivadas del amianto inhalado. Entre enero y agosto de 2024, son 18.206, con 2,163 enfermedades y 31 cánceres en nuestra comunidad, cifras qué aumentan sin cesar, generando un problema social, del cual Confebask no quiere hablar, ocultándolas como absentismo. Pero estas cifras solo representan la cresta del iceberg, dado qué, la mayoría de las enfermedades de origen laboral, quedan ocultas, debido al incumplimiento del Real Decreto 1299/2006, por la mayoría de los profesionales sanitarios, que se resisten a “comunicar sospecha” tras el diagnostico de una enfermedad, incluida en el Listado de Enfermedades Profesionales, con posible origen laboral, que generaría una investigación de Osalan, acerca del posible riesgo laboral y qué, finalmente el INSS resuelve. También ayuda a la ocultación de éstas, la actitud pasiva de la mayoría de sindicalistas, olvidando en su actividad la importancia de visualizar el daño y lograr las prestaciones de enfermedad profesional, incluida la reparación por daños, al ser derivadas de las precarias y nocivas condiciones de trabajo. Si no se visualizan las enfermedades, modificando las condiciones, otros enfermarán por la misma causa en el centro de trabajo.
Resulta extraño pensar que un trabajador enfermo de cáncer pulmonar (pleura, fosas nasales, laringe, vejiga o próstata), vaya a acudir a la mutua para ser tratado con quimioterapia o para una intervención quirúrgica del tumor. Acude a Osalakidetza, a Osasunbidea u otras instituciones públicas. Cuando digo trabajador/a, incluyo a las personas jubiladas a las qué se les concede una incapacidad absoluta o total, incluidas las prestaciones de viudedad, tras el fallecimiento a causa de un cáncer profesional o neumoconiosis (asbestosis, silicosis u otra enfermedad respiratoria). Una vez reconocida la prestación por el INSS y el origen de la enfermedad. Osakidetza no debe asumir los costes hospitalarios y sanitarios generados por dicha enfermedad. Si los gastos no se imputan a la mutua correspondiente deja al descubierto su deficiente gestión o posible complicidad con las mutuas para ir desmantelando la sanidad pública. La persona enferma o fallecida, cotizó durante su vida laboral a la contingencia profesional, por tanto, está asegurado y la contingencia profesional, debe asumir el coste de la prestación de incapacidad y los gastos sanitarios generados a la sanidad pública.
Algunas enfermedades profesionales no generan especial gasto sanitario, otras requieren ingreso hospitalario o intervención quirúrgica: epicondilitis, tendinitis, túnel carpiano…, los cánceres de pulmón y otras enfermedades respiratorias, generan considerables costes, por sus ingresos hospitalarios. Un estudio realizado por Osalan en 2008, cifró en 106.056.881 euros, el sobrecoste que asumía Osakidetza a causa de las enfermedades laborales. Se puede discutir las cifras, pero sin duda, representan valiosos recursos, que podrían mejorar las condiciones de trabajo de las personas empleadas en Osakidetza.
Alberto Martínez, nuevo consejero de Salud del Gobierno Vasco, debe abordar con urgencia esta problemática, al igual que las fuerzas sindicales y sociales, dado que supone la pérdida de importantes recursos económicos, uniendo ello, la exigencia de cumplimiento del R.D. 1299/2006, por parte de los profesionales sanitarios. Con ello, mejoraría la prevención de los riesgos en las empresas, evitando las enfermedades profesionales, tantas veces ignoradas y se dispondría de mayores recursos para la atención primaria. Es cierto que con la enfermedad profesional no es posible actuar con la misma celeridad y automatismo, que con el accidente de trabajo, en tanto, requiere su reconocimiento previo por el INSS, tras una investigación de los riesgos por Osalan o la Inspección de Trabajo y el informe del EVI. Una vez reconocidas, a cuyos datos accede la Inspección Sanitaria, los costes hospitalarios generados, deberían ser imputadas automáticamente a la mutua.
Jesús Uzkudun Illarramendi. Activista por la salud laboral y miembro de ASVIAMIE