El mismo día en que el Gobierno aprueba un embargo de armas parcial, cientos de activistas protestan en Valencia frente al ‘Nysted Maersk’, un buque militar danés que transporta material militar para Israel
El mismo día en que el Consejo de Ministros aprobó el decreto-ley que consolida el embargo de armas a Israel, unos 300 activistas se han concentrado en el puerto de València para exigir que se detenga el envío de suministros bélicos. La protesta se realizó frente al buque de la naviera danesa Maersk, que atracó la noche del 23 de septiembre en el puerto valenciano para recibir asistencia de camino a Tánger, donde cargará elementos para los aviones F35 que están siendo utilizados en los bombardeos contra la población de Gaza.
El paquete con nueve medidas para “detener el genocidio en Gaza” anunciado por Pedro Sánchez “como un hito simbólico”, es, según los activistas, “un embargo parcial, lleno de agujeros y excepciones que perpetúa la impunidad y vacía de sentido la exigencia popular. Un embargo sólo tiene sentido si es integral y pone fin a toda la relación militar entre el Estado español e Israel, sin excepciones”. El colectivo que impulsa la campaña “Fin al comercio de armas con Israel” denuncia que, “sin la aprobación inmediata de un embargo integral de armas a Israel, los barcos implicados en el negocio del genocidio seguirán usando nuestros puertos”.
En la querella interpuesta la semana pasada en la Audiencia Nacional se solicita de manera urgente la retención y el registro de la embarcación ‘Nysted Maersk’, que tiene previsto hacer escala en los puertos de Valencia, Barcelona, Algeciras y Tánger los días 24, 25 y 28 y 30 de septiembre, respectivamente. Los hechos que motivan la denuncia son la participación del buque en otros envíos de armamento a Israel, utilizando varios puertos españoles. El buque tiene previsto entregar componentes de aviones de combate F-35 para la empresa Israel Aerospace Industries Ltd. en el puerto israelí de Haifa el 4 de octubre.
En la querella también se detalla la participación del Nysted Maersk en al menos otros dos transbordos de material militar con destino a Israel que se llevaron a cabo en el puerto de Algeciras el 14 de septiembre y 12 de octubre de 2024. El Nysted Maersk y el Maersk Norfol son dos de los 36 barcos incluidos en la lista de bloqueo de la campaña global “Ningún Puerto para el Genocidio”, por su sistemática complicidad en la logística del genocidio.
La querella se dirige contra el capitán del buque y las empresas Maersk Logistics and Services Spain, S.L. y Maersk Spain, S.L., por su presunta participación en un delito de contrabando de material de defensa al haber infringido el régimen de autorizaciones administrativas previsto en la Ley 53/2007 de 28 de diciembre. Según la nota enviada por RESCOP (Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina) “la documentación que acompaña a la querella acredita la implicación de la naviera danesa Maersk en una cadena logística de suministro militar que alimenta el genocidio en Palestina, con la complicidad de infraestructuras civiles y comerciales. Esto constituye una violación flagrante de las obligaciones internacionales de no asistencia a crímenes internacionales, reconocidas por el Derecho Internacional y el Estatuto de Roma”. A lo que añaden que “esta situación evidencia que el Gobierno no ha adoptado medidas efectivas para aplicar de manera inmediata un embargo integral de armas a Israel. Insistimos en que un genocidio no se detiene con palabras y promesas, sino con hechos”.
En las últimas horas, Maersk ha cambiado de buque y hará la transferencia desde Tánger a Israel con el Maersk Norfolk. La carga está en Tánger desde el 15 de septiembre esperando a ser transferida.
“Alarma social”
“Hay una alarma social con el uso de los puertos españoles para alimentar un genocidio. La gente está a tope con la campaña, siguiendo los barcos y contenedores en las aplicaciones portuarias”, explica Verónica Alonso Pérez, miembro de BDS País Valencià, organización integrada en la RESCOP, que coordina la campaña “Fin al comercio de armas con Israel” con más de 600 organizaciones del Estado.
“La utilización de nuestros puertos para la cadena de suministro de armas utilizadas en el genocidio de Gaza no es un hecho puntual, es una constante”, continúa. “El Derecho Internacional es muy claro, los terceros Estados deben prevenir y hacer todo lo posible por impedir el delito de genocidio. España, como firmante del convenio para la prevención del genocidio, no puede dejar que se utilicen puertos comerciales y civiles para buques que transportan armas para cometer un crimen de genocidio. Están traficando con armas y aunque ahora carguen el barco en Tánger este sigue perteneciendo a una cadena sistemática de tráfico de armas para el genocidio en Gaza”. Al ser preguntada sobre si el nuevo decreto ley anunciado afectaría a este buque y similares Alonso responde que no, ya que “no es un embargo real porque deja fuera todos los tránsitos y transferencias de material militar de aviones y barcos por nuestros puertos y aeropuertos, como es este caso”.
Los activistas también han denunciado que el Real Decreto Ley aprobado por el Gobierno “no es un embargo de armas ya que deja fuera aspectos clave e incluye excepciones por ‘interés general’ cuando lo que se necesita es un embargo integral, retroactivo y transparente”. Por lo que siguen llamando a las movilizaciones para “poner fin a todas las relaciones armamentísticas entre España e Israel”. En esta línea Alonso matiza que “el texto no garantiza un blindaje real para poner fin al comercio de armas con Israel ya que deja fuera elementos determinantes, regula de manera ambigua e incompleta y mantiene amplias grietas legales que permiten la continuidad de la complicidad con el genocidio.”
Según Amnistía Internacional, que vienen pidiendo el cese de estas importaciones desde 2024, “a pesar de que todos los socios del programa F-35 tienen la obligación legal de detener las exportaciones de armas a Israel, los gobiernos siguen permitiendo la transferencia de piezas del F-35 a Israel. Los gobiernos han presentado posturas incoherentes, como afirmar que se han suspendido las licencias de armas a Israel, mientras que se permiten transferencias bajo licencias existentes o el suministro indirecto a través de Estados Unidos u otros socios del F-35”. AI subraya que “un movimiento global de demandas judiciales interpuestas por la sociedad civil ha crecido en los países del programa F-35, buscando exigir responsabilidades a sus gobiernos por la transferencia de los aviones y componentes del F-35 a Israel”. Y recuerda que “los ataques aéreos israelíes, incluyendo el uso de bombas de 900 kilos lanzadas desde cazas F-35, han devastado Gaza, atacando repetidamente zonas densamente pobladas, supuestas “zonas seguras” e incluso refugios para palestinos desplazados, durante la continua ofensiva genocida israelí. La abrumadora evidencia de las graves violaciones del derecho internacional por parte de Israel convierte a los países socios de los F-35 –todos signatarios de las Convenciones de Ginebra y la mayoría de ellos también han ratificado el Tratado sobre el Comercio de Armas– en cómplices de estas acciones”.