En la mañana del 13 de octubre, Zaher Ibrahim intentó desesperadamente encontrar a su hijo entre las docenas de palestinos recién liberados que salían de los autobuses de la Cruz Roja en la ciudad ocupada de Beitunia, en Cisjordania.
El hijo de Zaher, Mohammed Ibrahim, un palestino-estadounidense de 16 años, fue detenido por las fuerzas israelíes durante una redada realizada al amanecer en su casa, en la aldea de al-Mazra’a ash-Sharqiya, en febrero. El ejército israelí acusó a Mohammed de lanzar una piedra y golpear un coche conducido por un colono israelí, acusación que él y su familia niegan. Aunque Israel no ha presentado pruebas públicamente, Mohammed ha pasado los últimos ocho meses en prisiones israelíes a la espera de un juicio que se ha pospuesto repetidamente. A Mohammed se le ha prohibido hablar con su familia, que ha seguido presionando para que sea liberado. Y tras saber que padecía una infección de sarna y una grave pérdida de peso, la familia de Mohammed ha comenzado a temer por su vida.
El acuerdo de alto el fuego negociado por Estados Unidos entre Hamás e Israel, que liberó a casi 2.000 palestinos de su detención, parecía ser el avance que Zaher y su esposa Mona Ibrahim habían esperado desesperadamente.
La mañana de las liberaciones, Zaher se apresuró a ir a Beituna y observó atentamente cómo se vaciaban los autobuses. Mohammed no formaba parte de la caravana. Zaher se enteró entonces de que algunos de los liberados estaban siendo trasladados a hospitales locales para recibir tratamiento. Corrió de un hospital a otro. En casa, Mona se preparaba para celebrar el regreso de Mohammed cocinando maqluba, una olla de arroz, verduras y carne volcada: el plato favorito de su hijo.
Horas más tarde, Zaher regresó solo a casa.
«Esperé y esperé y esperé», recuerda Zaher, «y sigo esperando».
Mohammed Ibrahim es uno de los muchos niños que han quedado fuera del acuerdo de alto el fuego. Según Defensa de los Niños Internacional-Palestina (DCIP, por sus siglas en inglés), más de 300 niños palestinos permanecen en prisiones israelíes. Casi la mitad están detenidos sin cargos, la cifra más alta desde 2008, cuando DCIP comenzó a hacer un seguimiento de los casos. El resto de los niños están cumpliendo condenas o, como Mohammed, siguen a la espera de juicio. El cargo más común entre los niños es el de lanzar piedras, que conlleva una pena máxima de 20 años. Este recuento no incluye el número desconocido de niños recluidos en instalaciones militares israelíes.
Aunque la detención de Mohammed es sólo un caso entre muchos otros, su historia ofrece una visión del mortífero e ilegal sistema carcelario de Israel. A través de las entrevistas de The Intercept con familiares y defensores de los palestinos encarcelados, la revisión de los registros médicos y los testimonios legales y las imágenes del interrogatorio de Mohammed por parte de la policía israelí en febrero, quedó claro que el caso de Mohammed encaja en los patrones habituales del Gobierno israelí de detención, abuso y privación de los derechos humanos básicos.
El caso de Mohammed ha recibido una gran atención durante la última semana, en gran parte debido a su condición de ciudadano estadounidense, pero también a la incansable campaña liderada por su familia. En Estados Unidos, el primo de Zaher, Zeyad Kadur se ha reunido en privado con legisladores del Congreso, junto con padres cuyos hijos estadounidenses fueron asesinados por las fuerzas israelíes o colonos, para pedir al Gobierno de Estados Unidos que garantice la liberación de Mohammed. En septiembre, el Departamento de Estado asignó a un diplomático para que se ocupara del caso de Mohammed. Y el miércoles, tras dos días de presión en Washington D. C. —la segunda visita de Kadur al Capitolio en otros tantos meses—, 27 legisladores demócratas enviaron una carta en la que pedían al embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, y al secretario de Estado, Marco Rubio, que ejercieran presión para liberar a Mohammed.
La campaña se puso en marcha cuando esta semana se dieron a conocer detalles sobre las condiciones carcelarias de Mohammed, gracias al testimonio de primera mano transmitido a un abogado de DCIP. En su relato, Mohammed cuenta que vive en una celda con cuatro literas, que comparte con al menos ocho niños, lo que obliga a algunos a dormir en el suelo. Según él, lo único que hay en cada celda son colchones finos, mantas y un solo ejemplar del Corán.
A él y a los demás niños se les sirven dos comidas al día: tres trozos pequeños de pan y una cucharada de labneh para el desayuno; una taza pequeña de arroz y una sola salchicha con trozos de pan para el almuerzo, según afirma en el documento. Cada dos o tres días, reciben una cucharada de mermelada y, ocasionalmente, un pepino o un tomate pequeños. La prisión no sirve cena.
Mohammed también relató la noche de su detención. Dijo que los soldados israelíes irrumpieron en su casa, le vendaron los ojos y le ataron las manos con bridas, antes de subirlo a un vehículo militar donde lo tumbaron boca abajo sobre la superficie metálica mientras los soldados lo golpeaban con las culatas de sus rifles. En la base militar de Ofer, la paliza continuó, recordó. Mohammed contó entonces que lo llevaron a una comisaría, donde un interrogador enmascarado lo amenazó con ordenar a los soldados que lo volvieran a golpear si no obedecía. «Por puro miedo, acabé confesando», dijo en su testimonio.
Estos detalles han comenzado a despertar la indignación de muchas personas en Washington y en todo el mundo. Los defensores de los palestinos encarcelados que han seguido el caso se han mostrado consternados por los presuntos abusos que Mohammed ha sufrido a manos del ejército israelí. Pero quizás lo que más ha preocupado a los defensores del caso de Mohammed es lo familiar que resulta.
«Me rompe el corazón decir que su caso no es excepcional», afirmó Miranda Cleland, defensora de DCIP. «Su caso es muy similar a lo que hemos escuchado de tantos niños y familias palestinos, no sólo en los últimos dos años, sino en los últimos 30 años: así es exactamente como el ejército israelí ataca a los niños palestinos y a sus familias».
Desde que Israel inició su ocupación militar de Cisjordania en 1967, las detenciones indefinidas han sido una herramienta utilizada para controlar a los palestinos. Los palestinos están sujetos a la ley militar y a los tribunales militares, donde los fiscales y los jueces son soldados israelíes y los palestinos carecen de derechos procesales. El pasado mes de julio, expertos de las Naciones Unidas pidieron el desmantelamiento del sistema de tribunales militares de Israel, alegando que viola el derecho internacional humanitario y no puede mejorarse. Criticaron el papel de los jueces militares que proporcionan «cobertura legal y judicial a los actos de tortura y trato cruel y degradante contra los detenidos palestinos» por parte de los soldados y la policía israelíes. Los expertos mencionaron específicamente su preocupación porque estas prácticas se extienden a los niños.
El ejército israelí se negó a comentar esta noticia, remitiéndose al Servicio Penitenciario Israelí (IPS, por sus siglas en inglés). El IPS y la policía israelí no respondieron a la solicitud de comentarios de The Intercept.
El sistema judicial militar israelí juzga a unos 500 niños cada año, con una tasa de condenas de alrededor del 99%, según el DCIP. El cargo más común contra los niños palestinos en el sistema judicial militar, como en el caso de Mohammed, es el de lanzar piedras. Casi todas las condenas son resultado de un acuerdo con la fiscalía, que a menudo es la única oportunidad que tiene un niño de ser puesto en libertad.
Desde que Hamás atacó Israel el 7 de octubre de 2023, los retrasos en los juicios y las audiencias son cada vez más habituales en los tribunales militares, y los acuerdos con la fiscalía son más difíciles de conseguir, ya que los fiscales buscan sentencias más agresivas, según Sahar Francis, una abogada palestina especializada en derechos humanos con décadas de experiencia representando a palestinos en los tribunales militares de Israel. Antes del estallido de la guerra de Israel contra Gaza, dijo que los niños en situaciones similares a la de Mohammed solían ser puestos en libertad bajo fianza y pasaban entre cuatro y cinco meses en prisión. Ahora, los niños suelen permanecer detenidos durante períodos más largos.
En sus 30 años de carrera, Francis se dio cuenta de una pauta: incluso en los casos en que los niños que lanzaban piedras no causaban ningún daño, los fiscales solicitaban penas largas. Mientras tanto, señaló, los casos en que niños israelíes lanzaban piedras a los palestinos quedaban impunes.
«Existe una política de discriminación enorme y es intencionada: saben que pueden afectar a toda una generación», afirmó Francis. «Por eso decimos que se trata de un castigo colectivo, porque también va dirigido contra la familia, con el fin de intimidar y causar miedo en otros niños, que pueden ser arrestados y castigados».
En 2014 y 2015, el Gobierno israelí promulgó una serie de leyes para criminalizar aún más el lanzamiento de piedras, incluyendo penas y multas más severas, así como el permiso para que la policía disparara munición real contra las personas que lanzaran piedras, incluidos los menores, si los agentes consideraban que las piedras suponían un peligro para alguien. En sus comunicados de prensa y declaraciones públicas, el Gobierno israelí suele calificar de «terroristas» a los palestinos que lanzan piedras, incluso durante las protestas contra los ilegales asentamientos israelíes, que a menudo están protegidos por unidades militares fuertemente blindadas.
Lanzar piedras tiene un significado tanto táctico como simbólico para la resistencia palestina, como ilustra la emblemática foto de una mujer palestina en Beit Sahur lanzando piedras a los soldados israelíes con una mano mientras lleva sus zapatos de tacón amarillos en la otra durante la Primera Intifada en la década de 1980. Otra imagen capturada durante la Segunda Intifada en 2000 muestra a un niño palestino de 14 años, Faris Odeh, lanzando una piedra a un tanque israelí. Al día siguiente, un soldado israelí disparó mortalmente a Odeh en el cuello mientras protestaba contra el ejército, convirtiendo a Odeh en un símbolo internacional de la resistencia palestina.
Una acusación militar israelí, obtenida por la familia y revisada por The Intercept, acusa a Mohammed de lanzar piedras contra vehículos israelíes que circulaban por la autopista 60, cerca del asentamiento israelí de Kochav Hashachar. Una de las piedras, según el ejército, golpeó y dañó un vehículo. El documento afirmaba que las piedras pusieron en peligro la vida de los conductores. El escrito de acusación citaba a una unidad de patrulla militar que había informado de incidentes de lanzamiento de piedras en la zona y mencionaba que un vehículo israelí conducido por un colono israelí había resultado dañado.
Dado que no ha habido ningún proceso judicial en el caso de Mohammed Ibrahim, no está claro si el ejército israelí tiene pruebas que respalden sus acusaciones. Él y su familia rechazan las acusaciones de Israel.
El ejército presentó las acusaciones tras un interrogatorio con soldados enmascarados y armados y sin la presencia de un abogado, lo que, según los defensores, es una práctica habitual con los niños detenidos.
Según las imágenes del interrogatorio obtenidas por The Intercept, Mohammed estaba sentado solo en una mesa, en una silla giratoria, con una venda en los ojos que le cubría hasta el cuello. Hablaba con un interrogador que se encontraba fuera del encuadre. El vídeo de otro interrogatorio con otro niño implicado en el caso muestra que los interrogadores llevan máscaras.
En el vídeo de seis minutos, que The Intercept tradujo del árabe, el interrogador insta a Mohammed a «contarle todo lo que hizo, y que lo dijera con detalle». En algunos momentos, el interrogador parece sugerirle lo que debe decir, afirmando: «Dime: ‘Bajé y comí, mis amigos y yo, a las 8 de la tarde, caminamos, nos subimos a un coche’».
Mohammed responde diciendo que él y sus amigos comieron y luego fueron a dar un paseo por una carretera conocida como «Iltifafy». La carretera es famosa por ser una vía exclusiva para israelíes que conecta los asentamientos israelíes a lo largo de la Cisjordania ocupada, atravesando y dividiendo efectivamente las ciudades palestinas. Una vez allí, dice que «empezaron a golpear». El interrogador, refiriéndose a los distintos colores de las matrículas —amarillo o blanco— que denotan la identidad israelí y palestina, pregunta si vieron «coches para los árabes y coches para los judíos».
Mohammed reconoce que sí.
Cuando el interrogador insiste, Mohammed dice que él y sus amigos empezaron a tirar piedras a «cualquier» coche como «broma». Cuando se le pregunta por qué, responde: «Simplemente lo hicimos. Queríamos probarlo».
«¿Y si tus padres hubieran pasado por allí? ¿Les habrías tirado piedras?», insiste el interrogador. Mohammed responde que sí y que no pudieron ver quién conducía los coches.
En un momento dado, Mohammed admite haber tirado una piedra a ciegas hacia la carretera «desde lejos», pero dice que la piedra no golpeó a nadie ni a nada. «Simplemente cayó en la calle». El interrogador exclama: «¡Pero la tiraste!».
«Quiero decir que tiré una piedra; donde cayera, caería», responde Mohammed.
El vídeo termina con el interrogador preguntando dónde estaba Mohammed esa mañana («durmiendo») y dónde estaba ese viernes («en el trabajo»).
Cleland, de DCIP, criticó la naturaleza coercitiva del interrogatorio y la falta de derechos procesales.
«Mohammed Ibrahim fue sometido a un interrogatorio muy coercitivo», afirmó, y añadió que esta práctica es habitual en los casos de niños detenidos, «y todos los interrogatorios tienen como objetivo obtener una confesión».
El breve vídeo no corrobora la afirmación de Mohammed en su testimonio de que un interrogador ordenó a los soldados que le golpearan si no obedecía.
Durante décadas, los palestinos detenidos han denunciado habitualmente las malas condiciones de vida, los abusos e incluso los casos de tortura. Desde el 7 de octubre, esos abusos han aumentado en escala, convirtiéndose en una política más sistemática de castigo colectivo, según los defensores de los derechos humanos y una reciente sentencia de un tribunal israelí que reconoce la inanición forzada en los centros de detención.
Debido a las amenazas de violencia por parte de las autoridades israelíes, muchos niños han tenido miedo de hablar sobre los abusos sufridos tras su liberación, según los defensores. A pesar de estas amenazas, los niños presos han denunciado abusos, torturas y agresiones sexuales, denuncias que se hacen eco de los informes de los detenidos adultos. Un adolescente de Yenin, liberado como parte del acuerdo de alto el fuego de noviembre de 2023, recordó las palizas que le rompieron los dedos de ambas manos.
El trato hacia adultos y niños de Gaza fue especialmente brutal, según Francis, abogado especializado en derechos humanos. Los niños de Gaza contaron que les mantuvieron las manos esposadas durante meses consecutivos. Otros niños de Gaza contaron a Francis que los soldados israelíes les golpearon y agredieron sexualmente, introduciéndoles por el ano por debajo de la ropa porras que les atravesaban el ano.
«Muchos de los prisioneros me describieron durante las visitas que se sentían como animales», dijo Francis. «Decían: «Creemos que tratan mejor a sus mascotas en sus casas que a nosotros»».
Es difícil determinar con exactitud cuántos niños palestinos se encuentran bajo encierro israelí. La cifra oficial —360— podría ser inferior, dada la liberación de varios niños que han regresado a Gaza como parte del reciente acuerdo de alto el fuego (el Servicio Penitenciario Israelí también ha retrasado la publicación trimestral de las cifras actualizadas). Pero también es probable que esa cifra sea inferior a la real, ya que se cree que un número desconocido de niños palestinos, junto con adultos, están encarcelados en instalaciones militares israelíes, como la infame de Sde Teiman. A diferencia de las instalaciones dependientes del Servicio Penitenciario Israelí, el ejército no comparte datos sobre los palestinos recluidos en sus bases militares. Los palestinos recién liberados, incluidos los niños, suelen ser detenidos de nuevo a las pocas semanas de su liberación. A lo largo de la guerra, familias de Gaza han denunciado haber visto cómo sus familiares eran detenidos por soldados israelíes, para que luego los funcionarios israelíes les dijeran que sus familiares no estaban presos. El pasado mes de noviembre, la organización de derechos humanos HaMoked, con sede en Israel, documentó 400 casos de palestinos desaparecidos.
«No sabemos cuál es el destino de estos cientos de personas», afirmó Naji Abbas, defensor de los detenidos palestinos de Médicos por los Derechos Humanos-Israel, en referencia a los nombres desaparecidos. «Lamentablemente, creemos que la mayoría no están vivos».
Al menos 75 palestinos han muerto en prisiones israelíes desde el 7 de octubre de 2023, según un recuento de casos denunciados públicamente por las Naciones Unidas. En las semanas transcurridas desde el recuento de la ONU, otros tres palestinos han muerto bajo custodia israelí.
Debido a la falta de acceso a productos de higiene y al hacinamiento, la sarna se ha propagado rápidamente por las prisiones israelíes. Abbas y varios periodistas han acusado a los funcionarios de prisiones israelíes de permitir que esta enfermedad cutánea altamente contagiosa se propague sin control por sus instalaciones como otra forma de castigo. La enfermedad, transmitida por ácaros microscópicos que se introducen en la piel, provoca un picor extremo y puede provocar angustia psicológica por la falta de sueño, así como lesiones por rascarse.
Una petición judicial presentada por Médicos por los Derechos Humanos-Israel (PHRI, por sus siglas en inglés), junto con otras organizaciones, en julio de 2024, dio lugar a que se proporcionara tratamiento médico a algunos palestinos encarcelados. Sin embargo, sin cambio alguno en sus condiciones de vida, la reinfección es rampante.
Cuando un funcionario de la embajada de Estados Unidos notificó a Zaher que Mohammed había contraído sarna en julio, su familia comenzó a temer por su vida. El IPS dijo que había recibido tratamiento para la enfermedad y que se le había puesto en aislamiento médico en aislamiento médico durante 17 días antes de que los síntomas remitieran. Pero los recuerdos de las recientes muertes de presos alimentaron su preocupación.
En marzo Walid Khaled Abdullah Ahmad, un palestino de 17 años procedente de Brasil, murió en la prisión de Megiddo, la misma prisión en la que se encontraba Mohammed en ese momento. Fue el primer muchacho conocido que murió en el sistema penitenciario israelí desde el 7 de octubre. Walid fue detenido en septiembre de 2024 en un pueblo vecino al de Mohammed y fue sometido a detención administrativa sin cargos. Mientras pasaba un rato fuera de su celda, Walid se desplomó en el patio de la prisión, se golpeó la cabeza y murió. Según una autopsia independiente realizada por un médico y la organización de Abbas, que se concedió después de que PHRI solicitara la intervención de un tribunal, Walid presentaba signos de sarna en todo el cuerpo, así como signos de pérdida de peso grave y desnutrición. El médico descubrió que Walid, un antiguo atleta y futbolista, apenas tenía masa muscular, según Abbas. Los registros médicos indicaban que Walid se había quejado de la falta de comida y de pasar hambre durante los tres meses previos a su muerte.
«Ya sea golpeando a las personas hasta la muerte o negándoles la atención médica a las personas que tienes detenidas, las estás matando», afirmó Abbas.
Dado que las visitas familiares y las llamadas telefónicas están prohibidas en los centros de detención israelíes —otra medida posterior al 7 de octubre—, la familia de Mohammed no ha oído la voz de su hijo desde que fue detenido en febrero. En su lugar, para obtener información sobre el bienestar de Mohammed, la familia ha dependido de los abogados y de la embajada de Estados Unidos.
En raras ocasiones se ha permitido a los abogados y a los funcionarios de la embajada estadounidense visitar a Mohammed, que tenía 15 años en el momento de su detención y pasó su 16.º cumpleaños en prisión. En las visitas, informaron de que Mohammed había perdido al menos 13 kilos. Un informe médico proporcionado por el IPS a la embajada estadounidense y revisado por The Intercept señalaba que Mohammed tenía un índice de masa corporal bajo.
Cada mes y medio, Mohammed tiene una cita programada en el tribunal. En cada ocasión, los fiscales posponen las audiencias. Aun así, su familia ha asistido a todas ellas, con la esperanza de ver a Mohammed a través de las cámaras de CCTV instaladas en la celda de detención. Durante una audiencia en agosto, el hermano mayor de Mohammed, junto con las madres de los otros tres niños detenidos junto a él en su pueblo, vieron en el monitor cómo sus hijos entraban arrastrando los pies en la celda de detención. Las madres no reconocieron a sus hijos, todos ellos con la cabeza rapada y los cuerpos delgados. Se quedaron impactados cuando vieron a Mohammed. Mientras estaba sentado en la celda, Mohammed se fijó en la cámara y levantó las manos esposadas hacia la lente para mostrar sus brazos cubiertos de erupciones y costras. Tenía el rostro demacrado y ojeras alrededor de los ojos, según contó su familia. El hermano de Mohammed regresó a casa, conmocionado, antes de compartir su estado con sus padres y su tío.
Ese mismo mes, sus padres pudieron hacer llegar un mensaje a Mohammed a través del funcionario de la embajada, asegurándole que estaban haciendo todo lo posible para liberarlo. Él respondió preguntando si su hermana mayor había aprobado los exámenes finales necesarios para graduarse de la escuela secundaria. Después de que el funcionario le dijera que sí, pidió que le dijeran a su padre que comprara un collar de oro como regalo para su hermana y que él trabajaría para pagárselo una vez que saliera.
Otros mensajes siguen sin entregarse.
La familia de Mohammed aún no le ha contado lo del asesinato de su primo Sayfolah Musalet, de 20 años, que fue golpeado hasta la muerte por colonos israelíes el 11 de julio. Según su familia, él había intentado proteger las tierras de su familia de la turba de colonos. La turba impidió que una ambulancia llegara hasta él y su hermano menor acabó llevándolo hasta los paramédicos, pero murió antes de llegar al hospital.
Mohammed y Sayfolah estaban muy unidos, formaban una familia muy unida. Sayfolah había estado visitando a su familia en la Cisjordania ocupada, gestionando la detención en curso de su primo. Los dos habían planeado pasar el verano trabajando juntos en la heladería familiar, Ice Screamin, en Tampa, Florida. Sayfolah había gestionado la heladería después de que su familia la comprara un año antes, introduciendo en el menú un popular helado de chocolate de Dubái.
Zaher quería que la noticia de su fallecimiento la diera un miembro de la familia o un amigo de la familia, y no un funcionario o un abogado ajeno a ella.
De vuelta en Estados Unidos, Kadur, primo de Zaher, es cauteloso a la hora de describir la difícil situación de Mohammed. Se cuida mucho de no enmarcar la presión para la liberación de Mohammed en el contexto de la ocupación israelí. Es consciente de lo polarizante que puede ser el tema al presionar al Gobierno estadounidense, que se ha mantenido como un firme partidario de Israel aunque este cometa genocidio en Gaza. Kadur recibió una llamada de un rabino preocupado de Florida que se lamentaba: «Es triste que, si su nombre se pareciera más al mío, probablemente no estaría allí».
En cambio, Kadur ha intentado apelar a los funcionarios desde una perspectiva «más humana y humanitaria». «No podemos resolver un conflicto de 75 años», dijo, «se trata solo de un chico de 15 años que necesita volver a casa».
A pesar de lo que la familia afirma que hubo promesas privadas de funcionarios de la administración Trump, aún no se han producido avances hacia la liberación de Mohammed. Esto ilustra las limitaciones de los privilegios que se esperan de la ciudadanía estadounidense, especialmente si se es palestino y, más aún, si se encuentra en territorio israelí. Entre quienes llamaron a la familia para intervenir se encuentra el veterano diplomático Richard Grenell, exasesor de la administración Bush y enviado de Trump para misiones especiales, quien fue clave para lograr la liberación de seis prisioneros estadounidenses en Venezuela en enero. Sin embargo, desde la llamada inicial, la familia afirma no haber tenido noticias de ningún avance.
Tras el asesinato de Sayfolah el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, visitó a su familia en su pueblo de al-Mazra’a ash-Sharqiya, conocido como el Miami de Cisjordania debido a su gran población de palestinos estadounidenses que poseen tierras allí y a menudo construyen lujosas viviendas. En la reunión, que duró una hora, también estuvo presente la familia de Mohammed, junto con la familia de Tawfic Abdel Jabbar, un palestino-estadounidense de 17 años de Nueva Orleans, que fue asesinado a tiros por colonos, militares y policías israelíes en enero de 2024. Fue el primer estadounidense asesinado en Cisjordania desde el inicio de la guerra en Gaza.
Los padres de Tawfic y Sayfolah le dijeron a Huckabee que, aunque sus hijos están muertos, Estados Unidos aún puede traer a Mohammed de vuelta a casa, recordaron Zaher y Kadur.
«Nuestra familia, nuestro pueblo, nuestra ciudad no pueden soportar otro funeral estadounidense aquí», añadió el padre de Sayfolah, según Kadur.
Huckabee dijo al grupo que también se pondría en contacto con funcionarios israelíes para ayudar a liberar a Mohammed, según Zaher y Kadur.
Las autoridades israelíes aún no han detenido ni acusado a ningún sospechoso por el asesinato de Sayfolah o Tawfic. Zaher dijo que ha comenzado a perder la esperanza de que el Gobierno estadounidense intervenga en nombre de Mohammed.
Un portavoz del Departamento de Estado dijo a The Intercept que están «siguiendo de cerca el caso del Sr. Ibrahim y trabajando con el Gobierno de Israel en este caso» y afirmó que están proporcionando asistencia consular a Mohammed y su familia. El departamento se negó a hacer más comentarios sobre las medidas que han tomado para intentar liberar a Mohammed, alegando motivos de privacidad y «otras consideraciones». Con gran parte de la atención puesta en garantizar que se mantenga el acuerdo de alto el fuego en Gaza, Rubio se refirió brevemente al caso de Mohammed durante una rueda de prensa en Israel, diciendo que están trabajando a través de su embajada y de los canales diplomáticos.
«El Gobierno estadounidense simplemente está cerrando los ojos», afirmó Zaher. «Si esto hubiera ocurrido en Venezuela, Trump probablemente habría enviado un buque de guerra, sólo porque quiere atacarla de todos modos. Pero cuando se trata de la causa palestina, cierran los ojos y se ríen. Simplemente cuelgan el teléfono, fingen que les importa y luego se olvidan del asunto».
En una muestra de la creciente presión, la carta enviada el martes por los legisladores demócratas a Rubio y Huckabee instaba al Departamento de Estado a comenzar a «negociar directamente con el Gobierno israelí para garantizar la rápida liberación de este muchacho estadounidense». Entre los firmantes se encontraban los senadores Chris Van Hollen y Jeff Merkley, que también visitaron a la familia de Mohammed en Cisjordania; la representante estadounidense de Mohammed, Kathy Castor, que ha estado en contacto regular con su familia; y senadores destacados como Adam Schiff, Raphael Warnock y Bernie Sanders.
Hay pocos precedentes de que Estados Unidos ejerza presión para obligar a la liberación anticipada de un palestino-estadounidense encarcelado por Israel. Si una persona se enfrenta a cargos, normalmente la única forma de ser liberada es aceptar un acuerdo con la fiscalía militar y cumplir una condena reducida, según Cleland, de DCIP.
En Cisjordania Zaher sigue enviando mensajes de texto a la embajada de Estados Unidos todos los días para pedir información actualizada; ve las noticias y busca en Internet cualquier indicio de otras posibles liberaciones. Zaher afirma que ha perdido la noción del tiempo. Los días sin su hijo le han parecido meses. Dice que echa de menos la tranquila presencia de Mohammed, a quien describe como dulce, amable y un chico familiar. Como muchos de su edad, pasaba gran parte de su tiempo jugando al «Fortnite» o viendo fútbol; su equipo es el Real Madrid. A Mohammed también le encanta la fotografía y pasaba los fines de semana trabajando a tiempo parcial en una cafetería.
«Cuando llevas ocho meses intentando algo todos los días y no consigues nada, te sientes desesperado», dijo Zaher.
La próxima cita de Mohammed en el tribunal está prevista para el 29 de octubre. Su familia tiene pocas esperanzas de que los fiscales celebren realmente la vista, pero tienen previsto asistir. Zaher dijo que él y su esposa conocen bien la rutina: esperar en el juzgado, a veces hasta 15 horas, sólo para que el juez anuncie que la vista se aplaza. Pero si eso significa tener la oportunidad de ver a Mohammed a través del monitor de CCTV, habrá valido la pena.
«Perderemos todo el día», dijo, «pero iremos allí, aunque sólo sea para que uno de nosotros pueda verlo durante esos 30 segundos».
Jonah Valdez es un reportero de The Intercept que cubre temas relativos a política interior y política exterior de EE. UU., Israel y Palestina, cuestiones de derechos humanos y movimientos de protesta por la justicia social. Anteriormente fue redactor de Los Angeles Times. Creció en San Diego y ahora reside en Los Ángeles, donde también escribe poesía y trabaja en su primer recopilatorio.
Texto en inglés: The Intercept, traducido por Sinfo Fernández.