Introducción
Las autoridades libanesas han reactivado los llamamientos para desarmar a las facciones palestinas dentro de los campos de refugiados, presentándolos como parte de los esfuerzos para frenar las «armas ilícitas» y reforzar la soberanía del Estado. Sin embargo, para muchos palestinos y observadores regionales, la iniciativa de desarme de los campos de refugiados supone un intento de volver a calibrar el panorama de la seguridad de la región. También reaviva los traumáticos recuerdos colectivos de anteriores campañas de desarme que dejaron a los campos expuestos a masacres.
El renovado llamamiento al desarme se produce en medio de una dinámica local y regional que influye en la política: el estancamiento político interno y la presión externa para sofocar la resistencia y contener a Hizbolá y otros actores armados en medio de los continuos ataques israelíes y la ocupación de las granjas de Shebaa y Ghajaren el sur del Líbano. Para muchos observadores, se hace eco de los recientes intentos de la Autoridad Palestina (AP) de reafirmar su control sobre Yenin, uno de los campos de refugiados de Cisjordania, bajo la bandera de «la ley y el orden», una medida que, en última instancia, dejó al campo en estado de vulnerabilidad ante los ataques israelíes.
En este contexto Jaber Suleiman y Wesam Sabaaneh exploran qué hay de nuevo en la actual campaña de desarme, qué revela sobre la gobernanza del Líbano de los campos de refugiados palestinos en el país y cómo un enfoque basado en los derechos podría trazar un futuro más seguro para todos. Juntos, demuestran cómo la cuestión de los refugiados sigue siendo el núcleo de la lucha palestina, y abogan por volver a centrar los derechos legales como la única vía duradera hacia la estabilidad en el Líbano y en toda la región.
La entrevista que figura a continuación es una versión editada de una conversación más extensa mantenida en agosto de 2025 a través de nuestro programa Policy Lab. El debate, disponible en árabe, puede verse íntegramente aquí.
¿Cómo encaja la política de desarme en los marcos jurídicos e institucionales que rigen la vida de los palestinos en el Líbano?
Jaber Suleiman:
Para comprender el debate sobre las armas en los campamentos, primero debemos situarlo en el contexto jurídico e institucional más amplio que se lleva décadas aplicando a los refugiados palestinos. El Líbano no cuenta con una legislación específica para los refugiados palestinos. Legalmente, el Estado libanés nos trata como extranjeros y, en ocasiones, como una categoría especial de extranjeros a los que se les niegan derechos de los que disfrutan incluso otros no ciudadanos. Los palestinos no pueden poseer propiedades, se enfrentan a restricciones en docenas de profesiones y se les niegan las prestaciones de la seguridad social. Esto crea lo que yo describo desde hace tiempo como discriminación institucionalizada: una red de exclusiones legales, administrativas y sociales que afianzan y reproducen la marginación de los refugiados palestinos. La Dirección General de Asuntos de los Refugiados Palestinos, creada en 1959, funciona esencialmente como un registro civil, limitado a inscribir nacimientos y defunciones y a expedir documentos de identidad. Se creó inicialmente durante la era shihabista (1958-1970), que se extendió desde el mandato del presidente Fouad Shihab hasta el de su sucesor, un período marcado por el endurecimiento del control de seguridad sobre los campamentos palestinos por parte de la inteligencia militar libanesa.
En 2005, tras la retirada de las fuerzas sirias, el Gobierno libanés creó el Comité para el Diálogo Libanés-Palestino (LPDC, por sus siglas en inglés), que opera bajo la autoridad del primer ministro. Se trata de un órgano consultivo sin poderes ejecutivos. Aunque su mandato principal incluye abordar cuestiones sociales, económicas, jurídicas y de seguridad en los campamentos —entre ellas la gestión de las armas tanto dentro como fuera de los campamentos—, la perspectiva de la seguridad ha predominado en su labor, especialmente en el período actual. Esto refleja la orientación política general del Líbano: tratar la presencia palestina principalmente como una amenaza para la seguridad y no como una cuestión de derechos.
Los refugiados palestinos en el Líbano llevan mucho tiempo soportando diversas formas de discriminación, incluida la marginación espacial. El Estado libanés trata los campos de refugiados como zonas de inseguridad y criminalidad, rodeándolos de puestos de control militares y restringiendo la circulación de sus habitantes. A menos que se reforme fundamentalmente este marco, cualquier intento de desarme sólo servirá para profundizar la exclusión en lugar de fortalecer el Estado de derecho.
Wesam Sabaaneh:
De hecho, la relación entre el Estado libanés y los campos de refugiados palestinos se define por una lógica de seguridad más que por la responsabilidad social. En el Líbano, la agencia responsable de ocuparse de los refugiados palestinos depende del Ministerio del Interior, mientras que en Siria depende del Ministerio de Asuntos Sociales. Esa distinción es reveladora de cómo el Estado libanés considera los campos como amenazas potenciales, y no como comunidades con derechos.
Como consecuencia, los campos están rodeados de puestos de control y los residentes necesitan permisos incluso para introducir materiales de construcción. Este estado de sitio aísla a los refugiados física y psicológicamente. También deja a los campos sin una aplicación adecuada de la ley. El ejército libanés no entra en los campos y la policía no tiene jurisdicción, por lo que la seguridad interna recae en comités populares y facciones.
El Acuerdo de El Cairo de 1969, firmado en Egipto entre la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y el ejército libanés bajo los auspicios del expresidente Gamal Abdel Nasser, reconoció formalmente el derecho de los palestinos a portar armas en su lucha por la liberación y les concedió una autogestión limitada dentro de los campos de refugiados. Cuando el acuerdo fue anulado en 1987, no se estableció ningún marco alternativo para sustituirlo. El resultado es que se culpa a los campos de la falta de seguridad, pero se niega a los palestinos las herramientas legales para mantener el orden.
Además, hay que preguntarse qué tipo de armas podrían existir realmente hoy en día en un campo de refugiados sitiado. Dada la intensa seguridad y el control externo que rodea a estos campos, es más probable que las armas que se encuentren allí sean armas pequeñas, y no armamento pesado.
El debate no debería centrarse en el desarme, sino en garantizar la seguridad mediante estructuras legítimas y responsables que incluyan a la comunidad. El peligro es que el desarme se convierta en un eslogan que enmascare la negativa del Líbano a abordar los derechos civiles y económicos de los refugiados. Sin esos derechos, ningún desarme, por grande que sea, traerá la estabilidad.
¿Cómo están abordando los actores palestinos el desarme dentro de los esfuerzos más amplios del Líbano por reafirmar la soberanía del Estado?
Wesam Sabaaneh:
La división interna palestina entre las facciones principales de la OLP, lideradas por Fatah, y los movimientos de resistencia, como Hamás y la Yihad Islámica, sigue marcando la vida en los campamentos del Líbano. En septiembre de 2023, la batalla de Ain al-Hilweh, que se caracterizó por feroces enfrentamientos entre palestinos que devastaron partes del campamento, dejó a la comunidad profundamente traumatizada. En mayo de 2025, el presidente Mahmud Abbas visitó el Líbano en lo que se presentó como un paso hacia la «reafirmación del orden», comprometiéndose públicamente a apoyar los esfuerzos para desarmar a los grupos armados en los campamentos.
Sin embargo, este anuncio se hizo sin consultar a los líderes locales, los comités populares o la sociedad civil. Muchos palestinos en el Líbano lo consideraron una agenda impuesta con el fin de apaciguar a los socios libaneses e internacionales. Incluso dentro de Fatah hubo resistencia: los comandantes locales temían ser utilizados como chivos expiatorios si se repetían los actos violentos.
En agosto de 2025, tras la visita de Abbas, miembros de Fatah en el campo de refugiados de Burj al-Barajneh entregaron una pequeña cantidad de armas a las autoridades libanesas. Esta entrega no fue un desarme colectivo, sino la entrega de unos pocos rifles confiscados por miembros de Fatah. No obstante, se presentó como el comienzo de un proceso nacional. En realidad, se trataba más de un teatro político que de un plan genuino.
Para la población de los campos, la demanda fundamental sigue siendo los derechos antes que el desarme: el derecho al trabajo, a la propiedad, a vivir sin puestos de control. No se puede pedir a una comunidad que renuncie a su único medio de autoprotección.
Jaber Suleiman:
La estabilidad no se puede lograr mediante la coacción, y la soberanía real —libanesa o palestina— debe basarse en la ley y la igualdad, no en la represión de los grupos vulnerables. Los refugiados palestinos llevan más de siete décadas en el Líbano. Negarles sus derechos no ha logrado la seguridad, sino que ha agravado sus dificultades cotidianas y amplificado su alienación.
La política del Líbano hacia los campos de refugiados palestinos ha oscilado entre la represión, el abandono y una ligera apertura. En la década de 1950, hubo una acomodación cautelosa; en la década de 1960, una fuerte vigilancia; en la década de 1970, una autonomía limitada en virtud del Acuerdo de El Cairo; y después de 1982, una represión brutal que culminó con la masacre de Sabra y Shatila. Cada fase dejó una desconfianza más profunda entre el Estado y la comunidad de refugiados.
Tras el Acuerdo de Taif de 1989, que configuró el orden de posguerra del Líbano, los palestinos quedaron excluidos de la reconciliación nacional libanesa y se impuso una política de abandono. Sin embargo, la creación del LPDC en 2005, junto con modestos cambios en el discurso libanés y la presión de los donantes internacionales para que se adoptara un enfoque más racional y basado en los derechos para gestionar los asuntos de los refugiados, no supuso ningún cambio significativo sobre el terreno.
Cuando los funcionarios hablan hoy de desarme, se basan en una larga tradición de tratar a los refugiados como un riesgo para la seguridad nacional en lugar de una población con derecho a protección internacional. Esta lógica persiste a pesar de que la Constitución del Líbano ya incorpora pactos internacionales de derechos humanos que, de aplicarse, garantizarían a los refugiados el derecho al trabajo, a la educación y a una vida digna.
En última instancia, no hay controversia sobre la soberanía del Estado libanés en todo su territorio, incluidos los campos palestinos. La verdadera prueba de la soberanía del Estado es su capacidad para aplicar la ley de manera justa, no para desarmar a refugiados indefensos mientras se mantiene intacta la discriminación sistémica.
¿Cómo influyen las dinámicas regionales en la agenda de desarme y en las condiciones de los refugiados palestinos y las perspectivas del derecho al retorno?
Wesam Sabaaneh:
Los campos de refugiados palestinos han constituido históricamente entornos propicios para la resistencia en todas las geografías. También actúan como custodios del derecho al retorno y se erigen como símbolos perdurables del desplazamiento palestino. Los refugiados palestinos siguen firmemente comprometidos con su derecho legítimo a resistir la ocupación y a defender sus derechos fundamentales, entre los que destaca el derecho al retorno, especialmente en el Líbano, dadas las difíciles circunstancias que rodean la vida en los campos.
Tras la caída del régimen de Asad y el posterior declive del llamado Eje de la Resistencia, los campamentos del Líbano y Siria se han convertido en importantes obstáculos para los Estados que buscan la normalización con Israel. En consecuencia, la Administración estadounidense ha respaldado el desarme de estos campamentos como un paso hacia un proyecto colonial más amplio destinado a borrar la presencia palestina de toda la región.
Jaber Suleiman:
En efecto, el panorama regional actual, marcado por la aceleración de la normalización con el régimen israelí, los planes de «corredores económicos» y el debate sobre un «Oriente Medio posconflicto», busca liquidar la cuestión de los refugiados en lugar de resolverla. El desarme de los campos de refugiados contribuye a este objetivo al despojarlos de su identidad como lugares de lucha política y de su papel simbólico como última encarnación tangible del derecho al retorno.
Las medidas de desarme no son nuevas, pero la dinámica regional ha cambiado. En 1991, las facciones palestinas entregaron las armas pesadas de los campamentos a las autoridades libanesas en un intento por alcanzar algún tipo de acuerdo sobre la cuestión de los refugiados. Como consecuencia, el ejército libanés se desplegó alrededor de los campamentos de refugiados en el sur. Sin embargo, posteriormente el Estado paralizó cualquier avance significativo hacia la resolución de las cuestiones más amplias a las que se enfrentan los refugiados palestinos.
Lo que ahora es diferente es el contexto regional. El Líbano se ve presionado para consolidar el control de las fronteras y alinearse con las agendas occidentales y del Golfo que buscan debilitar a los grupos de resistencia armada, incluyendo tanto a Hizbolá como a las facciones palestinas. Bajo el pretexto de reforzar la «soberanía libanesa» se esconde una estrategia más amplia de Estados Unidos e Israel para remodelar la región tras los acontecimientos del 7 de octubre de 2023, con el objetivo de pacificar los movimientos de resistencia y avanzar aún más en la agenda de normalización. En este marco, al Estado libanés le resulta más fácil centrarse en el desarme de los campamentos palestinos que enfrentarse a Hizbolá, alineándose así con los objetivos de Estados Unidos y mostrando su conformidad con las expectativas internacionales.
Cuando vimos a los funcionarios recogiendo armas en el campo de Burj al-Barajneh ante las cámaras, se trataba claramente de un gesto performativo, como se ha mencionado anteriormente, una forma de Beirut de mostrar a Washington y París que el Estado está «activo». La conclusión política que se extrae de esto es que las autoridades libanesas están utilizando el expediente palestino como campo de batalla sustitutivo para agendas externas. Esta instrumentalización de los refugiados pone en peligro a los palestinos y amenaza el frágil pluralismo del Líbano.
Los grupos de la sociedad civil palestina y libanesa deben resistirse a esto, al tiempo que reafirman un marco basado en los derechos para abordar la cuestión de los refugiados palestinos. El Líbano no puede construir su soberanía sobre la exclusión de una comunidad que ha vivido en su territorio durante setenta y cinco años. La única vía sostenible es salvar la brecha entre la legislación nacional y las normas internacionales sobre refugiados, garantizando la igualdad ante la ley. Cualquier debate sobre el desarme debe basarse en un marco integral de derechos centrado en la seguridad humana; de lo contrario, se corre el riesgo de reproducir la inseguridad.
Jaber Suleiman es un investigador y consultor independiente en estudios sobre refugiados. Desde 2011, trabaja como consultor y coordinador del Foro de diálogo libanés-palestino en la Iniciativa Espacio Común, Proyecto de apoyo del PNUD para la creación de consenso y la paz civil en el Líbano. Entre 2007 y 2010, trabajó como consultor para el programa palestino de UNICEF en los campos de refugiados palestinos del Líbano. Fue investigador visitante en el Programa de Estudios sobre Refugiados de la Universidad de Oxford. También es cofundador del Aidoun Group y del Centro para los Derechos de los Refugiados/Aidoun, y ha escrito varios estudios sobre los refugiados palestinos y el derecho al retorno.
Wesam Sabaaneh es un refugiado palestino, escritor y activista. Es director ejecutivo de la Fundación Jafra, una organización juvenil que apoya a los refugiados palestinos en Siria y Líbano. A través de sus escritos y su labor humanitaria, defiende los derechos de los refugiados y se esfuerza por amplificar sus voces a nivel mundial. Su primer libro, Dear Little Palestine, explora temas como la resiliencia, la identidad y la experiencia colectiva del exilio.
Texto en inglés: Al-Shabaka, traducido por Sinfo Fernández.