Los migrantes son el gran enemigo público para la derecha más dura, que los pretende convertir en cabeza de turco como parte de su combate al gobierno y su política de regularización, pero lo que revela la realidad española es otra cosa: el verdadero escándalo no es quién cruza la frontera, sino quién no puede llenar la nevera. Hoy, según FOESSA y Cáritas, 680.000 personas pasan días enteros sin comer, 2,8 millones no pueden permitirse una dieta saludable y uno de cada diez hogares sufre inseguridad alimentaria.
En ese contexto, hablar de “prioridad nacional” mientras se amenaza con expulsiones no solo es injusto: es obsceno. Lo que venden como “defensa de los españoles” es, en la práctica, una ofensiva contra derechos básicos y contra el sentido común económico. Regularizar no es regalar nada: es sacar de la sombra a miles de personas que ya trabajan, ya consumen, ya sostienen sectores enteros y, al quedar fuera del sistema, también alimentan la explotación y la economía sumergida. Es la política del dedo acusador contra los de abajo, precisamente cuando la emergencia social está dentro de casa, en los hogares que no llegan a fin de mes, en las familias que recortan comida para pagar el alquiler y en los niños que pagan la factura de la pobreza durante generaciones.
La hipocresía de ese discurso es brutal: Se criminaliza al migrante, pero se tolera un modelo económico que depende de su trabajo; se les necesita para recoger, cuidar, construir, servir y producir, pero se les quiere sin voz, sin papeles y sin protección. Es el viejo truco de siempre: usar a los migrantes como fuerza de trabajo cuando conviene exigiéndoles que sostengan sectores enteros, pero se les niega estabilidad, derechos y reconocimiento; se les usa como chivo expiatorio mientras la vivienda se come el salario y la inflación sigue estrechando el margen de supervivencia de millones de personas.
Las cifras de FOESSA desmienten el triunfalismo económico. La pobreza no es una anécdota ni una bolsa residual de exclusión: es un fenómeno estructural que golpea con más fuerza a mujeres, jóvenes, parados, familias monoparentales y hogares numerosos. Ni siquiera trabajar garantiza salir adelante cuando abundan los bajos salarios y la precariedad, y cuando el coste de la vivienda devora el presupuesto familiar.
Ahí está el punto de fondo: el gran fallo del sistema no es la llegada de migrantes, sino la incapacidad de asegurar condiciones de vida dignas para una parte creciente de la población. España es una economía grande, pero mantiene una fractura social incompatible con cualquier relato serio de normalidad.
Por eso la regularización migratoria no debería presentarse como una concesión ideológica, sino como una medida de orden democrático y de eficacia social. Formalizar empleo, reducir la economía sumergida y garantizar derechos fortalece el conjunto; lo que debilita al país es la precariedad estructural, no la dignidad de quienes trabajan y viven aquí.
PP y VOX no discuten la inmigración desde la gestión, sino desde la jerarquización moral de la población; no defienden el interés general, sino un nacionalismo punitivo que necesita inmigrantes invisibles, precarios y silenciosos para sostener sectores enteros de la economía, necesitan levantar un enemigo permanente porque no quieren mirar el conflicto real: salarios insuficientes, vivienda inaccesible, desigualdad creciente y un ascensor social bloqueado. Ese bloqueo, advierte FOESSA, alimenta la fragmentación social y puede erosionar la confianza en la democracia.
Por eso su discurso no es solo reaccionario: es socialmente destructivo. Mientras una parte del país no come bien o directamente no come, la respuesta de la derecha es señalar al migrante y prometer expulsiones. Es una maniobra de distracción que convierte la angustia social en combustible electoral.
La conclusión es clara: en España no sobra gente; sobra desigualdad. Y cualquier proyecto político que use el hambre, la exclusión y la amenaza como armas retóricas no está defendiendo el país, sino administrando su fractura.
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