“El Gobierno de España seguirá dotando a la Policía Nacional de más medios, formación y condiciones laborales dignas”, afirmó la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, el 7 de octubre de 2027 en el Día del Patrón de la Policía nacional; la también candidata del PSPV-PSOE a la alcaldía de Valencia destacó la “vocación de servicio, la entrega y el ejemplo” de los más de 7.000 agentes de la Policía Nacional que trabajan en el País Valenciano.
La organización antirrepresiva de la izquierda independentista de los Països Catalans, Alerta Solidària, denunció el 22 de junio que la Delegación del Gobierno ha impuesto 66 multas a manifestantes pacíficos -que sumadas ascienden a un total de 40.746 euros- por cortar una calle durante la jornada de huelga general del 29 de mayo de 2025; convocada por Intersindical Valenciana, la CGT, la COS, la CNT y respaldada por movimientos sociales, la huelga tenía como fin reclamar responsabilidades políticas por la gestión de la DANA.
Alerta Solidària recuerda que un centenar de personas resultaron identificadas por la Policía Nacional en la Torre de Miramar (entrada Norte a Valencia) durante esta jornada de lucha; unos meses después empezaron a recibirse propuestas de sanción que oscilaban entre los 600 y los 800 euros.
El colectivo detalla que se están recibiendo las resoluciones que cierran los procedimientos, “en los que no se escuchan los argumentos jurídicos de defensa del derecho de manifestación y de huelga”; informan que están preparando los recursos de alzada (de apelación) contra la imposición de sanciones ante el órgano superior jerárquico, en este caso el Ministerio del Interior.
En la movilización del 29 de mayo se señaló al expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por la gestión de la catástrofe del 29 de octubre de 2024, que se saldó con 230 personas muertas en el País Valenciano y numerosos daños personales y materiales; los sindicatos convocantes recordaron que se dio el caso de empresas que no dejaron a los trabajadores informarse por el teléfono móvil de lo que estaba ocurriendo, para que no abandonaran el puesto de trabajo; o que coaccionaron a la plantilla para que -a pesar del riesgo de grandes indundaciones- acudieran a trabajar.
En la jornada de protesta se hizo mención, asimismo, al coste de la vivienda (el portal inmobiliario Fotocasa informó en mayo que el precio del alquiler de la vivienda en el País Valenciano ha experimentado un crecimiento interanual del 9%, frente al 5,2% en el estado español); también se refirieron a la realidad de los desahucios (según el CGPJ, el País Valenciano lideró en el primer trimestre de 2026 los desahucios relacionados con el alquiler: 513, lo que supone el 19,7% del total en el estado español); otro punto denunciado por los sindicatos fue los recortes en el ámbito de la sanidad, la educación, los servicios sociales y los servicios de emergencia.
Frente a las políticas represivas, los colectivos han respondido con movilizaciones; el pasado 19 de febrero, Alerta Solidària y el Grup de Suport a les Represaliades del 29M presentaron en la Plaça del Temple de Valencia, ante la sede de la Delegación del Gobierno, la campaña Pel dret a la vaga. Ni abusos policials ni llei mordassa.
Subrayaron que en el día de huelga del 29 de mayo “los cuerpos policiales actuaron de manera abusiva e intimidatoria, vulnerando los derechos políticos y laborales de las personas”; incluso “se llegó al punto de sancionar a una periodista de La Directa que estaba cubriendo la jornada de huelga general”; el día de presentación de la campaña, las notificaciones recibidas sobre el inicio de expedientes sancionadores sumaban más de 35.000 euros en multas.
Los activistas denunciaron además que, aunque aprobada en 2015 durante el gobierno de Rajoy, el ejecutivo del PSOE continúa aplicando la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana o ley mordaza; pero se da la circunstancia que los socialistas recurrieron esta ley ante el Tribunal Constitucional y además se comprometieron a derogarla cuando accedieran al gobierno.
El 1 de julio, al cumplirse el 11 aniversario de la entrada en vigor de la ley mordaza, Amnistía Internacional informó que se han impuesto más de 360.000 sanciones por los motivos de resistencia, desobediencia o negativa a identificarse y faltas de respeto a la autoridad; estos supuestos representan más del 75% de las sanciones relacionadas con la seguridad ciudadana.
Una segunda concentración contra las represalias por la huelga del 29 de mayo de 2025 tuvo lugar el pasado 25 de marzo en la plaza de los Pinazo de Valencia (las notificaciones de sanción superaban entonces los 40.000 euros).
Pero la represión de la protesta ha abarcado otros frentes; así, Alerta Solidària, el BDS-País Valencià y el Grup de Suport a les Represaliades del Roig Arena denunciaron el 1 de abril que la Delegación del Gobierno había notificado sanciones –que sumaban 14.000 euros- contra cinco activistas que protestaron en las calles de Valencia contra la guerra y el genocidio de Gaza.
Los hechos denunciados ocurrieron el 15 de octubre de 2025, durante la protesta convocada por entidades como BDS-País Valencià, VocesXPalestina, Antimilitaristes MOC-València y Extinction Rebellion ante las puertas del polideportivo Roig Arena, donde disputaron un partido de baloncesto –a puerta cerrada- el València Basket y el Hapoel Tel Aviv; en la movilización participaron varios centenares de personas.
Las organizaciones criticaron el notable dispositivo policial desplegado ante el pabellón, además de las cargas policiales con el resultado de más de una veintena de personas heridas; entre las lesiones reportadas, figuran heridas abiertas en la cabeza, tres fracturas de dedo y una de nariz, contusiones y hematomas múltiples; a ello se agregan las identificaciones y detenciones practicadas por los policías.
Sin embargo, las sanciones notificadas a los cinco activistas contenían acusaciones de “haber intentado superar el cordón policial y de resistirse a la identificación”, señalaron los colectivos; las imputaciones están amparadas en la Ley contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte de 2007 y la ley mordaza.
El comunicado de las entidades aparecía ilustrado con textos e imágenes que señalaban las responsabilidades políticas: Prou hipocresia!, con los rostros del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y Pilar Bernabé junto a agentes antidisturbios; y la efigie de un sonriente Pedro Sánchez con un cartel que incluía la leyenda No a la guerra.
Precisamente en el podcast Xusma Deluxe se le preguntó en junio a Pilar Bernabé sobre las cargas policiales en octubre de 2025 frente al Roig Arena; a la pregunta por los porrazos y la actuación de los agentes, Bernabé respondió que lo importante es “que todo el mundo cumpla; lo que era desproporcionado era la escena”, con cortes del tránsito y lanzamiento de sillas; “alguno tira una silla y alguno tira una porra, yo creo que hay que analizar bien”, concluyó la delegada del Gobierno, y añadió sobre las investigaciones internas: “Todo son informes que están abiertos y están internos… y se escriben”.
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