En la última década, Aragón se ha consolidado como uno de los principales escenarios del despliegue de energías renovables en el Estado español.
Sin embargo, presentar este fenómeno como el resultado natural de nuestras condiciones geográficas o climatológicas es una lectura superficial. Lo que estamos viviendo responde a una configuración histórica bien definida: la subordinación progresiva de nuestro territorio a sucesivos ciclos de acumulación de capital. La actual expansión de las energías verdes no es una ruptura con el pasado; es la continuidad de un proceso de reorganización del espacio rural diseñado para la extracción de valor y caracterizado por una débil fijación de población. Esta subordinación se despliega en fases sucesivas, adaptándose a los cambios tecnológicos, regulatorios y a la incansable búsqueda de nuevos nichos de rentabilidad.
El tránsito de las tecnologías: del viento al biometano.
Este proceso de acumulación no ha sido lineal, sino que se ha ido reconfigurando a través de distintas etapas recientes.
La fase fotovoltaica: Inicialmente, el crecimiento se centró en la energía fotovoltaica a gran escala, impulsada por la drástica caída de los costes tecnológicos y un marco regulatorio propicio que permitió valorizar el suelo con rapidez y bajas barreras de entrada.
El desplazamiento hacia la eólica: Posteriormente, la energía eólica asumió el papel central. Coincidiendo con la irrupción de grandes corporaciones y fondos financieros, los proyectos energéticos se transformaron en activos plenamente transferibles dentro de los circuitos globales de capital.
La emergencia del biometano: Hoy comenzamos a vislumbrar una nueva fase orientada a la diversificación, donde el biometano cobra protagonismo. La elevada concentración de ganadería intensiva en Aragón —particularmente en el sector porcino— ofrece la base material idónea para transformar los residuos agroganaderos en un nuevo nicho de negocio privado. Cambia la tecnología aplicada, pero la subordinación del territorio a la lógica del capital permanece inalterada.
Forestalia y la financiarización de la tierra
El caso de Forestalia resulta paradigmático para comprender cómo opera este modelo. Tras irrumpir con fuerza en las subastas estatales de 2016 y 2017 como el mayor adjudicatario del país, lo verdaderamente relevante no es su volumen de negocio, sino su modus operandi. Una parte sustancial de sus proyectos no se ejecuta para su explotación directa, sino que se vende o se desarrolla en consorcio con fondos de inversión internacionales (como Mirova o Copenhagen Infrastructure Partners) y multinacionales del sector (como ENGIE o grandes energéticas estatales).
Aquí se revela el núcleo del modelo: la promoción de proyectos y la obtención de permisos no buscan la producción energética, sino la creación de activos financieros transferibles para el mercado global. Este fenómeno tiene una clara lectura de clase. La trayectoria de Fernando Samper, estrechamente vinculada al entorno agroindustrial aragonés (Grupo Jorge), ilustra con precisión la reconversión de una fracción de la burguesía regional. Partiendo del control material del territorio, esta burguesía se integra en sectores altamente regulados y subvencionables. Como señalaba Karl Marx, la tierra sigue operando como la base de toda producción, pero en este escenario ya no sirve como espacio de producción agrícola, sino como mero soporte físico para nuevas formas de valorización energética y financiera.
El papel del Estado: Entre el negocio y la gestión de contradiccionesEste despliegue extractivo sería inviable sin la participación activa del aparato estatal. En nuestra comunidad, instituciones como el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) o el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) desempeñan un papel fundamental.
Desde una perspectiva marxista-leninista, el Estado no actúa como un árbitro neutral entre intereses contrapuestos, sino como el instrumento encargado de organizar y garantizar las condiciones generales para la reproducción del capital. El papel de estos organismos públicos no se limita a la mera evaluación técnica de los proyectos; consiste en gestionar las contradicciones sociales y ambientales que genera su implantación, asegurando que el proceso de acumulación no sufra bloqueos y facilitando la migración del capital hacia nuevos nichos cuando las tasas de ganancia varían.
El Clúster del Maestrazgo como síntomaEl proyecto del Clúster del Maestrazgo, con sus 135 aerogeneradores proyectados en 22 parques, evidencia esta realidad de forma flagrante. Su tramitación administrativa ha estado rodeada de intensas críticas debido a su severo impacto ambiental y a las presuntas irregularidades y prácticas de tráfico de influencias que involucran a ex altos cargos del ministerio en la concesión de evaluaciones favorables.
Más allá de las derivas judiciales particulares, este caso retrata la profunda imbricación entre los promotores privados, la burocracia administrativa y el poder político.
La corrupción como elemento estructural
Bajo esta óptica, la corrupción no es una anomalía ética o un hecho aislado del sistema, sino un mecanismo funcional que facilita la acumulación allí donde las vías ordinarias resultan insuficientes. Como explicaba Lenin en su análisis sobre el imperialismo, la fusión del capital financiero con el Estado genera estructuras donde los intereses privados capturan de forma directa las decisiones públicas. La opacidad y el tráfico de influencias son conductas inherentes al modelo, agudizándose precisamente cuando la expansión del negocio colisiona con límites sociales, ambientales o territoriales.
Despoblación, resistencias y la necesidad de una alternativa material
La contradicción más evidente de este despliegue es la coexistencia de una masiva ocupación del territorio con un proceso imparable de despoblación en el medio rural. Al tratarse de macroproyectos que apenas generan empleo estructural ni tejido productivo a nivel local, se consolida un modelo netamente extractivo que drena el valor del territorio sin fijar población, reproduciendo esquemas de dependencia y subordinación colonial.
Esta agresión al territorio ha despertado una lógica y necesaria resistencia por parte de plataformas vecinales y movimientos locales. Sin embargo, estas movilizaciones también han puesto al descubierto el oportunismo de la socialdemocracia y de ciertas fuerzas políticas que, mientras critican proyectos específicos desde la oposición, asumen y respetan el marco general que los hace posibles. Se trata de una crítica superficial que cuestiona únicamente los excesos o el impacto visual, pero que elude cuestionar la raíz del problema: la propiedad privada de los recursos energéticos y su subordinación al beneficio empresarial.
La alternativa de clase: planificación frente a mercado
La solución no pasa por rechazar la necesaria transición energética, sino por disputar quién la dirige y con qué fines. No basta con proponer parches regulatorios o una gestión “más ética” del mercado. La alternativa real exige una transformación de las relaciones de propiedad y de poder: nacionalización de los sectores estratégicos. La expropiación y control social del sector energético es el único camino para quebrar la lógica del beneficio privado y sustituirla por una planificación económica basada en las necesidades sociales.
Reindustrialización y cohesión territorial: el control público permitiría reorientar la producción de energía hacia la reindustrialización real del medio rural, la creación de puestos de trabajo estables y la fijación efectiva de población.
Sostenibilidad real frente al greenwashing: debemos superar el actual modelo de lavado de cara verde, donde la etiqueta “renovable” encubre dinámicas puramente extractivas. La sostenibilidad no viene definida por la tecnología empleada, sino por la planificación democrática del proceso productivo, integrando plenamente sus impactos sociales y ambientales.
El caso de Aragón ilustra con total nitidez los límites insalvables de la transición energética bajo el capitalismo. Frente a un modelo que reconfigura el territorio para mantener las tasas de ganancia de la oligarquía, la única alternativa viable es la organización y la lucha por una transformación material y estructural de la producción y de nuestra sociedad.
Alberto Sopeña. Secretario Político del PCTE Aragón y delegado de CCOO en Bomberos Zaragoza.