Ecologistas en Acción denuncia que la Comisión Europea cede una vez más frente al lobby industrial con la nueva revisión del mercado de emisiones.
Europa está enfrentando este verano las olas de calor más intensas y extendidas que jamás hayan afectado al continente. Según EuroMOMO, que monitorea la mortalidad europea, en la ola de calor de finales de junio se registraron más de 10.000 muertes excesivas. La ciencia ha demostrado que la quema de combustibles fósiles ha aumentado la probabilidad de que se produzcan este tipo de olas de calor. Mientras tanto, la guerra contra Irán liderada por Estados Unidos e Israel y el conflicto regional más amplio ya han disparado la factura energética de la UE en unos 62 000 millones de euros, poniendo de manifiesto las persistentes vulnerabilidades del sistema energético europeo.
Lejos de entender la urgencia de la crisis, la UE no está tomando las medidas necesarias y, además, está debilitando herramientas con las que ya contaba para buscar frenar el cambio climático. Es el caso del ETS (Emissions Trading System), o RDCE por sus siglas en castellano (Régimen de Comercio de Derechos de Emisión), una herramienta económica que fija un límite máximo a las emisiones de gases de efecto invernadero para industrias contaminantes, obligándoles a comprar o comerciar permisos por cada tonelada de CO₂ que emiten y que ha sido revisada. El 17 de julio, la Comisión Europea anunció la nueva normativa de ETS.
En la nueva propuesta se hace una modificación al factor de reducción lineal (el ritmo al que se reduce el límite máximo de emisiones), rebajando el porcentaje de eliminación de derechos de emisión del 4,4% actual al 3,5% desde 2030 y al 1,7% desde 2036. Esto permitirá que se emitan millones de toneladas extra de CO2 cuando ya existen soluciones para descarbonizar. Ecologistas en Acción denuncia que esta decisión permitirá emitir a niveles más altos durante más tiempo, por lo que la propuesta de la Comisión no lograría las reducciones de emisiones necesarias para cumplir el objetivo climático de la UE para 2040. Un trato de favor a la industria que obligará a otros sectores a asumir mayores recortes independientemente de la viabilidad ambiental y de los efectos que pueda tener para las familias, se aleja así de cumplir el principio de “quien contamina paga y repara”.
La propuesta de la Comisión permite además 250 millones de derechos de emisión adicionales para compensar emisiones mediante la compra de créditos procedentes de Bioenergía con Captura y Almacenamiento de Carbono (BECCS) y Captura Directa de Carbono del Aire con Almacenamiento (DACCS), basándose en metodologías deficientes del Reglamento sobre Absorciones de Carbono y Agricultura del Carbono (Carbon Removals and Carbon Farming Regulation). WWF lamenta que esta medida debilitará aún más los incentivos para que las empresas reduzcan sus emisiones e, incluso, corre el riesgo de aumentar las emisiones a la atmósfera.
Otra de las medidas propuestas afecta a la Reserva de Estabilidad de Mercado (RSM), eliminando el mecanismo de cancelación. Hasta ahora la RSM iba eliminando las emisiones no “consumidas” del mercado, pero si estas no desaparecen solo se conseguirá que aumente la oferta de derechos disponibles, en lugar de reducirla definitivamente. Parece positivo, sin embargo, que haya condicionantes para adquirir derechos, y que se invierta al menos el 50 % de los ingresos en descarbonizar. No obstante, no está claro que esto sirva para impulsar la descarbonización, ya que no se sabe cómo se hará, y en qué exactamente se ha de invertir.
El resultado de todo esto, como afirma CAN Europe, es que “la incertidumbre en torno al marco normativo ya está contribuyendo a retrasar y paralizar las inversiones en descarbonización industrial, lo que debilita el ritmo de la transición europea en un momento crítico”. Algunas de las industrias más contaminantes, como ArcelorMittal o BASF, han estado presionando para debilitar el ETS y mantener asignaciones gratuitas, que obstaculizan la descarbonización, mientras otras industrias que ya han hecho inversiones se verían perjudicadas.
Las principales siderúrgicas europeas advirtieron de que debilitar el ETS “mermaría la seguridad de las inversiones, penalizaría a quienes se adelantan y retrasaría la transformación industrial que Europa necesita”. Además, la entrada de los mercados de carbono globales tiene importantes consecuencias para muchas economías del Sur global, que ven en esta prácticas una nueva forma de colonialismo que les impide cumplir con otros objetivos de desarrollo.
Ecologistas en Acción también cuestiona la credibilidad de las empresas que abogan por un ETS más débil, dado que algunas no han invertido en la transformación de su producción a pesar de haberse beneficiado de importantes asignaciones gratuitas. ArcelorMittal, una de las principales empresas en liderar los ataques contra el ETS, solo ha invertido 0,66 mil millones en descarbonización, mientras que ha recibido más de 15 mil millones de euros en asignaciones gratuitas durante el mismo periodo 2021-2025 y ha reacondicionado sus altos hornos de carbón en vez de caminar hacia una ruta descarbonizada con hornos eléctricos y/o DRI. Con la nueva normativa habrá más derechos de emisión libre para los emisores industriales hasta 2038.
Asimismo, la organización ecologista denuncia que la Unión Europea está legislando a favor de los lobbys industriales que presionan para debilitar el ETS y en contra de la ciudadanía,, ya que la mayoría de europeos defiende un ETS firme. Una encuesta de YouGov poll muestra que la mayor parte de los europeos encuestados (de todo el espectro político) defiende que las empresas contaminantes paguen por sus emisiones de CO2, que los mayores contaminadores y los rezagados en medidas climáticas deben pagar más y que los permisos gratuitos que queden tienen que estar condicionados a invertir en acción climática real y transición justa, siendo España el país encuestado con mayor apoyo.
Ecologistas en Acción insiste en que hay que ser firmes con el camino andado hasta ahora y mantener el rumbo para reducir las emisiones de CO2. Aunque para la organización ecologista es fundamental superar los mecanismos de mercado para alcanzar una transformación justa, la realidad es que la propuesta de la UE va en la dirección opuesta, apostando por la desregulación ambiental a favor de las empresas.
Por todo ello, es necesario mantener e incrementar el factor de reducción lineal y poner fin a la dependencia de la industria europea de los derechos gratuitos de emisión que hasta ahora ha ralentizado la descarbonización sobre todo en determinados sectores como el acero.
Ralentizar las medidas para alcanzar la descarbonización debilita la transición en un momento crítico cuando es necesario que el apoyo público revierta en una transformación real, y no en perpetuar el modelo actual. La Comisión Europea no puede dar marcha atrás con las medidas para descarbonizar Europa, debe situarse del lado de la gente y del planeta y no de los beneficios de las empresas.
Los posibles ingresos derivados de estos marcos deben de orientarse en su totalidad a fortalecer la transformación, particularmente previendo los posibles impactos en la economía de las familias. Sin embargo, fruto de estas reformas, la cuantía destinada a estos conceptos se va a ver reducida en la mitad del dinero ingresado, lo que para la organización ecologista es una mala señal para la ciudadanía, que va a comprobar de primera mano cómo el poder de la industria no solo les empobrece, elimina la democracia y condena el futuro de todas.