Un informe de 7amleh y la Universidad de Utrecht documenta 3.520 casos de restricciones a contenidos palestinos en Facebook e Instagram entre 2021 y 2025. La investigación señala suspensiones, pérdida de alcance y aplicación de políticas de Meta que afectaron especialmente a periodistas.
Las redes sociales llevan tiempo siendo uno de los principales escenarios de la batalla informativa sobre Palestina. Un informe elaborado por el centro árabe para el desarrollo de las redes sociales 7amleh junto al investigador Fabio Cristiano, especialista en guerra cibernética de la Universidad de Utrecht, documenta 3.520 casos de restricciones a contenidos palestinos en Facebook e Instagram entre enero de 2021 y diciembre de 2025.
El estudio, titulado ‘The Platformicide of Palestine 2021–2025’, emplea el concepto de «plataformicidio» para describir lo que considera una eliminación estructural de la visibilidad y la participación palestina en las plataformas digitales.
Los casos analizados incluyen suspensiones de cuentas, eliminación de publicaciones, limitaciones para realizar transmisiones en directo y reducción de la distribución de contenidos. El informe sostiene que las restricciones no pueden explicarse únicamente como una sucesión de errores técnicos o decisiones aisladas de moderación. Al mismo tiempo, introduce un matiz: la investigación no concluye que Meta haya censurado deliberadamente a usuarios individuales.
Uno de los principales focos señalados es la política de Meta sobre «Organizaciones e Individuos Peligrosos» (DOI). Según los datos recopilados, solo el 32,5% de los casos documentados presentaba una violación identificable de las políticas. Entre aquellos en los que sí se comunicó una razón, la normativa DOI estuvo detrás del 57,2% de las restricciones. El porcentaje se elevó hasta el 71,1% cuando los afectados eran periodistas.
El informe cuestiona que esa política, concebida para impedir el apoyo a organizaciones terroristas y violentas, se haya aplicado de manera suficientemente precisa en el contexto de la guerra de Gaza. A su juicio, periodistas, medios de comunicación, activistas y organizaciones de la sociedad civil que informan sobre Palestina han quedado afectados por una aplicación demasiado amplia de estas reglas.
Mecanismos indirectos
La suspensión de cuentas fue la medida más frecuente y afectó aproximadamente a un tercio de los casos. Pero la investigación también pone el foco en mecanismos menos visibles: la reducción del alcance de las publicaciones y el filtrado de recomendaciones. Son prácticas que los usuarios suelen identificar como «censura encubierta», porque no implican necesariamente la desaparición de un contenido, pero sí pueden reducir drásticamente la cantidad de personas que llegan a verlo.
El problema también aparece en la gestión de las reclamaciones. De las 2.828 apelaciones presentadas por 7amleh en nombre de usuarios afectados, casi la mitad, según el informe, no recibió respuesta de Meta. La organización reclama por ello una auditoría independiente sobre derechos humanos, una reforma de la aplicación de la política DOI y mayores garantías para los contenidos periodísticos y de interés público.
Las conclusiones del estudio coinciden con denuncias anteriores sobre el comportamiento de las plataformas durante la guerra. El texto recoge una investigación de la BBC que detectó una caída del 77% en la interacción de medios con sede en Gaza y Cisjordania después de octubre de 2023, mientras que una muestra de medios israelíes registró un aumento del 37%. «Nuestras publicaciones dejaron de llegar a la gente», afirmó Tariq Ziad, de Palestine TV, citado por la BBC en el material analizado.
La documentación citada también apunta a cambios en los sistemas de moderación de Instagram. Un trabajador de Meta, entrevistado por la BBC bajo condición de anonimato, aseguró que, una semana después del ataque de Hamás, se modificó el código para hacerlo «esencialmente más agresivo hacia el pueblo palestino». La acusación se suma a las denuncias de Human Rights Watch, que a finales de 2023 había estudiado 1.050 casos y descrito patrones de eliminación de contenidos, suspensión de cuentas, restricciones de funciones y «bloqueo en la sombra».
Estrategia «hasbará»
La disputa por la información no se limita, sin embargo, a la moderación de las plataformas. El documento sitúa las redes sociales dentro de una batalla comunicacional más amplia. Mientras periodistas palestinos y medios locales enfrentaban restricciones, el Gobierno israelí impulsó campañas internacionales destinadas a contrarrestar las denuncias sobre la situación en Gaza.
El texto cita una investigación de ‘Eurovision News Spotlight’ que describe una estrategia de relaciones públicas conocida como «hasbará», basada, entre otras herramientas, en publicidad digital, influencers y campañas dirigidas a audiencias internacionales.
Según esa investigación, la Agencia de Publicidad del Gobierno de Israel utilizó las plataformas de Google y Meta para promover narrativas oficiales y disputar contenidos críticos. Entre las campañas mencionadas figuran anuncios destinados a mostrar mercados y establecimientos de comida en Gaza en respuesta a las informaciones sobre la hambruna, así como mensajes contra la UNRWA.
‘Eurovision News Spotlight’ detectó aumentos de visitas al canal del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí coincidiendo con la difusión de esos vídeos y concluyó que parte de ese tráfico procedía de publicidad pagada.
El resultado es un conflicto que trasciende la simple eliminación de publicaciones. La pugna se libra también por quién consigue aparecer en los algoritmos, qué contenidos alcanzan a las audiencias y qué relatos terminan dominando la conversación pública. El informe de 7amleh reclama que las grandes plataformas sometan sus sistemas de moderación a controles independientes y garanticen una protección efectiva para el periodismo y el debate sobre derechos humanos.
En ese terreno, la cuestión ya no es solo qué publicaciones desaparecen. También importa cuáles permanecen, pero dejan de ser visibles. El «plataformicidio» que describe el informe apunta precisamente a esa dimensión menos evidente de la censura digital: una pérdida progresiva de alcance y presencia que puede condicionar qué voces llegan a la audiencia global y cuáles quedan relegadas en el flujo de información.