La Unión Europea intenta firmar con Israel un acuerdo para intercambiar datos personales que las policías podrían utilizar para perseguir a palestinos e israelíes disidentes entre otros. Según denuncia Statewatch, lo hace de incógnito y saltándose la legislación comunitaria.
La UE trata de suscribir con el régimen sionista un acuerdo para intercambiar datos personales que podrían ser usados para perseguir a palestinos -en su tierra o en la diáspora-, israelíes disidentes y activistas solidarios, según revela el grupo de investigación sobre derechos humanos Statewatch.
El acuerdo propuesto entre Israel y Europol -la agencia policial europea que cuenta con datos de policías, organismos de fiscales, cuerpos fronterizos y cuerpos de defensa, entre otras instituciones-, permitiría transferirlos a las autoridades israelíes para utilizarlos en los territorios ocupados, donde la violación de los derechos de los palestinos es sistemática, desde el control y restricción de movimientos y la destrucción de viviendas, a la eliminación física, con al menos 87 muertos en el último año y 1.187 desde octubre de 2023, solo en Cisjordania.
Sin olvidar las detenciones arbitrarias. Las cárceles israelíes encierran a más de 10.000 palestinos, incluidos cientos de niños, y más de 3.500 se encuentran bajo la denominada detención administrativa, sin juicio ni acusación conocida.
De esta forma, una Unión Europea que ha sido incapaz de romper su acuerdo comercial con Israel durante casi tres años de genocidio -con el que varios de sus socios han mostrado complicidad-, está ahora dispuesta a colaborar con las fuerzas de seguridad de un Estado que mata deliberadamente a niños, médicos, trabajadores humanitarios y periodistas a una escala inaudita.
La información policial europea no solo pondría en mayor peligro a los palestinos que viven bajo la ocupación -sometidos ya a los violentos pogromos de soldados y colonos-, sino también a los palestinos que viven en Europa y a los activistas de derechos humanos en general, que ya están siendo perseguidos en varios países europeos.
«La UE correría el riesgo de colaborar en privar arbitrariamente a las personas de su libertad y someterlas a malos tratos sistemáticos en condiciones de detención infernales», advirtió el abogado israelí Eitan Diamond.
Añadió que «la información transferida gracias a este acuerdo podría ser utilizada como Inteligencia en apoyo de las decisiones de atacar y matar a los palestinos».
En concreto, ve motivos graves de preocupación, «porque los prisioneros palestinos son sometidos regularmente a malos tratos y torturas bajo detención israelí», violaciones de derechos a los que la información proporcionada por Europol podría contribuir.
Statewatch advierte sobre el «tratamiento adicional» de datos personales sensibles, que incluiría información sobre «origen racial o étnico, opiniones políticas, creencias religiosas o filosóficas, o afiliación sindical, datos genéticos, datos biométricos… datos relacionados con la salud, o sobre la vida sexual u orientación sexual de una persona física».
Uno de los expresos sometido a detención administrativa en la década de 1980 y que huyó de Gaza en 2024 es el abogado del Centro Palestino de Derechos Humanos Raji Sourani, que observa que «la cooperación prevista por este acuerdo está enraizada en la mentalidad colonial racista de Europa y va en contra de nosotros, contra las víctimas del genocidio… Es como confiar a Hitler los datos de los judíos».
Su organización fue sancionada por EEUU en 2025 por su participación en casos presentados contra Israel ante la Corte Penal Internacional. También el profesor Ben Saul, relator de la ONU sobre «terrorismo y derechos humanos», expresó su preocupación por la posible violación de la protección de datos, sobre todo teniendo en cuenta la forma discriminatoria en la que Israel aplica la ley a palestinos y judíos, la falta de «independencia de las decisiones judiciales sobre la ocupación y el uso de inteligencia artificial en la recopilación de datos, análisis y objetivos militares».
La UE cuenta actualmente con una misión en Cisjordania como apoyo a la Policía de la Autoridad Palestina, un cuerpo que con el acuerdo podría convertirse en un organismo «informante» para Israel.
CONTRA EL DERECHO EUROPEO
El agravante de este proyecto policial de la Comisión Europea es que se está llevando a cabo en contra de la propia regulación comunitaria y pese a las advertencias jurídicas que ha recibido en los últimos años.
Ya en 2018, Europol firmó un acuerdo de cooperación con Israel que no requería la aprobación del Parlamento Europeo y no autorizaba el intercambio de datos personales. Pero Bruselas buscó un atajo.
Trató de introducir una excepción para que las «autoridades competentes» de Israel -la Policía, la Agencia de Seguridad Interna (Shin Bet) y otros organismos- pudieran utilizar en la Palestina ocupada los datos personales recibidos de Europol (y, por extensión, de los Estados miembros y agencias de la UE) en dos casos: «Para la prevención de un delito penal en caso de una amenaza inminente para la vida» y «para la prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de delitos penales».
Cuatro años después, un dictamen del servicio jurídico del Consejo de la UE dejó claro que la Comisión Europea, en su negociación de aquel acuerdo, incluyó «disposiciones que infringen el derecho internacional y de la UE, y no ha mantenido informado al Consejo a lo largo de las negociaciones».
Además, estableció que la Comisión debía eliminar todos los apartados que legitimaran la ocupación ilegal del territorio palestino, lo que supondría que los datos no podrían usarse en Cisjordania, Jerusalén Este, los Altos del Golán y la Franja de Gaza.
El Servicio Jurídico del Consejo rechazó que facilitar esta información pudiera justificarse para garantizar el orden público y la seguridad como potencia ocupante, como argumentaba la Comisión, y señaló que ese supuesto deber no implica que se permita a otros Estados u organizaciones «ayudarlo en violación de otros principios del derecho internacional».
También llegó a la conclusión de que la Comisión había excedido el mandato que le había concedido el Consejo y había incumplido varias disposiciones del derecho de la Unión.
LAS REUNIONES CONTINÚAN
A pesar de todo ello, ignorando estas advertencias y de incógnito, las negociaciones han continuado. A finales de julio, 27 miembros del Parlamento Europeo presentaron una pregunta escrita pidiendo a la Comisión que aclare el propósito de estas reuniones, el estado actual de las negociaciones y los riesgos que implican para los derechos humanos asociados al acuerdo.
«Nos enfrentamos a un doble escándalo. En primer lugar, la Comisión negoció un acuerdo de cooperación policial con Israel, incluso cuando numerosos expertos, y un informe de su propio Servicio Europeo de Acción Exterior, documentaba graves violaciones del derecho internacional humanitario en Gaza. En segundo lugar, lo hizo en el máximo secreto, protegido del escrutinio del Parlamento», zanja el diputado francés por los Verdes en la Eurocámara Mounir Satouri.
Según pudo conocer Statewatch, los funcionarios de la Comisión mantuvieron al menos siete reuniones con diplomáticos israelíes entre 2023 y el 28 de enero de 2026 en relación al acuerdo propuesto, una de ellas de alto nivel, con el entonces ministro de Relaciones Exteriores israelí, Eli Cohen.
Europol, por su parte, recibió a delegaciones israelíes, incluidos representantes de la Policía Nacional de Israel, en al menos cuatro ocasiones entre agosto de 2024 y marzo de 2026, que culminaron en una visita del embajador israelí en Países Bajos, Modi Ephraim, a la sede de la agencia en marzo de 2026.