Se llama Estado palestino, en el mejor de los casos, al 22% de la Palestina histórica. La mayor parte de ese 22% también está ocupada por Israel: son islotes sin conexión territorial y controlados por la potencia ocupante
En los últimos días otros diez países han reconocido el Estado palestino, entre ellos, Francia y Reino Unido, miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. El paso británico es especialmente simbólico, ya que Londres fue potencia ocupante de Palestina tras la Primera Guerra Mundial y firmó en 1917 la Declaración Balfour, por la que se comprometía a apoyar “un hogar nacional para el pueblo judío” en esa tierra. Es decir, contribuyó activamente al proyecto colonial israelí y ha seguido haciéndolo hasta ahora.
Reconocer el Estado palestino es un gesto simbólico que puede significar una cosa y su contraria, si no va acompañado de las medidas necesarias para acabar con el genocidio, el apartheid y la ocupación colonial israelí. A día de hoy el Estado palestino sigue siendo un significante vacío, como la expresión “solución de los dos Estados”, empleada incluso por mandatarios que dicen defenderla pero actúan favoreciendo lo contrario.
El 22%
Cuando se habla de Estado palestino se está hablando, en el mejor de los casos, sólo del 22% de la Palestina histórica. Ese 22% —Jerusalén Este, Cisjordania y Gaza— está hoy ocupado por Israel, que además aplica un sistema de segregación racial —definido como tal por la Corte Internacional de Justicia— y que cuenta con 750.000 colonos en Jerusalén Este y Cisjordania.
Esa estructura colonial israelí está detalladamente planificada para anexionarse más territorio palestino. Dispone para ello de leyes racistas y discriminatorias, aprobadas desde 1950 hasta la actualidad, con las que ha podido apropiarse de bienes ajenos, incluidas decenas de miles de viviendas palestinas a las que sus dueños nunca pudieron volver. Varias normativas israelíes garantizan privilegios para la población judía a costa de la discriminación de la población palestina.
El mapa de ese 22% de la Palestina histórica muestra un conjunto de zonas sin conexión territorial, divididas. Cisjordania es como un queso gruyere, con localidades separadas por un entramado de asentamientos, vallas, muros, checkpoints, tierras y carreteras de uso exclusivo israelí. El 60% está oficialmente bajo pleno dominio militar israelí, establecido así por los propios Acuerdos de Oslo en los años noventa, y en el resto Israel también mantiene el control.
A eso se suman las nuevas ocupaciones, anexiones, construcción de asentamientos y despliegue de la estructura de apartheid desde entonces.
Cisjordania está aislada de Jerusalén Este por el muro construido en el año 2002 y, a su vez, está desconectada de Gaza, con territorio israelí de por medio. Familias enteras palestinas han quedado divididas por este despiece paulatino diseñado para culminar el proyecto colonial de apropiación y desposesión. Gaza, por su parte, sufre bloqueo, ocupación y genocidio.
A estos tres territorios inconexos y ocupados —Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este— es a lo que se llaman hoy Territorios Ocupados Palestinos, y lo que se considera “futuro Estado palestino”. Constituyen un 24% menos del territorio asignado por Naciones Unidas en 1947 al Estado palestino.
El plan de la ONU incumplido
En 1947 la Asamblea de Naciones Unidas –cuyas resoluciones no son vinculantes– aprobó un plan de partición de Palestina. En él asignaba el 54% del territorio a un Estado judío y el resto, a un Estado palestino -con Jerusalén como enclave internacional- pese a que dos tercios de la población total era palestina, con 1.300.000 palestinos y 600.000 judíos. De esos 600.000, la mayoría habían llegado en los últimos cuarenta años en oleadas migratorias organizadas por la Agencia Judía.
El reparto contemplado por la ONU perjudicaba notablemente a la población indígena palestina. Aun así, Israel no se conformó. A través del Plan Dalet -trazado en marzo de 1948 y ampliamente documentado por el historiador israelí Ilan Pappé, entre otros- las organizaciones armadas sionistas impulsaron una limpieza étnica con masacres y expulsiones de población palestina antes de que los países árabes vecinos se involucraran militarmente en mayo de ese año, tras la declaración de independencia del Estado de Israel.
En solo seis meses, aprovechando el marco de la guerra con las naciones vecinas – y habiéndolo planeado e iniciado antes de la misma- las organizaciones sionistas y el recién fundado Ejército israelí impulsaron el desplazamiento forzado de 750.000 personas palestinas -que nunca pudieron regresar a sus casas- y ocuparon un 24% más de territorio, hasta hacerse con el 78%. Es lo que los palestinos llaman la Nakba, el “desastre”.
En 1967 Israel tomó el territorio restante, ocupó ilegalmente Gaza, Jerusalén Este y Cisjordania —expulsando a otras 300.000 personas palestinas— además del Sinaí egipcio y los Altos del Golán sirios. Todos esos territorios, excepto el Sinaí egipcio, están a día de hoy bajo ocupación israelí.
A diferencia de la ocupación de 1948, Naciones Unidas sí aprobó varias resoluciones vinculantes en el Consejo de Seguridad –la primera, en 1967– pidiendo el fin de la ocupación de esas áreas, pero Israel siempre las ha ignorado. A lo largo de las décadas, los gobiernos israelíes han podido normalizar su impunidad con las relaciones preferenciales y el apoyo de la Unión Europea, Reino Unido y EEUU.
En 2024 la Corte Internacional de Justicia subrayó la ilegalidad de la ocupación de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este. Estos Territorios Ocupados Palestinos son las fronteras habitualmente aceptadas por la comunidad internacional, pero la impunidad israelí marca la realidad y los mapas en el terreno.
Desde los años noventa hasta hoy hemos sido testigos de cumbres por la paz, resoluciones de la ONU, iniciativas y acuerdos que siempre fueron presentados como pasos definitivos. Sin embargo, Israel los usó como un tiempo regalado, como herramientas para impulsar su política de hechos consumados con más ocupación de territorios, segregación y masacres esporádicas. Ante esos crímenes continuados ningún país aliado interrumpió sus relaciones preferenciales con Tel Aviv.
El riesgo de la distracción
La desconexión territorial y la ocupación actual de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este convierten el Estado palestino en algo irrealizable, a no ser que se obligue a Israel a retirar a los 750.000 colonos, a poner fin a su ocupación ilegal, su sistema de apartheid, su genocidio.
De lo contrario, estos reconocimientos solo serán gestos para lavar la cara de países que han apoyado a Israel a lo largo de estas décadas y que han facilitado sus crímenes. Es más, podrían servir para garantizar un proyecto palestino ad hoc, a la medida de los intereses del colonialismo israelí.
Así lo señalaba este verano la relatora de Naciones Unidas para Palestina, Francesca Albanese: “Reconocer el Estado palestino, en el punto álgido del genocidio, es un acto tardío de coherencia que, SIN EMBARGO [sic], si no se respalda con sanciones concretas para poner fin al apartheid y sus crímenes asociados, corre el riesgo de desviar la atención de la amenaza existencial que enfrenta el pueblo palestino”.
Bisan Owda, periodista palestina de Gaza, se grababa esta semana un vídeo en el que, sin poder evitar las lágrimas, explica que se ha dado cuenta de que puede ser una refugiada para siempre, sin posbilidad de regresar a su hogar. Desplazada a la fuerza, expulsada del norte de la Franja, refugiada en una tienda de campaña, implora al mundo reacción real. A eso se refiere la relatora de Naciones Unidas.
Tras dos años de genocidio, varios países escenifican gestos que pueden servir para apaciguar a sus ciudadanos, pero no para detener el genocidio y la ocupación, si no se acompañan de otras medidas. La última propuesta de Estados Unidos “alienta a los palestinos a permanecer en la Franja y prevé la creación de una vía hacia un futuro Estado palestino”, cuenta este fin de semana el Times de Israel.
“Recuerden Oslo”, ha comentado, sobre ello, el periodista palestino estadounidense Ahmed El Din. ¿A qué se refiere? Los Acuerdos de Oslo también fueron presentados como la solución que desembocaría en los derechos de la población palestina, pese a que contenían grandes trampas. Al igual que tantos acuerdos anteriores, su última fase, la más importante, nunca se cumplió.
De hecho, esos pactos sirvieron para que Israel pudiera tomar el control absoluto del 60% de Cisjordania -así lo estipulaban sus primeras fases- y, en la práctica, el dominio militar de todo ese territorio palestino y de Jerusalén Este.
Las obligaciones legales
Esta semana, con la nueva tanda de reconocimientos, la relatora de Naciones Unidas, Francesca Albanese, ha indicado que “el reconocimiento del Estado palestino aumenta la obligación de respetar activamente los derechos de Palestina a la no interferencia, a la integridad territorial, a la autodefensa frente a la ocupación ilegal y el fin del genocidio”.
El Estado palestino no es una noción abstracta flotando en el aire. Para que sea algo tangible y real tiene que contar con capacidad de autoprotección y de compromisos específicos por parte de los países del mundo. Entre ellos, obligaciones legales internacionales, es decir, medidas para prevenir, sancionar y detener el genocidio, acciones para acabar con el apartheid y la ocupación colonial y para garantizar el derecho al retorno de las personas refugiadas palestinas.
Las personas refugiadas
Este último punto, el derecho al retorno, fue una condición establecida por Naciones Unidas para reconocer el Estado israelí como miembro, a través del Protocolo de Lausana. Poco antes, en diciembre de 1948, Naciones Unidas aprobó la resolución 194, que contempla ese derecho a que las personas refugiadas puedan “regresar a sus hogares y vivir en paz con sus vecinos” y, en caso de decidir no hacerlo, puedan recibir compensación.
Décadas después, ni las 750.000 personas expulsadas de su tierra en 1948, ni las 300.000 expulsadas en 1967, ni las desplazadas posteriormente, ni sus familias, han recibido reparación o permiso para regresar a sus hogares en Palestina. La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) alberga los documentos de muchas de esas familias, con pruebas de su procedencia antes de su expulsión.
El reconocimiento del Estado palestino es hoy un mapa imaginario mientras en el terreno la realidad del apartheid se refuerza con cada asentamiento, con cada puesto de control militar, con cada bomba.
Por eso son pertinentes algunas preguntas. ¿Qué medidas concretas van a adoptar los Estados para impedir más genocidio y ocupación colonial? ¿Qué va a hacer la comunidad internacional para no entretenerse en gestos sin fondo mientras Israel impulsa una nueva fase de exterminio en Gaza?
¿Se va a conformar la gente con esta medida tardía mientras el Ejército israelí sigue arrinconando, expulsando y asesinando diariamente en la Franja? ¿Se atreverán los países europeos –y otros– a explicar a su ciudadanía a qué llaman Estado palestino? ¿Exigirán algo más que un territorio diminuto e inconexo, controlado y asediado por Israel?
Tras dos años de genocidio sin sanciones, el reconocimiento del Estado palestino por más naciones es también producto de la presión social internacional, que está obligando a muchos países a moverse, para no perder votos y para disimular su complicidad.
Pero la gente no está pidiendo gestos para que todo siga igual. Las calles de Europa se movilizan exigiendo sanciones, boicot, embargos integrales de armamento, acciones para poner fin al genocidio. Cuando la relatora de la ONU pide la suspensión de las relaciones comerciales y diplomáticas con Israel está recordando, sencillamente, la obligación legal internacional de los países ante los crímenes masivos.
Como han señalado voces palestinas estos días, ningún pueblo necesita el permiso del neocolonialismo blanco para ser, para existir y para ejercer su derecho a la autodeterminación. El pueblo palestino no necesita dar las gracias por el reconocimiento vacío de las naciones que lo condenaron. Lo que necesita es que las potencias occidentales respeten sus derechos, dejen de facilitar la impunidad israelí, rompan sus acuerdos preferenciales con Israel y cumplan su obligación legal internacional de “prevenir y sancionar”, como exige la Convención sobre Genocidio.
Por lo demás, un Estado palestino puede ser muchas cosas. Pero la única propuesta sin colonialismo ni supremacismo es la misma que se logró para la Sudáfrica del apartheid o para la Argelia bajo ocupación francesa.
Solo en un proyecto que no niegue derechos ni ciudadanía a la población indígena, que no conceda privilegios supremacistas y colonialistas, que garantice el retorno y la reparación, en el que haya cabida para todos desde el río Jordán hasta el mar, será posible desarrollar una estructura con igualdad capaz de poner fin a los agravios que lleva sufriendo la población palestina desde hace décadas. Todo lo demás será un nuevo desvío de atención de los crímenes israelíes.
Fuente: https://www.eldiario.es/internacional/llama-palestino-israel-comete-genocidio_129_12633582.html