Los traslados secretos de Estados Unidos de sospechosos de atentados desafían numerosos estatutos de la ley internacional, a pesar de la fuerte defensa de su legalidad que ha hecho ese país, dijeron el lunes abogados de derechos humanos. La secretaria de Estado Condoleezza Rice defendió el lunes la práctica de «entrega» de prisioneros a autoridades […]
Los traslados secretos de Estados Unidos de sospechosos de atentados desafían numerosos estatutos de la ley internacional, a pesar de la fuerte defensa de su legalidad que ha hecho ese país, dijeron el lunes abogados de derechos humanos.
La secretaria de Estado Condoleezza Rice defendió el lunes la práctica de «entrega» de prisioneros a autoridades de otra jurisdicción, que definió como el traslado de sospechosos de terrorismo de un país a otro «para ser interrogados, detenidos o para que se les aplique justicia.»
Rice dijo que se trataba de un instrumento usado durante décadas por Estados Estados Unidos y otras naciones.
En casos en los que el gobierno local no pudo detener o procesar al sospechoso y donde la extradición no es una alternativa, ese gobierno debe hacer la elección soberana de cooperar con la entrega, afirmó Rice.
«Dichas entregas son permisibles bajo la ley internacional y consistentes con las responsabilidades de esos gobiernos de proteger a sus cuidadanos,» señaló la secretaria de Estado.
Rice hizo esas declaraciones antes de partir hacia Europa, en un viaje ensombrecido por alegatos de que la CIA mantiene prisiones secretas y realiza traslados encubiertos a través de aeropuertos europeos.
Abogados de derechos humanos dijeron que algunos de los casos fueron denominados como «gente desaparecida,» en una práctica reconocida como ilegal por décadas, desde su extendido uso por gobiernos latinoamericanos en la década de 1970.
«Si de veras estuviésemos apresando gente, abduciéndola y luego deteniéndola sin comunicación alguna, lo que parece ser el caso, entonces seríamos culpables por desapariciones ante la ley internacional,» dijo Meg Satterthwaite, del centro de derechos humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York.
La abogada destacó al artículo 9 de la Convención Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, que prohibe los arrestos o detenciones arbitrarias y dice que una persona arrestada tiene el derecho de ser informada sobre las causas de su aprehensión y de ser llevada a juicio.
Gabor Rona, director del grupo Human Rights First dijo: «Si la gente simplemente se está esfumando de las calles (…) y está siendo trasladada secretamente bajo arresto de un país a otro y no tiene oportunidad de refutar la legalidad de esto en una corte, (…) se trata de una violación a la ley internacional.»
En uno de los casos que centran la controversia en Europa, un alemán dijo que fue capturado en Macedonia a fines del 2003 y llevado por agentes estadounidenses a Afganistán, donde fue interrogado por cinco meses antes de que la CIA lo liberara al darse cuenta de que tenía al hombre equivocado.
En otro caso, fiscales alemanes e italianos indagan la abducción de un clérigo en Milán, quien afirma que fue trasladado por agentes de la CIA a Egipto, donde sufrió tortura.
Rice no comentó casos individuales, pero destacó la adhesión de Estados Unidos a la Convención de la ONU contra la tortura.
Sattertwaite afirma que no existen suficientes garantías de que Estados Unidos se regirá por la convención antitortura, que prohibe a los estados «expulsar, devolver (…) o extraditar a personas a otro país donde existen argumentos para creer que estará en riesgo de ser torturado.»