Tres años de prisión por un presunto delito de lesiones; dos años de cárcel por un posible delito contra la integridad moral; y, además de la petición de una pena de cinco años (suma de las dos anteriores), otra de inhabilitación para trabajar en los establecimientos abiertos al público de la empresa HSF Salamandra (Valencia), o cualquier otra dedicada al ocio nocturno que implique un trato directo con la clientela.
En ello consiste la solicitud de pena contra las personas acusadas de agresión a una persona migrante en Valencia; el escrito de acusación fue presentado por el abogado de la víctima, Juan Molpeceres, el pasado 9 de mayo, en el Juzgado de Instrucción Número 14 de Valencia; la ONG València Acull difundió el texto una semana después.
En cuanto a la responsabilidad civil, se pide a los presuntos agresores una indemnización conjunta de 3.000 euros por las lesiones y otros 8.000 euros por los daños morales ocasionados.
El relato de los hechos se retrotrae al 6 de marzo de 2022, cuando los acusados y otros empleados de discoteca Mya pidieron a la persona migrante que abandonara el local, ya que no podía estar en la zona VIP; en el punto de salida, seis personas (entre ellas los tres acusados de agresión) rodearon a la víctima, que a continuación fue objeto de empujones, un golpe que le fracturó la nariz y patadas.
Se le dejó abandonado en la zona de la rampa, detalla el texto de la acusación, sin que recibiera asistencia médica; además se le arrancó la pulsera de acceso a la zona VIP del local público de baile; y una bofetada e insultos durante toda la acción violenta (“moro de mierda”; “moro de mierda, te mato”), hechos que concluyeron con la fractura de los huesos propios de la nariz, erosiones en el cuello y muñeca, así como numerosas contusiones.
La persona dañada tuvo que ser ingresada de urgencias y, en el tratamiento médico posterior, le fue implantada una férula (dispositivo para la curación de las fracturas).
La discoteca Mya está emplazada en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia; en la página Web se define como “un espacio original, cosmopolita, contemporáneo y lleno de vida”; cuenta con una terraza, zonas VIP y un “completo ryder técnico”, para las presentaciones de productos, desfiles y fiestas de empresa; el portal digital remite al grupo empresarial Salamandra, que gestiona seis espacios para eventos en Valencia (entre ellos la discoteca Mya).
València Acull emitió un comunicado -el pasado 16 de mayo- sobre la petición de cinco años de prisión (e inhabilitación) para los tres vigilantes del servicio de seguridad de la discoteca -presuntamente- implicados en la agresión al ciudadano marroquí. “El abogado ha solicitado que se aplique la agravante del Artículo 22.4 del Código Penal, por haber cometido el delito por motivos racistas”, informó la ONG.
Días después de la acometida por parte de los guardianes, el migrante magrebí, de 35 años, acudió a la organización de derechos humanos; el Programa de Igualdad de Trato y No Discriminación de València Acull le ha acompañado durante todo el proceso de denuncia.
El atestado policial del 7 de marzo de 2022 recogió el testimonio del denunciante; el relato comenzaba a las 2,30 horas, cuando en las proximidades de la discoteca, la persona (después) agredida se juntó con un grupo de holandeses que contaban con entrada; “finalmente pudo entrar con este grupo, dándole al denunciante el portero de la discoteca una pulsera”, detalla el documento.
Realizado por el Ministerio del Interior, el Informe sobre la evolución de los delitos de odio en España-2021 reportó 1.802 delitos e incidentes de odio en 2021, un 28% más que el año anterior; del total de casos, 639 (el 35%) se incluyen en la categoría de racismo/xenofobia; en cuanto al lugar de comisión en 2021 de los delitos/incidentes de odio, 252 se corresponden con establecimientos de hostelería, ocio y otros de similares características.
De los 639 “hechos conocidos” de racismo/xenofobia, según Interior, 51 tuvieron lugar en el País Valenciano, la cuarta autonomía tras el País Vasco (149); Madrid (125) y Cataluña (81).
El Informe Raxen (especial 2022) del Movimiento contra la Intolerancia destaca -el 19 de abril de 2022- como “violencia racista” la “paliza” en la discoteca de la Ciudad de las Artes y las Ciencias al chico marroquí; se hacía eco, asimismo, de un caso de “violencia homófoba” en el barrio de Marxalenes de Valencia, del que fue víctima -el 7 de abril- la ciudadana colombiana M.J. tras salir de una discoteca.
“Acudió en compañía de la asociación Revivir a la Oficina de Solidaridad con la Víctima del Movimiento contra la Intolerancia, con el fin de pedir apoyo y acompañamiento para la presentación de una denuncia por la agresión que sufrió (y de la que fueron autores) dos jóvenes en la calle (…)”, explica el Informe; se apunta como causa, debido a las características de los insultos, “su condición de lesbiana”.
Medios como Levante-EMV y elDiario.es dieron cuenta, en noviembre de 2021, de otro ejemplo de racismo cotidiano; en concreto, en una discoteca del municipio de Museros (Valencia), a la que no pudieron entrar dos jóvenes “por nuestro color de piel”, según denunciaron; además los muchachos informaron que una joven negra, con la que se cruzaron en la calle, fue discriminada del mismo modo en el acceso a la discoteca.
Casos similares han sucedido en otros territorios; en noviembre de 2021, según informó El Periódico de Cataluña, vigilantes en una discoteca del municipio de Sant Quirze del Vallès (Barcelona) propinaron una paliza a un joven “por motivos aparentemente racistas”.
A la noticia se adjuntó un vídeo de la golpiza ocurrida de madrugada, y previamente difundida en las redes sociales; también la información (en Twitter) hacía referencia a que se impidió la entrada del joven en la sala de baile.
La noticia de El Periódico incluía la denuncia de una muchacha originaria de Madagascar, de 18 años, que no pudo acceder a una discoteca de Badalona por el “tono de piel”; dos de sus amigas sí pudieron acceder al local.
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