Washington, Naciones Unidas y La Habana (PL).- Pese al llamado de defensores de derechos humanos en Estados Unidos para evitar el sufrimiento innecesario durante ejecuciones de condenados a muerte, Ohio aplicó una droga que le provocó a un reo 13 minutos de agonía. Los castigos crueles e inhumanos que sufren millares de reclusos en Norteamérica […]
Washington, Naciones Unidas y La Habana (PL).- Pese al llamado de defensores de derechos humanos en Estados Unidos para evitar el sufrimiento innecesario durante ejecuciones de condenados a muerte, Ohio aplicó una droga que le provocó a un reo 13 minutos de agonía. Los castigos crueles e inhumanos que sufren millares de reclusos en Norteamérica fueron calificados por Naciones Unidas como una violación de los derechos humanos.
El pasado 16 de enero fue ejecutado en el estado de Ohio Dennis McGuire -condenado en 1994 por violar y asesinar a puñaladas a una joven de 22 años-, a quien se le suministró un cóctel compuesto por dos drogas: el sedante midazolam y el analgésico hidromorfona, derivado de la morfina. De acuerdo con testigos, el reo jadeó con intensidad y emitió resoplidos y fuertes ronquidos durante los más de 15 minutos que le tomó expirar desde que le comenzaron a inyectar la mortal dosis en uno de sus brazos.
Antes, McGuire había agotado todos los recursos judiciales, incluyendo la Corte Suprema, para evitar un procedimiento que según su defensa le provocaría la muerte por asfixia en «una pena cruel y poco habitual», la cual además es prohibida por la Constitución de Estados Unidos. Sin embargo, un juez federal de Ohio, Grefory Frost, consideró que no había «pruebas (…) de un riesgo sustancial de experimentar un sufrimiento severo» y rechazó suspender el acto, según destacaron medios digitales.
Durante mucho tiempo se utilizó una combinación de tres sustancias para la inyección letal: un anestésico, un agente paralizante y otro fármaco para detener el corazón. Pero estas comenzaron a escasear después que la compañía encargada detuvo su producción y diferentes casas farmacéuticas europeas se negaron a la comercialización para ser usada en la pena capital, en correspondencia con la oposición de la Unión Europea (UE) a este método.
De acuerdo con registros periodísticos, en 2011 la compañía europea Hospira dejó de fabricar el tiopental sódico ante las presiones de los gobiernos de la UE, negados a su uso para las ejecuciones en penales estadounidenses.
Las diversas entidades empezaron entonces a probar el químico pentobarbital, pero su fabricante Lundbeck, con sede en Dinamarca, lo prohibió también en el sistema de prisiones del norteño país. Fue así que el Departamento de Corrección y Rehabilitación de Ohio, uno de los 32 estados que aplican la pena de muerte en ese país, introdujo un cambio en la manera para ejecutar a los condenados para permitir «el uso del midazolam, un sedante, y la hidromorfona, un analgésico», dijo la vocera de la dependencia Jo Ellen Smith.
Pero la controversia aumenta ante las críticas desatadas por lo ocurrido en Ohio, al punto que algunos congresistas solicitaron el retorno a antiguas prácticas para la aplicación de la pena máxima como la silla eléctrica, el pelotón de fusilamiento o una cámara de gas. Trascendió que los legisladores de al menos dos estados de la Unión han tratado de introducir los pelotones de fusilamiento en las ejecuciones si los fabricantes siguen negándose a vender los fármacos de la inyección letal, según pidió el representante republicano de Missouri Rick Brattin.
También una medida similar fue recomendada por el senador republicano de Wyoming, Bruce Burns, quien instó a que el pelotón de fusilamiento estuviese disponible como una opción para cumplir estas sentencias, pues comparado con otros métodos «es realmente el menos caro para el estado».
Por su parte, el 22 de enero pasado la Cámara de Representantes de Virginia avaló un proyecto de ley que autoriza el uso de la silla eléctrica (utilizada por última vez en enero de 2013) si llegara a faltar los barbitúricos de la droga letal. Mientras, el fiscal general de Missouri, Chris Koster, prevé el restablecimiento de la cámara de gas como alternativa, tras las denuncias por el origen del polémico anestésico de la inyección letal, fabricado por un laboratorio que no está homologado a nivel federal.
Y más allá del fármaco, en medio de toda la controversia, surgen cuestionamientos acerca de si los verdugos cometen errores, advirtió a los periodistas Deborah Denno, una investigadora del tema hace más dos décadas. Se han reportado problemas con la administración de la inyección letal, con casos en que al momento de la ejecución no pudieron encontrar la vena del condenado o dejan que se salgan las jeringuillas del lugar, comentó la también profesora de Leyes.
Más de 1.300 prisioneros han sido ejecutados en Estados Unidos, país con una de las mayores poblaciones penales del mundo, desde que la Corte Suprema levantara la prohibición de la pena capital en 1976. Y se estima que a alrededor de 1.200 se les ha aplicado la inyección letal, un método generalizado en esa nación a partir de 1982.
Castigos inhumanos en las cárceles estadounidenses
Un preso estadounidense, al ver su propia fotografía por primera vez en más de 20 años de permanecer en confinamiento solitario en una celda de una prisión, dijo que fue «como volver de entre los muertos». Estas palabras reflejan el sufrimiento de millares de reclusos que enfrentan lo que para muchos es un «castigo cruel e inhumano» y que funcionarios de Naciones Unidas calificaron como una violación de los derechos humanos, tras denunciar esas prácticas en instalaciones como Pelican Bay, en California.
El relator especial sobre la Tortura de Naciones Unidas, Juan E. Méndez, estima que el Gobierno estadounidense debería abolir el uso del régimen de aislamiento en largos periodos de tiempo bajo todas las circunstancias. En la mayoría de estos casos, los reclusos pasan unas 22 o 23 horas al día en celdas de 2,5 por 3,5 metros, con poca ventilación y sin luz natural.
«Incluso, denunció, si el aislamiento se aplica en cortos periodos de tiempo, a menudo causa sufrimiento mental y físico además de una humillación que asciende a trato y castigo cruel, inhumano o degradante y si el dolor o los sufrimientos son graves, el aislamiento constituiría tortura».
Testimonios recogidos en una investigación del periodista Michael Montgomery, quien cubrió el sistema penitenciario de California durante 10 años, el Center for Investigative Reporting y la Radio Pública KQED, evidencian las violaciones cometidas por autoridades penales estadounidenses.
Un último reporte sobre la práctica del aislamiento en solitario estimó que había al menos 80 mil presos en esa situación en todo el país. Aunque originalmente fue concebido como una forma «poco frecuente y de corta duración de la pena», este tipo de maltrato se ha convertido en un hecho generalizado y prolongado. Decenas de miles de presos se sientan solos en sus celdas hasta 23 horas al día durante meses, incluso años enteros, señala la investigación hecha pública por el diario digital Politico.
En la cárcel californiana a más de mil presos sometidos a esta forma de tortura se les privó, incluso, de ver su propia foto, hasta que después de 25 años; luego de una huelga de hambre iniciada en 2011, el Departamento de Correccional cambió esa política. Hoy en día, señala el estudio, a los prisioneros se les permite ver su foto una vez al año.
Montgomery pasó 11 meses reuniendo datos de presos que se mantuvieron aislados de otros reos, de amigos y familiares, quienes al ver sus imágenes fotográficas dijeron que veían a un anciano, palabras ilustrativas de la crudeza del sistema de un país que se vanagloria de sus libertades.
Según Randall Ellis, uno de los detenidos, casi todos los presos de Pelican Bay, que padecieron esta pena, eran acusados de tener vínculos con pandillas en las prisiones, por el solo hecho de conocer a un miembro de éstas. Es muy difícil para los prisioneros poder probar que no están involucrados en las acciones de las bandas, dijo Ellis, quien ha estado aislado durante 30 años.
Lorenzo Benton, preso por asesinato desde 1977, quien estuvo aislado en una celda de castigo durante 27 años, manifestó a los que realizaron el estudio que no solo es la prisión de Pelican Bay donde ocurren estos hechos, pues en otros tres centros del estado es común el castigo.
Datos de 2011 del estado de California plantean que al menos 500 presos estuvieron en ese tipo de celdas durante más de una década y de ellos 70 permanecieron en esos recintos durante 20 años. La investigación de Montgomery aborda, entre otros asuntos, una demanda contra el gobierno por las condiciones en el recinto carcelario de Pelican Bay, donde según los querellantes los reos sufren «daños físicos y psicológicos».
Por sus condiciones de aislamiento, «muchos presos han estado sin contacto cara a cara con personas que no sean funcionarios de prisiones durante décadas», señala la demanda. Al valorar estos abusos, el doctor Terry Kupers, psiquiatra clínico, aseguró que la falta de las últimas fotografías y años de poco o ningún contacto con amigos y familiares significa que el reo «básicamente no existe en la comunidad».
Estas prácticas abusivas contra presos en Estados Unidos son solo la punta del iceberg en un país cuya tasa de encarcelamiento es la más alta del mundo y que, según datos de 2009, es de 743 arrestados por cada 100 mil habitantes. Cifras oficiales indican que Estados Unidos tiene aproximadamente el cinco por ciento de la población mundial, sin embargo alberga alrededor del 25 por ciento de los prisioneros del mundo, muchos en condiciones de hacinamiento.
Esa situación tiene también repercusiones económicas, pues el encarcelamiento de 2,3 millones de personas en el país, donde un preso cuesta 24 mil dólares al año, conlleva construir nuevas prisiones a un costo de 5,1 mil millones y un gasto general al presupuesto del país de 60.3 mil millones.
Un informe publicado el 28 de febrero 2008 plantea que más de uno de cada 100 adultos en los Estados Unidos están en prisión. Por segmento poblacional también se destaca que en 1977 había sólo un poco más de once mil mujeres encarceladas y ya en 2004 el número de féminas se incrementó en 757 por ciento, a más de 111 mil, tasa que representa el doble de las de los hombres desde el año 2000.
Asimismo los estadounidenses tienen un porcentaje más alto de las minorías en prisión que cualquier otro país. En Washington DC, por ejemplo, se espera que tres de cada cuatro jóvenes negros cumplan un tiempo en la cárcel.
En las principales ciudades de todo el país, el 80 por ciento de los jóvenes afro-americanos ahora tienen antecedentes penales, plantean investigaciones de organizaciones defensoras de los derechos humanos. Datos del Departamento de Justicia abordan otro fenómeno dentro del sistema y aseguran que Washington encarcela a un porcentaje de su población negra mayor que cuando lo hacía Sudáfrica mientras imperaba allí el sistema racista del apartheid.
Los hispanos también son víctimas del problema y pese a ser apenas el 16,3 por ciento de la población del país, representan el 20,6 por ciento de quienes ocupan un sitio tras las rejas. No por gusto una persona que estuvo confinada en solitario durante años plantea que el término de su encierro es como «volver de entre los muertos».
Relator de ONU pide a EE.UU. cese de encierro solitario a reo negro
Estados Unidos debe cesar de inmediato el confinamiento en solitario que por más de 40 años ha impuesto a Albert Woodfox, demandó el año pasado el relator especial de la ONU sobre tortura y tratos crueles e inhumanos Juan Méndez. El funcionario advirtió que «cuatro décadas de confinamiento equivalen a tortura».
Se trata de un castigo por parte del sistema penitenciario de Estados Unidos que vulnera la legislación internacional, dijo a propósito del caso del ex Pantera Negra, organización afronorteamericana fundada en la década de los años 1960 para la liberación de la comunidad negra.
Woodfox fue encarcelado en Luisiana junto a Herman Wallace y Robert King por un robo, pero tras la muerte de un guardia en 1972 se les condenó por asesinato y se les aisló del resto de la población reclusa.
Wallace fue liberado tras 41 años de encierro, pero murió de cáncer un día más tarde. Robert King fue excarcelado en 2001. El estricto régimen impuesto a Woodfox, quien tiene alrededor de 66 años, solo le permite dejar su celda una hora al día, para realizar ejercicios, aunque también en solitario.
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Cifra récord de condenas equivocadas anuladas en EE.UU.
De acuerdo con un informe del Registro Nacional de Exoneraciones, durante 2013 fue anulada en Estados Unidos una cantidad récord de condenas equivocadas, que solo constituyen la punta del iceberg porque la mayor parte de los errores judiciales en el país nunca son descubiertos.
De los casi 1,300 sentenciados que fueron exculpados en los recientes 25 años, 87 fueron exonerados en 2013. Estos casos hasta ahora conocidos son solo una pequeña parte de los errores que de hecho ocurren y la mayoría de las veces, nunca son descubiertos, afirmó Samuel Gross, profesor de leyes en la Universidad de Michigan.
El experto dijo que del total de exonerados el pasado año, 15 correspondieron a personas condenadas luego de declararse culpables, algo que pasa cuando los imputados, pese a su inocencia, temen una pena mayor. También subrayó el estudio que el 56 por ciento de todas las anulaciones fueron por acusaciones falsas o perjurio por parte de testigos, mientras 46 por ciento se debió a errores en la actuación de los funcionarios policiales y judiciales.
Liberación de prisionera política evidencia injusticia
La liberación de la prisionera política Lynne Stewart, de 74 años, por las autoridades estadounidenses, pone en evidencia la errada interpretación de las leyes en ese país, afirmó en enero la publicación digital Rebelión. Stewart fue liberada el 31 de diciembre tras pasar casi cuatro años encarcelada, acusada de haber «colaborado materialmente con un grupo terrorista». [Para la nota completa, véase Lynne Stewart, libre al fin, Silvia Arana, Rebelión: http://www.rebelion.org/noticias/2014/1/179124.pdf]
El hecho a partir del cual el gobierno inició el proceso contra Stewart fue que la abogada defensora del clérigo egipcio preso Sheik Abdel-Rahman entregó a la agencia de noticias Reuters un comunicado de prensa de éste sobre la situación política en Egipto.
Stewart formó parte del equipo liderado por el jurista y ex fiscal general de la nación Ramsey Clark a cargo de la defensa de Abdel-Rahman, acusado de pertenecer a una organización islámica armada opositora al gobierno del entonces presidente Hosni Mubarak en Egipto, por lo que fue condenado a 65 años de cárcel.
En 2000, agrega Rebelión, el Abdel-Rahman pidió que la abogada difundiera un comunicado de prensa y según ella actuó motivada por el concepto básico de que un abogado debe ayudar a su defendido, y que un acusado político puede ser hoy terrorista y mañana un disidente político legal, e incluso ocupar altos cargos.
En el momento en que Stewart le entregó a Reuters el comunicado no existían leyes que penalizaran dicha acción, explica la publicación. Sin embargo, después de los ataques del 11 de septiembre de 2001 las leyes cambiaron y en 2002 el fiscal general del gobierno de George W. Bush, John Ashcroft, acusó a Stewart de «ayudar a un grupo terrorista» al difundir un comunicado de prensa.
Posterior a su condena a 28 meses de prisión, Stewart y el fiscal del gobierno apelaron la sentencia al cuestionar la legalidad del juicio y solicitaron su anulación. No obstante, el gobierno de Barack Obama reclamó que 28 meses representaban un castigo muy leve y en noviembre de 2009 la Corte de Apelaciones aumentó drásticamente la condena a 10 años, al usar las propias declaraciones de la acusada cuestionando la validez del juicio como una falta de respeto a las leyes del país.
Sostiene Rebelión que el caso fue considerado por numerosos juristas como un claro ejemplo de violación de los derechos básicos de un acusado al acceso a un abogado defensor, al igual que la negación del derecho de un preso a privacidad en la relación con su abogado.
En declaraciones a medios de prensa tras su liberación, la activista dijo que luchará por los presos políticos y las mujeres encarceladas en un sistema donde permanecen silenciados y maltratados un gran número de presos políticos y millones de pobres y marginados.