En los últimos días de junio se conoció el asesinato de Nizar Banat a manos de los administradores palestinos de la ocupación israelí, la Autoridad Nacional Palestina (ANP). Aunque los detalles aún están por esclarecerse, se sabe que fue brutalmente golpeado luego de ser arrestado en su casa en Hebrón y secuestrado por las fuerzas de seguridad de la ANP, quien luego reconoció que murió en su custodia.
Banat, quien fuera candidato para el parlamento palestino en unas elecciones que han sido sistemáticamente aplazadas, era un reconocido activista que abiertamente criticaba no solo a la Autoridad Palestina —encabezada de Mahmud Abbas—, sino también al partido Fatah y a la Organización para la Liberación de Palestina. Sus críticas apuntaban a aquello que cada vez genera más malestar en la población palestina: la corrupción y la colaboración en seguridad con el Estado Ocupante de Israel.
Su asesinato ha sido una razón más para las manifestaciones en Cisjordania que ya no se basan solo en criticar al Estado Ocupante, sino que también hacen eco de las críticas a la corrupción y el colaboracionismo de la ANP con Israel.
Es importante mencionar que durante las negociaciones de Oslo, a la vez que se proyectó el nacimiento de dicha Autoridad, también se delineó la devolución paulatina de los territorios ocupados con el fin de que estos llegaran a ser gobernados en su totalidad por la ANP. Luego de más de 25 años, la autonomía de la ANP en el gobierno cuando no es simbólica es prácticamente inexistente. Mientras tanto, el ejercicio de represión contra la población es cada vez más pronunciado.
En declaraciones al medio Middle East Eye, Shawan Jabarin, Director de la Organización Al-Haq para los Derechos Humanos, expresó que la posición de Banat como activista político y como alguien involucrado en la política de partidos, hace que su aparente asesinato sea un incidente más grave, particularmente en el Contexto de la cancelación de las elecciones convocadas para el pasado mes de mayo.
Sobre la actual situación política continuó; “Hay toda una población hoy excluida de la participación en la toma de decisiones … esto está debilitando al pueblo palestino y su papel, y esto no conducirá a la liberación de los colonialistas, ni conducirá a ninguna libertad e independencia”. Finalizó con un rotundo mensaje sobre el fin de la ocupación, “El camino pacífico, democrático, es la única manera de cambiar… la continua exclusión del pueblo del proceso político es un asunto preocupante y dará lugar a explosiones, porque la gente está harta y ya no confía en el sistema de poder”.
Según un reporte de Amnistía Internacional entre 2020 y 2021 se registraron 37 incidentes de violaciones de la libertad de expresión, la libertad de reunión y la libertad de prensa: 21 en Cisjordania y 16 en Gaza, así como 158 casos en Cisjordania y 118 en Gaza de detenciones arbitrarias de opositores y críticos. Uno de los casos más sonados se dio el 19 de julio del 2020, cuando las autoridades de Cisjordania arrestaron a 19 activistas anticorrupción por realizar una protesta pacífica en la ciudad de Ramallah, quienes fueron liberados pero sus procesos se mantienen activos. El arresto y asesinato de Banat sería, entonces, un caso más de esta tendencia creciente en los territorios ocupados, donde su población no solo sufre el yugo de la ocupación Israelí sino además el de la represión de la Autoridad Nacional Palestina.