La Comisión Europea ha demandado a España ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas por las irregularidades halladas en el proyecto de construcción del aeropuerto de Ciudad Real, en el que denuncia que las autoridades españolas no hicieron un estudio de impacto previo. Asimismo, insta por última vez al Gobierno español -antes de […]
La Comisión Europea ha demandado a España ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas por las irregularidades halladas en el proyecto de construcción del aeropuerto de Ciudad Real, en el que denuncia que las autoridades españolas no hicieron un estudio de impacto previo. Asimismo, insta por última vez al Gobierno español -antes de demandar una multa- que acate tres sentencias existentes contra las condiciones de otros tantos vertederos españoles.
La Comisión ha argumentado hoy su decisión de demandar a España porque sus autoridades -en este caso, las de Castilla-La Mancha- no hicieron un estudio del impacto biológico y medioambiental que acarreará la construcción de un aeropuerto en la provincia de Ciudad Real.
Al menos, el estudio que hicieron las autoridades españolas es considerado como ‘insuficiente’ por la Comisión debido a varios motivos: no se esbozan adecuadamente las alternativas estudiadas por el promotor del proyecto ni tampoco se ha hecho la evaluación del impacto de las instalaciones relacionadas con el mismo, como por ejemplo, de las carreteras de acceso al aeropuerto o del suministro de electricidad.
Por este motivo, la Comisión considera que se ha infringido la directiva europea sobre evaluación de impacto medioambiental, una violación que impide que los ciudadanos puedan expresar su opinión sobre el proyecto y que también puede significar que las autoridades españolas han ‘pasado por alto’ los perjuicios que puede tener para el medio ambiente de la zona la construcción del aeropuerto.
Pero no sólo eso, porque la denuncia contra España está también motivada por la supuesta violación de la directiva sobre aves silvestres, por la que los Estados miembros se comprometen a evitar la contaminación o el deterioro de hábitats.
En este caso, la Comisión denuncia que el proyecto de construcción del aeropuerto de Ciudad Real no ha tenido tampoco en cuenta que éste se emplazará en una ‘zona clasificada de protección especial por las autoridades españolas’, donde viven distintas especies de aves amenazadas.
La Comisión manifiesta que al no existir un estudio sobre las repercusiones para la flora y la fauna de la zona, ‘no pueden tomarse las medidas necesarias para prevenir o evitar el deterioro de los hábitats’.
Último recurso
Estos son los dos motivos que alega la Comisión para llevar a España ante el Tribunal de Justicia, en lo que es el último paso de un proceso que se inició en diciembre de 2003, cuando el Ejecutivo comunitario envió a las autoridades españolas una primera carta en la que demandaba que se evaluasen las repercusiones de construcción del aeropuerto de Ciudad Real.
Las autoridades españolas contestaron a esta primera advertencia en enero de 2004 argumentando que ya habían comenzado los estudios que la Comisión reclamaba. Sin embargo, el Ejecutivo comunitario los consideró insuficientes, por lo que envió un segundo y último aviso en julio de 2004 en el que reiteraba su demanda. España, por su parte, volvió a insistir en que se estaban llevando a cabo tales estudios, lo que se probaba, en su opinión, por el hecho de que el proyecto estaba paralizado.
Sin embargo, esta segunda explicación española tampoco fue suficiente, por lo que la Comisión decidió iniciar un procedimiento judicial.
Directiva de residuos
Además de esta demanda, la Comisión hizo otro anuncio hoy con respecto a España y la aplicación de la política medioambiental europea, en el que insta a las autoridades españolas a que acate las tres sentencias de 2003 que existen contra la pésima situación de tres vertederos españoles, en los que Bruselas sigue observando riesgos para el medio ambiente y para la salud humana, a pesar de las promesas españolas de que se están solventando los inconvenientes.
En 2003, la Comisión denunció a España debido a la situación de los vertederos de Torreblanca-Fuengirola (Málaga), Santalla del Bierzo (León) y Cana Putxa-Sa Roca (Ibiza) en los que consideraba que se incumplía la directiva de residuos.
Concretamente, la Corte dio la razón a Bruselas en su denuncia de que en los tres vertederos se descargaban residuos sin ningún tratamiento previo y ninguno de ellos estaba equipado con sistemas para sellar el área y prevenir fugas de líquidos contaminantes para el suelo y las aguas de la zona.
A pesar de las tres sentencias que existen contra estas tres situaciones, la Comisión recordó hoy a España que, desde su punto de vista, siguen existiendo irregularidades. De esta manera, envía el último aviso a las autoridades españolas y advirtió de que si no se responde a estas demandas la Comisión demandará la imposición de multas al Tribunal de Justicia.
Concretamente, en el caso del vertedero malagueño la Comisión denuncia que todavía no existe una licencia de acuerdo a la directiva sobre residuos porque, aunque las autoridades españolas aseguran que se llevan a cabo actividades de control, Bruselas argumenta que éstas no son periódicas ni capaces de ver los posibles riesgos.
Por lo que respecta a Santalla del Bierzo, Bruselas denuncia que casi dos años después de que exista una sentencia en firme todavía no se ha completado el procedimiento de cierre y sellado de este vertedero, mientras que el de Ibiza todavía no ha finalizados sus obras para cumplir los requerimientos de la directiva europea.