Mientras las olas de calor asfixian nuestras ciudades y los incendios devoran el mundo rural a un ritmo sin precedentes, asistimos a un espectáculo dantesco de indolencia colectiva, porque la situación actual no es solo una emergencia climática, es el resultado directo de una irresponsabilidad compartida y escandalosa. Las administraciones públicas miran hacia otro lado, los ciudadanos siguen con sus hábitos de consumo y negligencia, y los Acuerdos de la Cumbre de París permanecen archivados como una pieza de museo, incumplidos una y otra vez con total impunidad.
El humo que respiramos y las cenizas que se posan en nuestras calles no son solo consecuencia del cambio climático: son el reflejo de nuestra propia negligencia. Como ya se venía advirtiendo, estamos ante un problema ambiental y social de primera magnitud que retroalimenta las dos grandes crisis de nuestro tiempo: la pérdida de biodiversidad y el calentamiento global. Sin embargo, ni la sociedad ni nuestros gobernantes parecen estar tomando en serio la magnitud del desastre.
Hablar de mitigación climática suena a burla cuando observamos las políticas territoriales en vigor. Los Acuerdos de París exigen una reducción drástica de emisiones y un cambio de modelo, pero aquí seguimos alimentando la economía del fuego. El 95% de los incendios forestales no son obra de la naturaleza ni de pirómanos con problemas psiquiátricos, como suele repetirse para desviar el foco. Tienen un origen antrópico, fruto de la negligencia, el accidente o la intencionalidad ligada a prácticas agrícolas y ganaderas obsoletas, así como a la especulación urbanística.
La Administración es copartícipe de este desastre. Permite el crecimiento descontrolado de urbanizaciones dispersas —la interfaz urbano-forestal— que ponen en riesgo a las personas y facilitan las igniciones. Además, hace la vista gorda con prácticas que retroalimentan el fuego, como la quema de pastos, el uso de glifosato para secar lindes, o la macabra «economía del fuego» que permite la explotación de madera quemada para grandes plantas de biomasa. Si a esto le sumamos que solo se logra identificar al culpable en el 17% de los casos y que apenas el 2% acaban en juicio, el mensaje que lanzamos como sociedad es de total impunidad. Prender el monte sale barato.
Existe una ceguera generalizada sobre por qué arden nuestros bosques. La cultura urbana, desconectada por completo de la naturaleza, exige «limpiar los montes» a golpe de maquinaria, sin entender la ecología evolutiva del paisaje. El éxodo rural masivo, impulsado por políticas de desarrollo que vaciaron el campo para alimentar la industria y los servicios urbanos, rompió el equilibrio histórico.
La sustitución de la ganadería extensiva y la trashumancia —que históricamente cumplían la función desbrozadora de la megafauna extinta— por la ganadería industrial y el abandono del campo, provocó una acumulación artificial de biomasa. A esto se sumó la «paradoja de la extinción»: la obsesión por suprimir sistemáticamente cualquier pequeño incendio durante décadas evitó la limpieza natural del bosque, preparando el terreno para los grandes incendios forestales (GIF) de 4ª, 5ª y 6ª generación. Hoy, el cambio climático, con sus sequías y tormentas secas, ha encendido la mecha de esa bomba de relojería que nosotros mismos hemos fabricado.
Otra muestra de la irresponsabilidad administrativa es la gestión forestal del último siglo. Hemos repoblado el territorio con especies altamente inflamables, como pinos y eucaliptos, fruto de una intervención humana que buscaba el rendimiento rápido. Cuando el fuego pasa por estas masas artificializadas, el desastre es total. Sin embargo, la naturaleza nos da la respuesta: las formaciones de especies autóctonas, como las quercíneas (robles, encinas), presentan una alta resistencia al fuego y una asombrosa capacidad de regeneración natural. Las llamas literalmente «esquivan» estos bosques maduros que crean su propio microclima húmedo.
Aun así, seguimos sin aplicar una gestión diferenciada. En los espacios naturalizados, la prioridad debe ser la conservación pasiva y la regeneración, que es más barata y efectiva que cualquier intervención humana. En las zonas artificializadas y vulnerables, se requiere una gestión intensa para transitar hacia masas forestales resistentes. Pero hacer esto requiere voluntad política, presupuesto y dejar de lado los amiguismos y los macroproyectos extractivistas que se esconden tras la falsa narrativa de «limpiar el monte».
No podemos seguir tratando los incendios como un evento estacional inesperado o un espectáculo televisivo de verano. El cambio climático favorece incendios tan intensos que exceden la capacidad de extinción de cualquier equipo, por muchos medios aéreos que contrate el gobierno a final de campaña. Comprar aviones apaga-incendios para la foto no es política climática; es maquillaje sobre un cuerpo calcinado.
La solución pasa por un cambio de paradigma radical. Exigimos el cumplimiento estricto de los Acuerdos de París, lo que implica abandonar los combustibles fósiles y frenar el urbanismo disperso. Pero también requiere una transición agroecológica urgente: recuperar el mundo rural vivo, devolver la gestión del territorio a las comunidades locales con técnicas regenerativas, recuperar la trashumancia y restaurar los paisajes en mosaico.
Las administraciones públicas deben abandonar la negligencia, la improvisación y el ataque sistemático a los ecologistas que llevan décadas advirtiendo de esto. Nosotros, como ciudadanos, debemos dejar de mirar las cenizas con conmoción fingida para exigir responsabilidades políticas y cambiar nuestros modos de vida. Si no tomamos en serio esta crisis ahora, las próximas generaciones no heredarán un planeta habitable, sino un inmenso y estéril campo de cenizas.
J Luis Carpintero Avellaneda. Profesional sanitario jubilado y exprofesor de la UMA.
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