La falta de empadronamiento, un requisito que no se exige en ningún otro lugar salvo Ceuta, impide a unos 200 niños que viven en Melilla ir al colegio. La Asociación Pro Derechos de la Infancia ha recogido casi 100.000 firmas que piden poner fin a esta discriminación
El curso escolar 2019/2020 podría comenzar en la ciudad autónoma de Melilla con una ausencia importante en las aulas de sus 12 centros públicos de Educación Infantil y Primaria: la de unos 200 niños y niñas a quienes no les dejan ir a clase por no estar en el padrón municipal.
Para que esta discriminación no llegue a suceder, la Asociación Pro Derechos de la Infancia (Prodein) ha presentado casi 100.000 firmas en las oficinas de Madrid del Defensor del Pueblo y en el Ministerio de Educación, «para recordarles la obligación que tienen de escolarizar a los chavales», comenta su portavoz, José Palazón.
La entrega de las firmas es un paso más en la campaña que Prodein viene desarrollando para garantizar que estos chicos puedan comenzar el curso yendo a clase como corresponde, ya que, según Palazón, el motivo por el que se les impide la escolarización es ilegal: la falta de empadronamiento.
Palazón recuerda que las leyes educativas en toda España implican dos requisitos para la escolarización, «que el niño tenga la edad y que resida en España». Ambos son cumplidos por todos estos chavales en Melilla. «Muchos son nacidos en Melilla, algunos que no han nacido allí llevan viviendo seis o siete años, las madres llevan 30 o 40 años. Hay un arraigo muy fuerte, son niños de la ciudad».
Lo que les falta para poder ser escolarizados es el padrón, una exigencia que, en opinión de Palazón, es un invento que sitúa a estos niños fuera del colegio y en un círculo difícil de romper: «Para conseguirlo, un extranjero tiene que ser residente en Melilla, y para ser residente, tienes que estar empadronado». El portavoz de Prodein contrapone esta exigencia extra para escolarizar, que rige en Ceuta y Melilla, a la universalización de la educación que prima en el ordenamiento jurídico: «La legislación española dice que la escolarización no depende de la situación documental de la familia. Los hijos de un marroquí nacionalizado español van a ir al colegio, los de uno con residencia también, y los de uno que no tiene nada, también. Sobre eso no hay duda».
Prodein responsabiliza de esta situación, que califica como política orientada a que los niños no entren en el colegio, al Ministerio de Educación y a la consejería de Administraciones Públicas de Melilla: «Los gobiernos de Melilla en los últimos 20 años han sido de la ultraderecha más recalcitrante y racista de España. En la última década no se ha construido ningún colegio, siendo una ciudad con un crecimiento demográfico muy alto. Entonces la solución que proponen es que aquí sobran niños».
Palazón espera que en la primera semana de septiembre se produzca una reunión con la consejería de Educación para encontrar una solución satisfactoria para unos chicos a los que, desde la Administración, no se les ofrece ninguna alternativa. «La escolarización es de obligado cumplimiento y es incomprensible que tengan que ser organizaciones civiles y no las instituciones quienes se ocupen de que ningún niño se quede sin ir al colegio», concluye el portavoz de Prodein.
Llueve sobre mojado
El año pasado, Prodein ya recogió firmas e impulsó otra campaña para garantizar la escolarización en Melilla de otros 200 menores. Se consiguió a medias, ya que aunque la gran mayoría consiguió ir al colegio, algunos de ellos se han encontrado con que figuran como no admitidos en los listados provisionales para el nuevo curso, pese a haber sido escolarizados en el anterior. Es otro de los asuntos pendientes en este conflicto.