La declaración responsable comunitaria es una herramienta que ofrece seguridad jurídica a ayuntamientos que no quieren contratar con empresas que se benefician del genocidio sionista, según han explicado en la jornada que ha organizado Yala Nafarroa en la UPNA.
Cada vez más instituciones como ayuntamientos y universidades son conscientes de que romper relaciones con Israel es una manera eficaz de llevar a cabo la solidaridad internacionalista con Palestina y de denunciar el genocidio sionista. En este contexto, Yala Nafarroa ha organizado este miércoles en la UPNA una jornada destinada a dotar de herramientas a estas instituciones para avanzar en esta vía.
Según ha destacado Fiona ben Chekroun, coordinadora de BDS en Europa, el boicot a Israel es una medida de presión que se ha incrementado exponencialmente en los dos últimos años y ha recordado que la campaña tiene ya veinte años de antigüedad y entronca con un siglo de resistencia popular palestina, primero contra el colonialismo británico y posteriormente contra el sionista. Junto a ello, ha puesto en valor que se trata de un llamamiento realizado por una amplia coalición de la sociedad civil palestina. Ben Chekroun ofrecerá este miércoles a las 18.45 una charla en la Casa de Cultura de Burlata.
En Euskal Herria, numerosos ayuntamientos han aprobado mociones en las que declaran su disposición a romper relaciones con organizaciones y empresas israelíes. En las universidades, se ha seguido una vía similar.
En busca de la seguridad jurídica
El reto puede ser cómo articular esta voluntad. Y hacerlo con seguridad jurídica. Para ello, en la jornada organizada por Yala Nafarroa, Carla Canal, responsable de Coherencia de Políticas Públicas en el Ayuntamiento de Barcelona, ha explicado las garantías que ofrece la herramienta de la declaración responsable comunitaria para que empresas que se benefician del genocidio sionista no puedan acceder a contratos públicos. Entre los asistentes a la jornada, se encontraban representantes de ayuntamientos. Paralelamente, otra mesa ha analizado las herramientas que se pueden utilizar en las universidades.
Según las leyes que rigen los contratos públicos, que implementan una directiva europea, las instituciones deben exigir a las empresas que quieran acceder a un concurso una declaración en la que manifiestan que cumplen la legalidad en ámbitos como la igualdad de género, la protección del medio ambiente o el laboral. En esta declaración, también se incluye la no vulneración de los derechos humanos.
Canal ha subrayado que la dificultad para un ayuntamiento puede ser la comprobación de si la declaración que ha manifestado esta empresa se ajusta a la realidad o no. Una cosa es decir que se está a favor de la igualdad de género y luego tener una doble escala salarial, por ejemplo. Lo complicado suele ser demostrarlo. Mentir en esta declaración sería una falsedad documental.
En el caso de la vulneración de derechos humanos en Palestina, en cambio, hay una lista de empresas señaladas por la ONU. Con la ley en la mano, un ayuntamiento se puede negar a contratar con estas empresas con completa seguridad jurídica. La lista de la ONU ofrece, por tanto, una herramienta para demostrar que estas empresas vulneran los derechos humanos y se les puede excluir. Todo ello, antes de que comience el proceso de selección.
Contratos ferroviarios
Canal ha recordado el caso de una contratación de Transports Metropolitans de Barcelona para adquirir tranvías. Alstom intentó recurrir su exclusión del concurso por encontrarse en la lista negra de la ONU. Finalmente, logró salir de la lista antes de que se resolviera el recurso y pudo presentarse al concurso. Pero otra empresa del sector, la vasca CAF, entró en la lista y fue excluida.
La responsable del Ayuntamiento de Barcelona ha relatado que las empresas realizan importantes esfuerzos jurídicos para salir de la lista negra de la ONU, ya que supone una importante merma de sus ingresos. Ha contado que a CAF se le requirió para que dejara el proyecto del tranvía sionista de Jerusalén, pero que hizo caso omiso.
Ainara Armendariz, secretaria del Ayuntamiento de Antsoain, ha destacado que esta herramienta es de «muy fácil aplicación» y que está «al alcance de la mano» de los consistorios navarros.
Como punto débil se puede mencionar que, por volumen, es complicado que ayuntamientos navarros puedan contratar con las empresas que aparecen en la lista de la ONU, pero en la jornada de Yala Nafarroa, han destacado que la declaración responsable comunitaria puede ser una herramienta útil para exigir a las empresas que no vulneren los derechos humanos. Tampoco en Palestina.