El gran humorista norteamericano Will Rogers (1879 -1935) dijo una vez que «tenemos el mejor Congreso que el dinero puede comprar». Quisiera que nos viera hoy. La enfermedad que Rogers diagnosticó hace tantas décadas era solamente un lunar en el cuerpo político, comparado con el monstruo en que se ha metastatizado. Como implica la célebre […]
El gran humorista norteamericano Will Rogers (1879 -1935) dijo una vez que «tenemos el mejor Congreso que el dinero puede comprar». Quisiera que nos viera hoy. La enfermedad que Rogers diagnosticó hace tantas décadas era solamente un lunar en el cuerpo político, comparado con el monstruo en que se ha metastatizado.
Como implica la célebre cita de Rogers, desde hace mucho tiempo el dinero ha jugado un rol importante –y las más de las veces nefasto– en la política norteamericana. Con frecuencia, el poder económico concentrado de grupos con intereses muy estrechos ha encontrado el beneplácito en los pasillos del Congreso, como resultado de contribuciones de campaña bien ubicadas. No es inusual que las industrias más socialmente destructivas tengan los cabildos más efectivos que canalizan dinero para campañas con el fin de asegurar resultados totalmente ajenos al interés público. Así, durante décadas la industria de las armas de fuego, representada por la Asociación Nacional de Rifle (NRA), y la industria tabacalera (los productos de esta son responsable de un estimado de 400 000 muertes al año, solo en Estados Unidos) han puesto en práctica las más exitosas operaciones de cabildeo en Washington.
Y las actividades de estas industrias tampoco se han desarrollado con un nivel de discreción. Es más, en 1995, el entonces presidente de la Conferencia del Partido republicano, John Boehner -el hombre que se convertirá en presidente de la Cámara de Representantes si los republicanos obtienen la mayoría– con todo descaro repartió cheques entre sus colegas republicanos en el propio recinto de la Cámara. Los cheques provenían del comité de acción política de la compañía tabacalera Brown & Williamson Corp.
Y la influencia del dinero de campaña no ha estado restringida a la política interna. Es del conocimiento de todos que los cabildos de línea dura pro Israel y anti castrista han ejercido durante décadas y hasta el presente enorme influencia en la política exterior de EE.UU. Estos cabildos han infligido un daño incalculable a las perspectivas de paz en el Medio Oriente y a la normalización de las relaciones EE.UU.-Cuba.
Y todavía falta mucho por ver. Este es el año en que al poder del dinero se le permite ejercer el máximo de influencia en la política norteamericana, gracias a un Tribunal Supremo repleto de jueces pro corporaciones, nombrados por George W. Bush. En enero, en el caso de Ciudadanos Unidos vs. Comisión Electoral Federal, el Tribunal concedió al poder del dinero una de sus grandes victorias En una decisión ideológica de 5-4, el Tribunal Supremo hizo caso omiso de un precedente de décadas que prohibía a corporaciones, asociaciones y sindicatos donar dinero para influir en las elecciones.
La decisión de Ciudadanos Unidos abrió las compuertas a las corporaciones para que contribuyeran con decenas de millones de dólares a las campañas. Ese dinero, que ha beneficiado más a republicanos que a demócratas en una proporción de 7 a 1, se canaliza por organizaciones establecidas, como la Cámara de Comercio de EE.UU., así como por grupos recién estrenados que sirven de pantalla a los republicanos, y que fueron creados expresamente con este propósito. Entre estos están American Crossroads y Crossroads GPS de Karl Rove, el ex asesor principal de Bush.
Aunque bajo las nuevas regulaciones las corporaciones podrían financiar directamente anuncios comerciales de una campaña, la ventaja de utilizar a un tercero es que evita repercusiones a las corporaciones, tales como protestas o boicots de consumidores. Para las corporaciones, lo bueno de la situación es que la organización a la cual entregan su dinero político no tiene que revelar al público la identidad de la fuente de la contribución. De esa manera, las corporaciones no solo pueden tratar de comprar las elecciones, sino que pueden lograrlo sin que el elector sepa quién es el comprador.
El papel del dinero en estas elecciones tiene una fuente secundaria, además de la decisión del Supremo: la extrema concentración de riqueza individual que ha tenido lugar durante las últimas dos décadas. El ascenso de un minúsculo pero fabulosamente rico sector de la población hace posible que una candidata como Meg Whitman, que aspira a ser gobernadora de California en la candidatura republicana, gaste más de $140 millones de su propia fortuna para tratar de comprar la elección. Whitman es sólo una de los muchos candidatos sin experiencia política, pero con una gran fortuna, que han tratado de usar su dinero para llegar a un cargo público. El éxito de Michael Bloomberg, el alcalde multimillonario de Nueva York, está siendo emulado por muchos candidatos, algunos de los cuales descubrirán que no basta la fuerza de dinero para ganar una elección. Hasta Donald Trump, el megalómano y urbanista de Nueva York, le ha estado dando vueltas a la idea de aspirar a la presidencia en 2012.
Las elecciones de 2010 y de 2012 darán la medida de hasta dónde la democracia norteamericana puede sobrevivir a la arremetida de plutocracia lanzada por el Tribunal Supremo y las dos décadas de guerra de clases de los de arriba contra los de abajo.