Numerosas organizaciones de mujeres consideran que el tratamiento de los medios de comunicación de las detenciones de Barcelona «desvirtúan la realidad» y crean «alarma social». Abortar es una cuestión de derechos humanos desde que fue reconocido como parte de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en la Conferencia Internacional sobre la Población y […]
Numerosas organizaciones de mujeres consideran que el tratamiento de los medios de comunicación de las detenciones de Barcelona «desvirtúan la realidad» y crean «alarma social».
Abortar es una cuestión de derechos humanos desde que fue reconocido como parte de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en la Conferencia Internacional sobre la Población y Desarrollo celebrada en El Cairo en 1995.
Según Santiago Barambio, portavoz de la Asociación de Planificación Familiar de Cataluña y Baleares (APFCB), el tratamiento que los medios de comunicación están dando en las informaciones sobre las detenciones de Barcelona atenta contra este derecho fundamental de las mujeres, pues están «criminalizando» al colectivo de profesionales que realiza los abortos en el Estado español. Colectivo al que «habría que hacer un monumento» porque las mujeres pueden ejercer su derecho a interrumpir el embarazo gracias a que las clínicas privadas asumen cerca del 98% de los abortos que se realizan en el país. Considera Barambio que mientras la Justicia decide si estas clínicas cometían irregularidades, se está condenando al conjunto de la profesión. Las informaciones publicadas suponen un paso atrás en los posibles avances legislativos para actualizar la ley, que para la Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE) debería contemplar un aborto libre y gratuito, pues forma parte de los derechos humanos fundamentales.
Asimismo, la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción de Embarazo en España (ACAI) sostiene que la «irrupción judicial» en clínicas de Barcelona acreditadas para abortar crea «alarma social» y considera que «estas noticias desvirtúan la realidad del aborto en España». Para esta asociación, el aborto es una prestación que «no está normalizada en la Sanidad pública».
Por su parte, Victoria Virtudes, feminista y experta en salud sexual y reproductiva, propone una ley de plazos pero, sobre todo, «sacar el aborto del Código Penal» porque ahora se puede denunciar a cualquier mujer que haya abortado bajo el supuesto de grave riesgo para la salud, bajo el cual se realizan el 97% de las intervenciones. «Mientras se siga así, todas las mujeres que aborten están amenazadas aunque lo hayan hecho bajo uno de los tres supuestos de la ley, porque cualquier persona -un marido, un novio despechado, un grupo ‘provida’- puede denunciarlas».
Respecto a lo que los medios están publicando respecto a las clínicas catalanas, Virtudes cree que responde a una «maniobra de la derecha» que aprovecha cualquier circunstancia para condenar el aborto.
Seguridad para las mujeres
La Asamblea Feminista de Madrid cree que la desinformación «da pábulo a interpretaciones interesadas que pretenden desvirtuar la realidad» del aborto y las condiciones en las que éste se realiza.
Por su parte, la presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Altamira Gonzalo, piensa que los medios están presentando como «culpables» a las personas detenidas y «conculcando el principio de presunción de inocencia». Themis considera necesario modificar la regulación del aborto para dar más seguridad jurídica a las mujeres, pues «dependiendo del momento social, se puede interpretar de una u otra manera». Themis apuesta además por que la Sanidad pública asuma el total de los abortos para que todas las mujeres puedan acceder a este derecho.
Sólo el 2,9% de los abortos se hace en la red pública
Aunque en el Estado español el aborto está despenalizado en tres supuestos concretos desde 1985, un reciente informe elaborado por organizaciones feministas denuncia que las mujeres no tienen garantizada esta prestación en la red sanitaria pública -en siete Comunidades no se practican abortos en hospitales públicos-, lo que las fuerza a pagar por ejercer un derecho.
Como el Reino Unido, el Estado español regula la interrupción voluntaria del embarazo bajo una ley de indicaciones: se puede practicar bajo unos supuestos determinados, pero fuera de ellos abortar está penado. Las organizaciones feministas critican que la ley de despenalización parcial del aborto mantiene la tutela judicial y médica sobre el cuerpo de las mujeres y no garantiza la prestación en la red sanitaria pública, forzándolas a pagar por ejercer un derecho.
Según el informe Interrupción voluntaria del embarazo: el derecho de las mujeres a decidir, de la Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas (COEF), publicado el pasado marzo, la ley de 1985 arroga el poder de decidir «a los jueces, porque el aborto sólo está despenalizado en tres supuestos, y a ellos corresponde decidir si la causa que una mujer alega entra o no en uno de los supuestos contemplados». Al seguir tipificado el aborto como delito, no hay seguridad jurídica de que no se persiga. En 1985, Acción Familiar, asociación próxima al Opus Dei, se querelló contra tres profesionales de ginecología del hospital público Virgen del Camino de Pamplona por implementar la ley. El juicio se celebró en 1990 y culminó en su absolución. 17 años después, ni una clínica navarra, pública o privada, practica abortos y las mujeres tienen que desplazarse a otras comunidades.
Aunque la ley prevé que se realice en hospitales públicos y clínicas acreditadas por Sanidad, sólo el 2,9% de las interrupciones se hacen en la red pública. La pública, un vía crucis En siete comunidades no se practican abortos en hospitales públicos.
Además se da una enorme desigualdad en la financiación entre zonas: en Andalucía y Murcia, el Servicio de Salud concerta el pago del 47% y el 70% de abortos en clínicas privadas respectivamente. En otras comunidades se reembolsa el pago de algunas interrupciones voluntarias a las clínicas, a las mujeres u ONG que las tramitan, y en otras zonas, no hay concertación. En la red pública, la complejidad de los trámites puede retrasar el aborto hasta las 12 semanas de gestación, fecha en la que muchos hospitales se niegan a practicarlo.
No hay un único protocolo de atención, por lo que ésta varía por comunidades autónomas, ciudades y hasta por hospitales. La mujer explica el supuesto por el que quiere abortar al o la responsable de ginecología: si es por riesgo para su salud física o psíquica (97% de abortos y 47% de los realizados en la pública), puede encontrarse con una negativa; si este responsable lo acepta, la comisión interdisciplinaria del hospital vuelve a valorar sus argumentos. En caso de malformación fetal el hospital deriva a otras provincias, comunidades o puede pagar el aborto a clínicas privadas. Además, la desregulación de la objeción de conciencia permite que todo el personal implicado en la interrupción pueda negarse a participar.
Quien paga decide
Aunque en las clínicas privadas el procedimiento de acceso al aborto es más sencillo, la Coordinadora de Organizaciones Feministas critica que la mayoría no oferten abiertamente el aborto farmacológico: el compuesto RU 486 paraliza el embarazo a las dos o tres semanas y evita desplazamientos. Su precio de coste es de 60 o 70 euros y se llega a vender a 420, superando el coste medio de un aborto quirúrgico en unos 380 euros. Las menores de edad requieren permiso de progenitores o tutores para abortar, ya que la Ley 41/2002 de derechos del paciente trata la interrupción voluntaria del embarazo como excepción a la prevalencia de su derecho a decidir sobre intervenciones médicas. Ante el laberinto de obstáculos a la libre decisión, la COEF reclama sacar el aborto del Código Penal, «salvo en el caso de que se realice contra la voluntad de la mujer» y realizar las interrupciones del embarazo de menos de ocho semanas en la atención primaria para evitar costes de atención y hospitalización. También reclaman que se normalice su enseñanza en la carrera universitaria para asegurar la formación y preparación de quien lo practique, que se derogue la cláusula de tutela sobre el consentimiento de menores de la Ley 41/2002 y que los hospitales públicos publiquen la lista del personal objetor y garanticen que las nuevas contrataciones no sean a profesionales que objeten. Tras las detenciones y registros en Ginemedex-TCB, sólo Iniciativa per Catalunya ha pedido la despenalización total del aborto.