El informe de los expertos o comité de sabios, como lo denominan algunos, está hecho para posibilitar un impulso a las pensiones privadas. Mikel de la Fuente no duda de que lo que se pretende es realizar ajustes automáticos de las pensiones en base a la esperanza de vida y por debajo de la inflación, […]
El informe de los expertos o comité de sabios, como lo denominan algunos, está hecho para posibilitar un impulso a las pensiones privadas. Mikel de la Fuente no duda de que lo que se pretende es realizar ajustes automáticos de las pensiones en base a la esperanza de vida y por debajo de la inflación, con lo que los pensionistas no dejarán de perder poder adquisitivo. La propuesta del «grupo de sabios» ha activado de nuevo las alarmas sobre el futuro de las pensiones. Desde 1985 no han parado los diferentes gobiernos españoles de introducir reformas, a pesar de que el gasto en pensiones en el Estado español es de los más bajos de la UE-27 en relación al PIB.
¿Qué supone el paso dado por el comité de expertos, vinculados al sector privado?
La particularidad que tiene es que pretende objetivizar -entre comillas- la reducción de las pensiones, en base a parámetros que se definen previamente, de forma que no sea necesario congelar progresivamente las pensiones, como ha ocurrido los últimos años, con lo que se evita una conflictividad social y política. Se pasa el mal trago de una vez y los llamados expertos le dan un barniz de importancia. Permite plantear la ampliación del periodo de cálculo de las pensiones a toda la vida laboral, como parece que está de acuerdo el comisario Joaquín Almunia, o la aceleración de ritmos en el retraso de la edad de jubilación a los 67 años. En Alemania, y otros países, es más suave. Por razones de conveniencia política y electoral no parece que se hará ahora, pero no tienen inconvenientes en hacerlo más adelante.
¿Qué es el llamado factor de equidad intergeneracional que han fijado los expertos?
Establece una fórmula matemática para desarrollar la esperanza de vida y trasladarla a una reducción de las pensiones que va del 0,7% al 20% de recorte final. Supondrá una reducción del poder adquisitivo. Va a ser una reducción absoluta en pensiones.
¿Y el factor de sostenibilidad?
Establece la revalorización automática de las pensiones. Se deja de utilizar el IPC y se toman en cuenta varios parámetros, que limitan la caída y la subida. Lo que conlleva es una reducción de las pensiones en cuantía importante, ya que las revalorizaciones van a ser en el horizonte previsible inferiores al IPC y en muchos casos congelaciones, como seguro que pasará para el 2014, lo que se unirá a las anteriores.
Si el gasto en pensiones sobre el PIB es inferior al resto de UE, ¿por qué se plantea ahora esta nueva revisión?
Como consecuencia del desastre económico, derivado del desastre bancario, estamos con tasas de desempleo enormes, que dan lugar a una recaudación inferior. Se ha roto la tendencia superavitaria de la Seguridad Social. Se ha cortado por la crisis, debido, en buena parte, al rescate bancario, inmobiliario y a las políticas publicas, que se han revelado desastrosas, y todo ello ligado a la corrupción política, inmobiliaria y bancaria, por un lado. Y, por otro, a una política del Gobierno español y del gran capital español de intentar salir de la crisis sobre la base de ir al modelo anterior con una reducción de los salarios y del coste laboral. El ministro español De Guindos dice que la economía gana competitividad, gracias a la reforma laboral. Se gana con la reducción de coses salariales, y el de Seguridad Social es uno más.
¿Competitividad «a lo chino»?
Sí. No es una competitividad sana, como se desarrolla en otros países avanzados. No apuesta por esa competitividad de exigir a las empresas que inviertan y se esfuercen, sino que van a la vía fácil la de salarios muy bajos, de reducción de costes salariales y de la seguridad social.
Pero, el PIB que se gasta en pensiones es poco más del 10%, y en 2050, el 16%.
El gasto en pensiones es inferior. Estamos en poco más del 10%. Ha aumentado un poco porque se ha reducido el denominador del PIB. Estaría en el 16% en el 2050, pero con el efecto de las reformas del 2011 se reducirá al 13,7%. Creo que los recortes están subvalorados, van a ser más intensos y la reducción será mayor. Eso sí, alcanzar los parámetros de 38,5 años de cotización para tener la pensión plena, ya no se llegará, por lo que habrá también una reducción de costes. Es una medida directa del mercado de trabajo. Sin hacer nada más, bajaría el coste. Creo que la reducción será inferior al 13,7%.
¿Hay que contratar, por tanto, pensiones privadas?
¿Cómo, si no tienes trabajo o tienes sueldos bajos?. Lo que se pierde de pensión pública no se puede compensar con la privada. Porque la gente solo podrá pagar cuando esté trabajando, no cuando esté sin trabajar. Con el nivel salarial previsto a la baja, cotizará por una cantidad pequeña. En pensiones privadas, por cantidades pequeñas no es rentable, porque están afectadas por gastos de tramitación muy importantes. Estudios del IESE de Navarra determinan que de los más de mil fondos privados solo tres han tenido rentabilidad por encima de la inflación.
¿Qué habría que decir a los políticos para que no acepten las propuestas de los expertos?
Que es una vuelta atrás de una de las conquistas del siglo XX. Gracias a las pensiones públicas se evitó la pobreza en la tercera edad. Es un factor clave para limitar la pobreza y contar con una vida digna. Con estos recortes, esto se compromete. Porque con unas y otras medidas la pensión va a caer entre un 30 y un 40% por lo menos. Esta pérdida estará muy desigualmente repartida. Vamos a volver atrás, en relación a 25 y 30 años.
¿Hay margen suficiente para garantizar las pensiones públicas?
El sistema basado en cotizaciones sociales tiene la ventaja que permite considerar a la Seguridad Social y a las pensiones como algo colectivo. Es complicado en el contexto de los déficit públicos actuales elevar las cotizaciones y los impuestos. Lo que sí es posible, lo tengo claro, es conseguir que la base de cotización no sea el salario, sino que se incorporen los beneficios empresariales. Que sea el conjunto del valor añadido. Durante la crisis los excedentes empresariales siguen creciendo.
¿Cuánto?
En los últimos cuatro años, las rentas de trabajo han perdido 5,2 puntos y las rentas de capital han aumentado 3,6 puntos. Hay margen para aumentar salarios y cotizaciones sociales. Extendiendo al conjunto del valor añadido, tiene la ventaja que no perjudica, como puede hacerlo el sistema actual basado en salarios. Las empresas más intensivas en mano de obra, pagan más. Empresas intensivas en capital y tecnología avanzada paga menos en cotizaciones porque tiene menos plantilla.
«Un sistema vasco de pensiones necesita aplicar otra política»
¿Se puede construir un sistema público vasco de pensiones?
Claro. La discusión no es si se puede, sino qué ventajas tiene. Hay una argumentación discutible, basada en si saldríamos beneficiados porque perdemos en el Estado español. Creo que no es cierto en este momento, aunque puede cambiar. No tenemos un sistema que nos dé superávit. Para hacerlo, es necesario aplicar otra política. Si exige más gasto, debemos llevarlo adelante, porque un sistema público permite también ahorros.
¿Como cuáles?
Una política de pensiones propia te permite menos necesidad de recurrir a pensiones privadas, que suponen un coste fiscal muy importante. Las pensiones públicas más generosas permiten aumentar los topes de pensión y de cotización, lo que implica que reduces la presión de quienes más ingresos tienen para que no acudan a las pensiones privadas. Las pensiones privadas además generan más desigualdad entre los que más y menos tienen. Se podrían anticipar las jubilaciones de los trabajos más penosos y podrías beneficiar con la tasa de reemplazo a quienes tuvieran pensiones más bajas.
¿Supondría que habría que aumentar el esfuerzo para garantizar el sistema?
Si implica que hay que aumentar el esfuerzo, habrá que hacerlo. No negaría que haya que hacerlo. Hay que tener en cuenta, que es una cuestión que se nos escapa. Nos dicen que el sistema estatal tiene reglas mejores, porque se necesitan menos años cotizados para alcanzar la pensión plena. En Francia, hasta ahora, hacían falta entre 40 años y 41,5 años, mientras que en el Estado español son 35 años. En Alemania es como en Francia, pero resulta que aquí hay más desempleo, hay más dificultades para alcanzar esos años y las coberturas de prejubilación son lamentables. Han empeorado. Esas peculiaridades de empleo y de protección social dan lugar a que las pensiones se reduzcan.