Contaminar en Argentina no es delito. Las leyes que sancionan dicha falta duermen en el Parlamento, lo que resulta contradictorio con la causa nacional -que reunió a actores políticos y sociales- contra la construcción de papeleras uruguayas en el río limítrofe que separa a la nación trasandina de Uruguay. La Corte Internacional de La Haya […]
Contaminar en Argentina no es delito. Las leyes que sancionan dicha falta duermen en el Parlamento, lo que resulta contradictorio con la causa nacional -que reunió a actores políticos y sociales- contra la construcción de papeleras uruguayas en el río limítrofe que separa a la nación trasandina de Uruguay.
La Corte Internacional de La Haya (órgano judicial de Naciones Unidas) falló a favor de las empresas de celulosa Botnia y Ence, lo que golpeó a las autoridades, movimientos sociales y ecologistas argentinos, que reclamaban por el daño ambiental que provocarían dichas industrias en su rivera del río Uruguay.
Todo empezó con los cortes de ruta de los habitantes de Gualeguaychú (a 230 kilómetros al este de Buenos Aires), localidad de la provincia de Entre Ríos. El gobierno argentino tomó la posta, intervino en el conflicto y endureció su postura frente a la construcción de las dos papeleras, llevando el caso a la instancia internacional. Hasta entonces, el presidente Néstor Kirchner había mencionado el tema ambiental.
«Nunca los políticos, gobernantes, ni la sociedad argentina se desvelaron por cuidar el medio ambiente. Tampoco creo que el conflicto de las papeleras haya generado conciencia para comenzar a cuidar ahora la ecología», comentó a este semanario el analista político Iván Gómez.
La ley que fija la política ambiental de toda la nación fue sancionada el 6 de noviembre de 2002, pero nunca se reglamentó para su aplicación práctica porque venció el plazo. Lo mismo sucedió con la ley de Gestión de Residuos Industriales.
Argentina, en su extensa geografía, cuenta con 11 papeleras, y más de la mitad de ellas fueron denunciadas por contaminar. La planta de Alto Paraná, en la provincia de Misiones (1.300 kilómetros al noroeste de Buenos Aires), es cuestionada por ambientalistas por contaminar el agua y destruir bosques nativos. Utiliza la misma tecnología que usa Arauco, una industria en Valdivia al sur de Chile, cuyos desechos provocaron la muerte de 5.000 cisnes de un reservorio natural, solo para citar un ejemplo.
«Argentina no tiene autoridad para discutir sobre ecología. Desconoce el tema y tiene grandes falencias en las políticas de medio ambiente. Una clara demostración es el Río de La Plata que rodea a Buenos Aires con aguas contaminadas», opina Gómez.
Javier Echaide, abogado especialista en derecho internacional, piensa que es posible un cambio a partir del caso de las papeleras uruguayas. «Debería servirnos a los argentinos para dejar de ser tan hipócritas y analizar realmente cuál es la situación ecológica que vive nuestro país, y para que los sudamericanos no permitamos que empresas extranjeras instalen en nuestro territorio plantas que contaminan.»
La Constitución argentina dicta el derecho a vivir en un medio ambiente limpio, lo que permitió a los vecinos del río de la cuenca Matanza-Riachuelo (a 60 kilómetros al noreste de Buenos Aires) demandar a las empresas que allí vierten desechos. La Corte Suprema sólo pudo obligar a las 44 industrias que allí operan a informar sobre los residuos que derraman. Pero instó al gobierno a presentar un plan de manejo y convocó a todas las partes a una audiencia pública para el 5 de septiembre próximo.