El capitalismo español y su desarrollo histórico siempre ha estado marcado, entre otras cosas y entre otros episodios históricos, por la gran influencia de la denominada «Reconquista» (Concepto que desde la óptica de la ciencia histórica carece de fundamentos para la realidad a la que alude), la creación de una «monarquía moderna» carente de importantes […]
El capitalismo español y su desarrollo histórico siempre ha estado marcado, entre otras cosas y entre otros episodios históricos, por la gran influencia de la denominada «Reconquista» (Concepto que desde la óptica de la ciencia histórica carece de fundamentos para la realidad a la que alude), la creación de una «monarquía moderna» carente de importantes elementos característicos del «Estado moderno» y finalmente la ausencia de una (necesaria) revolución burguesa como la que hubo en los países del capitalismo avanzado.
El caso es que en España esos contextos históricos fueron generando una progresiva relación «Norte-Sur», una división clara de la extracción y acumulación de capital en determinadas regiones, y en consecuencia la creación de un Estado que respondiese a dicha realidad. Una consecuencia reciente, y no menor, es la aprobación del nuevo modelo de financiación autonómica a través del cual se mantiene fidelidad a la división mencionada.
En primer lugar decir que en vista del poco caso y ninguneo político al que se ha sometido al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) bien podríamos solicitar su cierre.
En segundo lugar tomar como año base el 2007 para la necesidad de recursos de cada CC.AA el importe liquidado ese año (Ligeramente superior a los 114.000 millones de euros) sin cuestionarse si la distribución es justa (Que no lo era, ya que el balance de inversiones en capital productivo, social, infraestructuras, compensación del abandono histórico de ciertas CC.AA que se están viendo sumidas en la despoblación y el envejecimiento de su población en contraposición con lo invertido en las más avanzadas ilustra un claro saldo positivo para las segundas sin intención de nivelar la balanza), y lo que está más vigente hoy en día, que es la variación considerable de los recursos recaudados en plena crisis, que variarán bastante, especialmente los de las CC.AA más atrasadas que son las que más dependían de sectores no productivos como la construcción y el sector servicios, lo que inhabilita el sistema de cálculo especialmente para ellas.
En tercer lugar decir que es cierto que el nuevo modelo tiene de positivo una mayor transparencia en cuanto a la financiación. Lo que no podemos decir del proceso de negociación, el cual ha sido totalmente opaco, de lo cual son responsables todas las fuerzas políticas que han tomado parte en él, a lo que se añade el que el anuncio por parte de la Administración General del Estado, según el cual si alguna de las partes no aceptaban el modelo no sería recompensada en el futuro por los recursos no recibidos, dejaba poco margen para el debate, y por supuesto limitaba el margen de acción de cualquiera de las partes no beneficiadas por el acuerdo (Y digo esto teniendo en cuenta que en realidad de lo que estamos hablando es de siglas políticas, no esperando que el principal partido de la oposición fuese a hacer una oposición seria al acuerdo, y más cuando la Comunidad de Madrid es una de las principales beneficiadas del nuevo modelo).
En cuarto lugar la distribución de los recursos indica una deconstrucción del Estado central no racional desde el punto de vista social. Y digo esto porque el incremento de los tributos a las CC.AA como por ejemplo el IRPF y el IVA desde el 33% y el 35% respectivamente hasta el 50% (Además de los impuestos especiales de fabricación desde el 40% al 58%, etc.) fortalecen un modelo autonómico ineficaz, creador de auténticas castas políticas regionales y que olvida un elemento central de la administración española como es el Municipio, el cual se encarga cada día de más elementos del sistema social pero al que no se le trasladan los recursos proporcionales. El Gobierno ha incumplido su promesa de establecer un nuevo modelo de financiación municipal este año retrasándolo al año 2011, cuando será más difícil al haber proporcionalmente menos recursos que redistribuir y con un acuerdo autonómico ya asentado.
Relacionado con esto la Izquierda tiene que reflexionar sobre cómo con el discurso de la descentralización administrativa (También de impuestos, etc.) el PP y el PSOE lo han utilizado para precarizar el modelo social, contribuyendo con este discurso a reducir a la financiación de la Sanidad, Educación, etcétera al no traspasar los recursos con que antes contaba, por no hablar de la eliminación y reducción de impuestos por parte de las CC.AA en una carrera por ver quién los reduce más en aras de la competitividad entre unas y otras.
Y con el tema municipal ocurre una situación similar. Teniendo en cuenta el desarrollo de los acontecimientos y el afán descentralizador del sistema, la Izquierda debe trasladar un modelo de propuesta claro que perfectamente podría ser a modo de esbozo general un reparto de los recursos del 33% para los municipios, el 33% para las CC.AA y el 33% para el Estado central, siempre con una visión de Estado que tenga como objetivo la diversificación de la economía española y la descentralización del tejido productivo, de infraestructuras, etcétera en lugar de ser política de Estado concentrar el capital y la producción en 3 o 4 regiones mientras las demás se rezagan progresivamente. En cualquier caso la financiación debe atender cinco elementos: Competencias gestionadas por los Ayuntamientos, las gestionas por las CC.AA, las gestionadas por el Estado central, y las competencias destinadas a reducir las desigualdades territoriales y las destinadas a reducir las desigualdades sociales.
Por último, sobre el tema municipal, manifestar la mediocridad política de la inmensa mayoría de gobernantes municipales liberados por su cargo y lo atados que están al «pesebre». Tanto quejarse de la situación de las arcas municipales, excusar su mal gobierno y falta de inversiones por la falta de recursos económicos y ahora que era el momento de articular una respuesta contundente todos (La mayoría) se quedan callados, sujetos dicen a órdenes de partido, etc. En definitiva sujetos a vivir de la política en vez de organizarse para lograr otra situación siendo unos de los que más presión podían hacer.
En quinto lugar simplemente desde una perspectiva socialdemócrata es inadmisible el punto relativo a la cesión a las CC.AA de más autonomía fiscal (Es decir, «competitividad» en términos neoliberales) como el hecho de que vaya a ser éstas las que regulen y reciban el 50% del IRPF, ya que esto supone una introducción de la competitividad interregional que implica siempre una reducción de los impuestos progresivos, una carrera por parte de los políticos para atraer capitales eliminando para ello las cargas impositivas. En otros términos esto pasa ya con Navarra y el País Vasco, CC.AA en situación de privilegio fiscal que cada vez que en España se realiza una reforma fiscal ellas realizan la suya reduciendo aún más la fiscalidad.
Además este es un elemento a tener muy en cuenta, porque las CC.AA desarrolladas recaudan a través del IRPF una cantidad mucho mayor que las no desarrolladas (Para que nos hagamos una idea, de los 1.800 millones de euros que dejarán de recaudarse por la supresión del Impuesto de Patrimonio 1.000 procederían de Madrid y Cataluña), lo que unido a los hechos de que se introduzca una limitación cuantitativa de la solidaridad entre españoles del 80 % de los recursos (Se empieza por esto y se acaba peor) y de que se el criterio de «ordinalidad» (Es decir, que las CC.AA con mayor capacidad recaudatoria deben obtener más recursos del sistema que las demás), junto con el «Fondo de competitividad» distribuido entre las CC.AA «más dinámicas» o de «mayor capacidad fiscal» nos ilustra un modelo con una división interna del trabajo, de los recursos, del capital, etcétera que impiden un desarrollo armonizado y equitativo del país, sumiendo a las zonas no desarrolladas en su atraso social y cada vez con menos mecanismos para salir de él a la vez que se potencia lo contrario en otras regiones avanzadas, dejando a las primeras abocadas a la progresiva despoblación, como las dos Castillas, Extremadura, etcétera o directamente obligadas a protegerse en sectores no productivos y especulativos como el de la construcción y el sector servicios, que a su vez van acompañados de precariedad laboral, deficiente sistema social, etcétera, ya que el denominado «Fondo de cooperación» ha quedado como algo diminuto para corregir la dimensión del problema del que hablamos.
En definitiva estamos hablando de una reducción de la solidaridad territorial (O más bien de la justicia social) y un descenso de la nivelación, acentuando la distancia entre unas CC.AA y otras, unido a un favorecimiento del «Dumping fiscal» entre CC.AA.
Frente a todo esto debe haber un esbozo sencillo fundamentado en la existencia de la Caja Única de la Seguridad Social, la competencia exclusiva del Estado central en lo referente a la regulación, gestión y recaudación de las cotizaciones sociales, la unidad del mercado laboral, exclusividad en la regulación marco del sistema fiscal y en la regulación de IVA, el IRPF y el Impuesto de Sociedades.
Y por último voy a hablar de los 11.000 millones extras del nuevo modelo de financiación autonómica. El PIB per cápita de España es el 93% del promedio de la UE, sin embargo el gasto público social per cápita es sólo el 71%. Estamos hablando de que para igualar la media deberíamos tener un gasto social de 70.000 millones más, con lo que al igual que no es serio detenerse en las cifras del gasto social en el que nos movemos tampoco es serio desde posiciones de izquierdas detenerse a mencionar estos 11.000 millones que son para financiación en general, sin compromisos sociales concretos.
Además son precisamente las CC.AA más avanzadas las que son los máximos estandartes del recorte de progresividad fiscal y consecuente reducción de los recursos recaudados. El PP y el PSOE junto con los representantes de las oligarquías vascas y catalanas han sido los que en poco más de una década han eliminado anualmente la recaudación de algo más de 25.000 millones ligados a la progresividad fiscal. Curiosamente a la vez son las regiones que más fondos exigen, mientras que las regiones no desarrolladas se suben vergonzosamente al carro de las primeras por «responsabilidad política». Y eso que yo soy favorable a que se tenga un control total de los gastos en los que se invierte la solidaridad interregional, que haya compromisos legislativo de inversión en tejido productivo, Sanidad, Edudación, etcétera, porque ahí tenemos el ejemplo de Andacía, Comunidad Autónoma que ha recibido gran cantidad de fondos en los últimos años y no tiene la más mínima estructura social para que sus ciudadanos tengan una protección decente, al contrario, todo se ha dedicado a sectores no productivos y ahora en plena crisis tiene un 30% de paro, lo que da una idea del desgobierno popular que hay en la región.
También se habla del endeudamiento del Estado como elemento que impide hacer más políticas sociales. Es curioso que para unos haya dinero y para otros queden las migajas, pero por dar unos datos, y no remontarnos en el tiempo, el Estado dejó de ingresar 19.540 millones de euros en el año 2008, de los que 4.100 millones corresponden a la deducción de los 400 euros, 1.090 millones al «cheque-bebé», 2.400 a la reforma del IRPF que redujo del 45 al 43 % el tipo máximo de gravamen y 5.520 millones a la rebaja del Impuesto de Sociedades. A esto hay que unir los 1.800 millones para este año por la supresión del Impuesto de Patrimonio, el cual pagaba sólo el 1,1% de la población española.
Recursos hay, en todos los sentidos. El problema está en que están mal distribuidos, la financiación autonómica se realiza en clave puramente neoliberal, y en consecuencia no es posible esperar que nuestro modelo social deje de deteriorarse. Son políticas para lo contrario.
Pedro Mª De Palacio es militante del PCE e IU.