1.- SOBRE LOS REGADÍOS DE TIERRA DE BARROS. EL DEBATE SOBRE EL AGUA
De los regadíos en Tierra de Barros se viene hablando desde hace muchos años. Los últimos gobiernos regionales han tomado el proyecto con fuerza y ponen todos los medios para acelerarlo. Las informaciones periodísticas más recientes señalan que las decisiones técnicas y políticas necesarias para dar vida a la financiación del proyecto avanzan a buen ritmo y se espera que las obras comiencen en el 2023, aunque el agua no llegaría hasta las parcelas de los agricultores en el año 2026.
Hasta la fecha no ha habido un debate público sobre este asunto, teniendo en cuenta que según los expertos hay implicadas incógnitas de difícil resolución relacionadas con el abastecimiento de agua, parcelaciones e inversiones dinerarias superiores a los 250 millones de euros, cantidad que probablemente quedará corta en pocos meses como suele ser habitual en estas grandes obras que necesitan tiempo y abarcarán una extensión de algo más de 15.000 hectáreas de tierra.
Según las declaraciones de los responsables políticos regionales difundidas por la prensa regional se establecerán unas 6.586 parcelas con una media de 2,3 hectáreas en doce municipios de las comarcas de Tierra de Barros y Mérida que son Almendralejo, Alange, Aceuchal, Villafranca de los Barros, Villalba de los Barros, Ribera del Fresno, Solana de los Barros, Torremejía, La Zarza, Fuente del Maestre, Mérida y Villagonzalo.
Los datos aportados recientemente por la Consejera de Agricultura, Begoña García Bernal, para el que califica como “el proyecto de mayor impacto económico y social de la región en los próximos años”, dan a conocer un encarecimiento del presupuesto inicial que pasa de 195 millones de euros hasta los 250.
El incremento presupuestario se debe a la construcción de una planta fotovoltaica para energía eléctrica para transporte del agua y en la mejora de la seguridad de las diferentes balsas de transición. Para la responsable política, el incremento presupuestario no plantea ningún problema para la ejecución de tan deseada empresa; de todos modos, sensible al estado de ánimo de los agricultores, les aclara y les tranquiliza “que no deben preocuparse que la cantidad que tendrán que pagar va a seguir siendo la misma que al principio, 65 millones, el resto correrá a cargo de la Junta y del Estado”.
La representante institucional, además de asegurar que dispone del dinero necesario, da por supuesta la hipótesis de que el agua no va a faltar, hay agua suficiente para mantener tal actividad que procederá de los embalses de Alange y Villalba. El primero aportando unos 35 hectómetros cúbicos y el segundo los restantes 7, hasta el total aproximado de 42 hectómetros cúbicos que son los necesarios para prestar el previsto riego de apoyo localizado a cultivos leñosos, con los riegos de apoyo no se cubren todas las necesidades de riego del cultivo, sino más bien un porcentaje de éstas; en síntesis, será necesaria una cantidad teórica de 2765 metros cúbicos por hectárea. El pantano de Alange mantiene en los últimos nueve años una media de volumen de agua embalsada de unos 470 hectómetros cúbicos (el 55,16% del total), mientras que el embalse de Villalba tiene una media de volumen de agua embalsada de unos 64 hectómetros cúbicos (60% del total). El consumo previsto como riego de apoyo localizado a cultivos leñosos con sistema de goteo necesitaría unos 42 hectómetros cúbicos al año.
Por lo que parece, políticos y técnicos pasan página y nadie menciona el grave problema del agua cuando el proceso de cambio climático que visiblemente se manifiesta en las escaseces de lluvia que padecemos, nos da un serio aviso de que hay que mantener cierta precaución con la disponibilidad del elemento agua en los tiempos que corren.
En este punto, sería conveniente que desde la Consejería de Agricultura se procediera a la creación y organización de una mesa de debate sobre todo lo relacionado con él agua, en la que participaran los representantes de instituciones, partidos políticos, movimientos sociales y ciudadanos de las localidades afectadas.
El capitalismo en su afán de acumulación devora todo lo que encuentra a su paso, engullendo los recursos naturales, el agua, minerales, y la sangre del obrero. La ley tendencial de la tasa de ganancia es no dejar de caminar hacia el empobrecimiento del trabajador y la concentración de la riqueza en menos manos. El capital no entiende de personas ni de sentimientos sólo de productividad y rentabilidad.
2.- LOS PODERES POLÍTICOS REGIONALES Y LAS PLATAFORMAS MEDIÁTICAS.
En estos años, la sucesión de continuas informaciones que hemos recibido, desde diferentes medios de comunicación, gobiernos regionales y alcaldes extremeños del PP y del PSOE, instancias de poder relacionadas con los partidos políticos, así como desde las organizaciones en las que se encuadran los patronos agrarios de la zona, aseguran con enorme vehemencia que el mencionado proyecto generará enriquecimiento y abundante empleo en las diferentes localidades de la zona.
Tanto interés y voluntad han puesto en su explicación desde estas plataformas mediáticas, nos lo han contado tantas veces, que ya nos imaginamos para qué sirve y cómo acaba, aunque no conocemos con detalle todos los diferentes aspectos del diseño. ¿Riqueza para quién? Para los de siempre, sin duda. Migajas y más miseria para los de siempre también.
Desde nuestro punto de vista los regadíos en Tierra de Barros vienen a ser un proyecto de interés de clase, planificado para beneficiar económicamente y satisfacer las exigencias que desde hace muchos años viene manifestando un grupo minoritario de fuertes propietarios de tierra de la zona.
Tanta publicidad sobre las bondades sociales del proyecto, buscan la legitimación ante la opinión pública de unas inversiones que de llevarse a efectos cambiarán los resultados económicos y la posición de las clases sociales en Tierra de Barros.
Todo este conjunto de loas y alabanzas nos ponen en antecedentes y nos traen el recuerdo del Plan Badajoz que supuso una transformación enorme de tierras de secano en regadíos, cuyas parcelas se ofrecían a los campesinos como un trozo del paraíso terrenal. El resultado final de aquella planificada y terrible explotación fue el abandono de las tierras y una marea emigratoria de colonos en busca de trabajo a otros territorios del Estado español. Se suele decir que el Plan Badajoz fracasó por no acompañar aquellas parcelaciones regables con industrias y empresas, pero a lo que sí dio lugar fue el enriquecimiento de unos pocos a costa del trabajo esclavo de tantos hombres y mujeres que dejaron parte de su vida en aquellas tierras.
Ahora como antes, los poderes oficiales y fácticos afirman con denodada seguridad y apasionamiento que sus inversiones trasladan bienestar a toda la población. Entienden lo que en términos económicos caracteriza la teoría clasista del “derrame”: una vez que la acumulación de riqueza recae en unos pocos, se derrama escalonadamente sobre el resto de la sociedad. Es decir, “los regadíos generarán un incremento de la riqueza en los dueños de la tierra, que también llegará por el mucho empleo a los trabajadores y trabajadoras y luego, por el consumo y la creación de industrias al resto de todos los sectores sociales”. La historia económica nos demuestra que esto no es verdad, es una mentira.
3.- SOBRE LOS PROPIETARIOS DE LA TIERRA Y LA CLASE OBRERA AGRÍCOLA
No todos los propietarios de tierras de las localidades afectadas por el plan de regadíos podrán acceder a las instalaciones y montajes que se quieren hacer, no sólo porque sus posesiones no entren dentro de los límites del proyecto, sino porque carecen de medios económicos para realizar y sostener las inversiones necesarias que necesita este aprovechamiento productivo del agua.
La productividad y la capacidad competitiva mejorará para quienes encuentren acomodo dentro de la demarcación regable, lo que les permitirá obtener mayores producciones, de más calidad y venderlas a mejor precio. El regadío acelerará el proceso de concentración de la tierra en manos de los grandes a costa de la ruina de los pequeños.
La clase obrera se va a beneficiar muy poco de toda esta inversión por mucho que se aliente su conciencia con vagas ilusiones y falsas esperanzas. Los regadíos no mejorarán su posición social con lo que se divulga de la llegada de abundantes y duraderos empleos a lo largo del año. El hecho real es el mismo de siempre, el que marca el sino de la clase trabajadora, cuando se precise, deberá acudir al mercado en donde venderá su fuerza de trabajo, en compensación recibirá un salario y generará una plusvalía para los dueños de la tierra. En el capitalismo, en mayor o en menor grado, nunca será la dueña del valor del trabajo que realiza.
La clase obrera no puede salir de su proceso de exclusión bajo las reglas del mercado, en donde el objetivo final es la obtención de beneficios para el capitalista y/o los dueños de la tierra y la reproducción ampliada del capital. En todo caso, aumentarán las desigualdades sociales. Unos serán más ricos y otros seguirán siendo pobres. Los límites están definidos en el modo de producción capitalista, para unos y para otros, para el obrero y para el capital.
A lo anterior, hay que considerar la ferocidad y el desprecio con la que a lo largo de los años los propietarios agrícolas han tratado a los jornaleros y jornaleras, son clases sociales irreconciliables, para pensar ahora que los explotadores han dejado a un lado su egoísmo histórico particular y nos quieran hacer ver que sus intereses ligan con los explotados bajo el manto de un proyecto de desarrollo colectivo.
El esquema inversor que trazan nuestros dirigentes regionales para este caso concreto es el que siguen en los conciertos educativos y sanitarios basados en la colaboración pública privada: dinero público para beneficios privados, mediante procedimientos adaptados para disimular y ocultar ante la sociedad los objetivos reales que persiguen que no son otros que el lucro y el control social.
La realidad que nadie oculta, lo que nos ponen delante de nuestros ojos de todo este proyecto es que una minoría, los dueños de los medios de producción se aprovecharán del agua, de las ayudas y subvenciones y de los servicios técnicos de las instituciones regionales y estatales. Alguien da más.
4.- LA REFORMA AGRARIA COMO ALTERNATIVA PARA LA SUPERVIVENCIA ECONÓMICA Y SOCIAL DE EXTREMADURA
¿Por qué ese montón de millones que se van a destinar para acrecentar el patrimonio y enriquecer más de lo que ya están a unos pocos no se utilizan en dar los primeros pasos de una Reforma Agraria de la que saque réditos toda la sociedad?
Lo que se planifica ahora con los regadíos junto a otros detalles relacionados con los conciertos privados en la sanidad y en la educación, las ayudas y las subvenciones propias y las procedentes de Europa, el apoyo y acompañamiento a ciertos sectores productivos ligados a la CREEX, son todas ellas pequeñas muestras del funcionamiento del armazón que configura una burocracia regional al servicio de un capitalismo territorial poco desarrollado pero perfectamente engarzado con los intereses estatales que se gobiernan desde Madrid.
Aquél entramado de poder en nuestra Comunidad está en manos de un bloque político empresarial cuyo brazo ejecutor en estos momentos es el PSOE, fiel servidor y totalmente subordinado a lo que se ordena desde Madrid; partido político que administra sin complejos los negocios de sectores empresariales y de los patronos agrarios de la comunidad extremeña.
Las líneas de actuación políticas practicadas durante tantos años han dejado un territorio en los que se aprecian nítidamente particularidades básicas del abandono y dejadez que ha sufrido de estadistas y administradores, como el poco desarrollo tecnológico, el abandono de la cultura, investigación e innovación, la baja productividad del trabajo, el cierre de industrias, la existencia de pequeñas empresas, mucha economía sumergida, los altos niveles de pobreza y exclusión social, y la enorme emigración del pueblo extremeño. De aquí que el terrible desplome de la economía extremeña en estos tiempos de crisis no sea algo casual, tiene sus razones históricas.
Otro fenómeno político- cultural que de manera singular ha estado a la orden del día en los programas escritos y no escritos, tanto en el PP como en el PSOE, ha sido el interés y el denodado esfuerzo por silencia y borrar de nuestra memoria determinados momentos claves, previos, durante y posteriores a la dictadura franquista, que trazan y dan sentido a la historia del pueblo extremeño. Valga como ejemplo, el empeño por arrancar de raíz de nuestra cultura las luchas y enfrentamientos por la tierra durante la primera mitad del siglo pasado como el levantamiento campesino del 25 de marzo de 1936, y otras luchas locales por la tierra ocultadas por la historiografía burguesa.
En este orden de cosas, eliminaron la reforma agraria del Estatuto de Autonomía; intentando el olvido necesario para dar paso a al deseo de una imagen de tranquilidad, consenso y normalidad del pueblo extremeño.
Las nuevas generaciones tienen que recuperar en su imaginario colectivo la actualidad de la Reforma Agraria como un planteamiento político práctico imprescindible para avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa; hay que reconquistar la idea que desarrolle y se materialice en las formas y procedimientos de luchas por el progreso de las fuerzas productivas y el cambio de las realidades económicas y sociales de la colectividad extremeña.
¿Por qué no destinar esos fondos para poner en explotación las muchas tierras que tenemos en Extremadura, en manos de señoritos que viven en Madrid y que no dan rendimiento alguno?
¿Por qué esos millones no se utilizan para constituir o incrementar un Banco Público de Tierras en manos de la Junta de Extremadura que se pongan en producción mediante el cooperativismo y la economía social, con la instalación de industrias agroalimentarias?
La reforma agraria ofrece argumentos para considerarla como un requisito indispensable para la supervivencia económica y social de Extremadura, que tiene que partir de un proceso de organización de la sociedad a la vez que de una serie de transformaciones complejas orientadas hacia una sociedad más justa y equitativa.
La implantación de nuevas estructuras sociales dependerá de la fortaleza y movilización de la clase obrera agrícola, y de su capacidad de establecer relaciones de cooperación con otros grupos sociales progresistas de pequeños y medianos agricultores, y otras capas sociales de trabajadores autónomos y pequeños empresarios.
La acumulación de fuerzas vendrá con medidas económicas, políticas, legislativas y sociales que modifiquen la estructura de la propiedad y distribución de la tierra, con la expropiación de grandes extensiones totalmente improductivas o la limitación y acotación de otras grandes fincas para ponerlas en manos de agricultores.
El cambio en el conjunto de las relaciones sociales y productivas va inexorablemente enlazada a la mejora de las condiciones de vida del conjunto de la sociedad, entre otras cosas para frenar la herida por donde se derrama parte de la vitalidad extremeña, hay que evitar la marcha de la juventud trabajadora, y hacer lo posible para recuperar a la población emigrante que quiera volver a su tierra. A los necesarios puestos de trabajo relacionados con los recursos naturales y el desarrollo tecnológico hay que fortalecer las inversiones sociales en servicios públicos (sanidad, educación, dependencia, ayuda a domicilio) que mejoren el bienestar social y al mismo tiempo ofrezcan garantías para el empleo.
La modernización de la agricultura, la diversificación de la calidad de la producción agrícola y el avance hacia la soberanía alimentaria no son procesos espontáneos que se puedan dejar en manos del libre mercado, se requieren estructuras administrativas y productivas que planifiquen y programen acciones hacia esos objetivos.
Algunas de las herramientas que por su necesidad saltan a la vista, como debe ser una Empresa Pública Regional para controlar y suministrar los insumos necesarios al campo, (hoy están en manos de multinacionales que chupan la sangre y el sudor de quienes trabajan la tierra), o una Banca Pública que despliegue un papel específico en financiar y apoyar a los agricultores.
La Utopía a veces presenta unos límites insuperables, pero no debe haber límites ni fronteras para organizarse y luchar contra la inhumanidad que acompaña a la explotación y opresión.
Juan Viera (Asociación 25 de Marzo)