El bloguero Ahmed Mansoor es uno de los activistas de Emiratos Árabes Unidos retenidos. Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos deben retirar los cargos contra cinco activistas detenidos tras pedir reformas democráticas, han dicho cuatro organizaciones internacionales de derechos humanos. La petición se efectúa con motivo de la reanudación, el próximo 18 de julio en […]
El bloguero Ahmed Mansoor es uno de los activistas de Emiratos Árabes Unidos retenidos.
Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos deben retirar los cargos contra cinco activistas detenidos tras pedir reformas democráticas, han dicho cuatro organizaciones internacionales de derechos humanos.
La petición se efectúa con motivo de la reanudación, el próximo 18 de julio en el Tribunal Supremo Federal de Abu Dabi, del juicio contra cinco activistas por «insultar públicamente» al presidente de Emiratos Árabes Unidos y otros altos cargos. El juicio se reanuda en un ambiente de recrudecimiento de la represión de la disidencia en el país.
Las cuatro organizaciones de derechos humanos (Amnistía Internacional, la Red Árabe por la Información de Derechos Humanos, Front Line Defenders y Human Rights Watch) han pedido conjuntamente a las autoridades de los Emiratos que renuncien al juicio y pongan de inmediato en libertad a los cinco hombres.
En Emiratos Árabes Unidos, el Código Penal permite al gobierno encarcelar a los ciudadanos simplemente por expresar sus opiniones pacíficamente, lo cual contraviene claras salvaguardias internacionales de libertad de expresión.
«El gobierno de Emiratos Árabes Unidos está utilizando la difamación como pretexto para procesar a activistas por expresar pacíficamente sus opiniones sobre la forma en que debe ser gobernado el país», ha dicho Philip Luther, director adjunto del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional. Luther ha añadido: «Consideramos que los cinco activistas son presos de conciencia, y pedimos a las autoridades de Emiratos Árabes Unidos que los pongan en libertad incondicional».
Los cinco hombres llevan detenidos desde abril, cuando el fiscal general de Emiratos Árabes Unidos anunció que estaban bajo «custodia preventiva» por «instigación, infracción de la ley y comisión de actos que suponen una amenaza a la seguridad del Estado, subvirtiendo el orden público, oponiéndose al sistema de gobierno e insultando al presidente, el vicepresidente y el príncipe heredero de Abu Dabi.»
A comienzos de junio, se presentaron cargos contra ellos en aplicación del artículo 176 del Código Penal, que tipifica como delito insultar públicamente a los altos mandatarios del país.
Dos de los hombres, el bloguero Ahmed Mansoor y el profesor universitario Nasser bin Ghaith, están acusados de haber utilizado el foro político online UAE Hewar para «conspirar contra la seguridad del Estado en asociación con potencias extranjeras». Los grupos de derechos humanos afirmaron que el gobierno no ha presentado ninguna prueba legítima que apoye esta afirmación.
Las organizaciones de derechos humanos no han hallado indicio alguno de que los hombres hayan usado la violencia o incitado a ella durante sus actividades políticas.
Mansoor se enfrenta también a otros cargos por incitación a infringir la ley, convocar manifestaciones y pedir el boicot de las elecciones.
En marzo, poco antes de su detención, Mansoor apoyó abiertamente una petición al presidente, firmada por más de 130 personas, para que se celebraran elecciones universales y directas al Consejo Nacional Federal y se otorgara a éste poder legislativo.
«En los tiempos que corren en la región y con todo lo que está ocurriendo en ella, resulta inquietante y absurdo que Emiratos Árabes Unidos procese a unos activistas simplemente por defender la democracia», ha dicho Sarah Leah Whitson, directora para Oriente Medio de Human Rights Watch. «La comunidad internacional debe poner fin a este silencio y condenar esta parodia de la justicia; para empezar, el gobierno no tenía por qué haber detenido a esos hombres.»
Desde su detención, los activistas, especialmente Mansoor, han sido sometidos a una campaña intimidatoria a través de Internet y de la televisión vía satélite en la que los acusan de ser extremistas religiosos y agentes extranjeros que desean dañar a Emiratos.
Cuando los activistas, antes de ser detenidos, denunciaron a la policía amenazas similares, las autoridades afirmaron que no podían tomar medidas contra sitios web registrados fuera del país.
«Estos hombres deberían poder esperar que las autoridades estén ahí para protegerlos de amenazas y ataques -ha dicho Andrew Anderson, director adjunto de Front Line Defenders-, pero hemos visto cómo se intensifica la campaña contra ellos sin que el gobierno de Emiratos Árabes Unidos dé señal alguna de que vaya a actuar.»
Como parte de una campaña más amplia de represión de la libertad de expresión, el gobierno también disolvió las juntas de la Asociación de Juristas y la Asociación de Profesores, elegidas por votación, después de que estas organizaciones, junto con otras dos más, pidieran reformas políticas en abril.
Los grupos de derechos humanos pidieron al gobierno que anulara esta decisión y restableciera las juntas de estas organizaciones.
«EAU hace un flaco favor a sus ciudadanos y a su reputación internacional tratando de impedir que se produzca un debate legítimo«, ha dicho Rawda Ahmed, directora adjunta de la Red Árabe por la Información de Derechos Humanos. «En lugar de tratar de silenciar las peticiones de reforma, el gobierno de haría bien en escucharlas.»
Los cinco activistas, cuyo juicio comenzó el 14 de junio, son: Ahmed Mansoor, ingeniero y bloguero, miembro del comité asesor para Oriente Medio de Human Rights Watch y de la Red Árabe por la Información de Derechos Humanos; Nasser bin Ghaith, economista, profesor universitario y defensor de las reformas políticas, y Fahad Salim Dalk, Ahmed Abdul Khaleq y Hassan Ali al-Khamis, ciberactivistas.
El artículo 176 del Código Penal permite condenar hasta a cinco años de cárcel a «todo aquel que insulte públicamente al presidente del Estado, a la bandera o a los símbolos de la nación». El artículo 8 del Código amplía la aplicación de esta disposición al vicepresidente, los miembros del Consejo Supremo de la Federación y otros.