En esta última semana se han producido tres acontecimientos. Primero: Francia ha dejado en libertad a la militante de ETA Kizkitza Gil de San Vicente a pesar de tener una euroorden de búsqueda y captura en función del auto de detención del juez Garzón (2005). Segundo: en el aeropuerto de Caracas se detuvo y deportó […]
En esta última semana se han producido tres acontecimientos. Primero: Francia ha dejado en libertad a la militante de ETA Kizkitza Gil de San Vicente a pesar de tener una euroorden de búsqueda y captura en función del auto de detención del juez Garzón (2005). Segundo: en el aeropuerto de Caracas se detuvo y deportó al militante abertzale, que no de ETA, Walter Wendelin, sin ningún tipo de causa pendiente, y bordeando la propia legalidad venezolana. Tercero: el presidente del PP vasco, José Basagoiti, ha instado esta misma semana a «ir a por el Presidente Chávez», y a emplearse a fondo contra él («ser más duros»). Esta proclama político-militar del militante popular ha venido adornada con una elegante cita intelectual respecto a cómo el presidente Chávez «se puede meter el petróleo por donde le quepa». No se le conocen -ni a Basagoiti ni a ningún otro miembro del PP- ningún tipo de alusión respecto al Presidente Sarkozy en estos últimos 5 días. La relación y conclusiones sobre los tres hechos quedan a la inteligencia de nuestros lectores, ya que ya han pasado por la Inteligencia de nuestros detractores. No obstante intentaremos, una vez más, replicar con elementos de juicio ante el terrorismo verbal de toda la estructura orgánica [1] .
Las declaraciones del presidente Basagoiti constituyen el penúltimo episodio desde que el juez Velasco -antiguo director general de justicia del gobierno de la Comunidad Valenciana con el Partido Popular- dictó un simple auto judicial especulando sobre quién, dónde y cómo podría haber conspirado para intentar atentar, en un lugar indeterminado de España, respecto a una serie nada concreta de personalidades colombianas. Es decir, la hipótesis procesal es un hipotético atentado, en un lugar indeterminado de España, en fecha igualmente indeterminada y respecto a personajes no exactamente determinados. Y ahí, de paso, más allá de todas esas indeterminaciones fantasiosas, estaba Venezuela y su Gobierno.
Las declaraciones del presidente Basogoiti no son inocentes en el tiempo, sino que forman parte de una cadena estratégica tejida para dar vitalidad político-mediática a la campaña de criminalización. El deslavazado auto judicial ha dado lugar a uno de los linchamientos mediáticos más alevosos de los últimos tiempos. Linchamiento con una muy medida estrategia de criminalización que no tiene data final. Habría que preguntarse cuál es la responsabilidad del Presidente Chávez, más allá de las burdas insinuaciones vertidas en este auto endeble y de sintaxis parvularia. Por ese motivo se hace necesario insistir en su falaz base fáctica y jurídica.
Toda la clase política bienpensante se llena la boca constantemente con ciertos principios jurídicos, hipotéticamente sagrados. Con ellos acostumbran a criminalizar a todo lo que no está dentro de sus espacios orgánicos. Cuatro de estos principios básicos del Derecho son legalidad, competencia, soberanía y presunción de inocencia. Pues bien, son principios irreconocibles en el artificial trinomio Chávez-ETA-FARC. Las bases de la agresión parten de un auto cuyo aparato indiciario es mil veces más débil que cualquiera de los datos que se pueden encontrar en cualquier rincón de los más de 50 mil folios del sumario Gurtel y del sumario Camps [2] . Aparato débil y acusaciones falsas tanto en su versión judicial como en su extensión mediática.
1. Auto falsario porque no sólo es endeble y deslavazado sino que monta hipótesis fantasmagóricas de colaboración entre ETA, FARC y el Gobierno venezolano extendiéndose más allá de la propia querella de la fiscalía. El fiscal Javier Zaragoza (noviembre, 2008) para nada menciona al gobierno venezolano en las bases fácticas y jurídicas de su querella, centrada únicamente en ETA y FARC. Es sólo el voluntarismo del juez Velasco el que introduce la implicación de todo un gobierno de un Estado soberano, en los delitos más graves como son terrorismo y asesinato. Y lo hace sin el más mínimo indicio sino sólo a causa de dos o tres impresiones literarias.
2. Es falso que el gobierno venezolano haya refugiado a terroristas. El actual gobierno venezolano no ha hecho sino heredar compromisos. Todos los militantes llegaron a Venezuela hace más de veinte años merced al acuerdo entre el gobierno de Felipe González y los gobiernos venezolanos de Carlos Andrés Pérez y Jaime Lusinchi, con apoyo del gobierno francés, allá entre 1984 y 1990. Al igual que se acordaron deportaciones con México, Panamá, República Dominicana, Argentina, Chile, Colombia, Bolivia, Cuba, Nicaragua o Cabo Verde, Togo o Santo Tomé. Países en los cuales radican aún decenas de militantes de ETA que para nada suscitan la más mínima atención.
Francia es caso aparte. Allí sí se han refugiado decenas de militantes de ETA incluso bajo estatuto de refugiado político, amén de centenares de peticiones de extradición o de órdenes de búsqueda y captura sin activar. Lo han hecho de forma ostentosa ante la complicidad evidente de los distintos gobiernos franceses, hasta el punto de que se hablaba del «santuario de ETA». Todo ello sin una sola palabra malsonante de los diputados españoles. Así durante 20 años de gobiernos constitucionales en España y casi hasta antes de ayer.
3. Es falso que el actual gobierno venezolano haya hecho caso omiso de los requerimientos del gobierno español, sino que fue durante los gobiernos del socialdemócrata Carlos Andrés Pérez o del liberal-conservador Rafael Caldera en los que no se produjo una sola extradición o deportación. Y es bajo esos gobiernos cuando estos exiliados consiguen residencia legal e incluso su nacionalidad. Es precisamente a partir de la llegada de Chávez cuando se atienden las primeras peticiones del gobierno español ya sea vía deportación o extradición. Y así podemos mencionar los casos de Galarza (2002), Trincado (2002), Las Heras (2002), Etxaniz (2002), o Foruria (2003). Todos los demás militantes solicitados por el gobierno español tienen orden de búsqueda y captura. Y así Iñaki Etxeberarría fue detenido y puesto a disposición judicial hasta que el Tribunal Supremo declaró en el año 2009 no pertinente su extradición, con base a lo preceptuado en el tratado suscrito con España sobre prescripción de delitos.
¿Complicidad gubernativa venezolana? Capturar a cualquier delincuente en Venezuela no es fácil, y sólo hay que echar un vistazo a las estadísticas de impunidad para comprobar como el 60 % de los delitos están impunes. Lo cual, sea dicho de paso, es una prueba de cómo la estructura jurídico-garantista dista mucho de ser autoritaria puesto que, como es sabido, en cualquier régimen autoritario la delincuencia común, y no tan común, desaparece radicalmente por definición. Como también debería resultar obvio que si la militancia etarra está habituada a escapar de la sofisticada policía europea no le resultará difícil sortear a la menos consistente estructura administrativo-policial de cualquier Estado periférico, fundamentalmente si esta es mínimamente garantista.
4. Es falso que el gobierno de Chávez regalara miles de dólares a militantes de ETA sino que dicho compromiso fue consecuencia de un expediente abierto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2002) por la deportación ilegal a España de Galarza y Etxaniz, donde el gobierno venezolano bordeó e incluso pudiera haber vulnerado la legalidad. La CIDH admitió a trámite la demanda de estos y el Gobierno de Venezuela intentando evitar una más que probable condena se plegó a solución amistosa en el marco del artículo 48.1 de la Convención Americana. Acuerdo que luego no cumplió por presiones del gobierno Aznar.
5. Es falso que Arturo Cubillas sea un protegido del chavismo ya que dicha persona está en Venezuela mediante el acuerdo de acogida mencionado, obtuvo nacionalidad venezolana con el gobierno de Caldera, ninguna instancia había solicitado su extradición y no tenía orden de búsqueda y captura alguna. Cubillas no ha ocupado ningún cargo en el gobierno sino un cargo medio en la administración pública, resultando inquietante cómo tanto el juez Velasco cómo decenas de parlamentarios -incluidos líderes de la oposición- y un montón de periodistas pueden confundir el ser miembro de un gobierno con trabajar para una administración pública.
6. Es falsa la denominada en el auto como «cooperación gubernamental venezolana» porque incluso en el caso de que Cubillas hubiera organizado alguna trama de colaboración a nadie se le escapa, ni siquiera a un inimputable mental, que algún gobierno del mundo puede estar al tanto de lo que hacen sus millones de trabajadores públicos. Como resulta un insulto a la inteligencia, y a la más mínima probidad sumarial, que si el ejército venezolano quiere conectar a los terroristas europeos más buscados con la banda más criminalizada de Latinoamérica no se le ocurre adornarse «con escudo de la DIM (Dirección de Inteligencia Militar de Venezuela) y de un vehículo escolta con militares venezolanos» (sic). Porque así es como lo refleja textualmente el auto judicial en las únicas líneas donde se maneja la hipótesis de responsabilidad directa del gobierno de Venezuela. Líneas surrealistas en el manejo de la línea expositiva y probatoria, bajo un sistema argumental ad absurdum.
7. Es falso que el auto pruebe nada porque sólo se prueba en las sentencias. Dicho auto sólo maneja conjeturas sumamente endebles, procedentes de la testifical de dos guerrilleros arrepentidos y del supuesto y versátil ordenador de Raúl Reyes. Hay que recordar al juez Velasco que el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial señala como inválidas todas las pruebas conseguidas en violación -directa o indirecta- de derechos fundamentales. Lo que hace el artículo 11 es plasmar el aforismo jurídico-procesal del «árbol contaminado», que es uno de los principios esenciales en la dogmática jurídico-procesal. En este sentido hay que mencionar dos cosas:
a) Los testimonios de guerrilleros bajo custodia colombiana deben observarse con mucha cautela a tenor del currículo de dicho Estado. Colombia es uno de los países más señalados en el informe anual de Amnistía Internacional por la utilización sistemática de tortura y de ejecuciones extrajudiciales. Es el país donde Naciones Unidas (Alto Comisionado para los Derechos Humanos) reconoce, año tras año, las estructurales connivencias entre paramilitarismo y fuerzas armadas. Todo ello tal como probaba exhaustivamente el monográfico de Human Rights Watch titulado «Paramilitarismo: la sexta división del ejército colombiano» (2001), con continuación documental en todos los años posteriores.
b) Es inquietante que las tres cuartas partes del auto se basen en un elemento probatorio esencialmente contaminado como es el supuesto amplísimo material informático del comandante Raúl Reyes. El tergiversado Informe Forense de Interpol (2008) afirmaba como el gobierno de Colombia no había guardado la cadena de custodia prescrita ni había observado las garantías técnicas mínimas de preservación forense como, por ejemplo, haber trabajado sobre copias antes de ser entregados los presuntos originales a Interpol (Conclusión 2b). En definitiva, la ruptura de la cadena de custodia implica que las memorias externas y los disco duros igual podían ser de Reyes como del cacique Guaicaipuro o del indio Moctezuma.
Finalmente, resulta opuesto a toda lógica de la subversión, a toda técnica de inteligencia insurgente que:
– el bloque completo de la información estratégica disponible sobre operaciones, contactos y negociaciones de FARC sea paseada por todo el territorio colombiano llegando a traspasar la frontera ecuatoriana, cuando existen mil sitios para ocultarla y salvaguardarla sin problemas.
– en dicho bloque de información estén los nombres completos y los alias de todos los militantes, colaboradores, cómplices y encubridores.
– el grueso de dicho bloque telemático esté al descubierto, sin ningún tipo de codificación, encriptación o simulación. Máxime cuando en esta operación se iba a implicar a funcionarios de Estados cooperadores en todo el plan humanitario de liberación de rehenes.
Resulta mucho más allá del hiperrealismo mágico contemplar siquiera esta posibilidad, cuando para cualquier actividad mínimamente comprometida se toman muchas más cautelas que las que al parecer despreció el comandante del movimiento insurgente más antiguo de Latinoamérica en una de las operaciones más importantes de las últimas décadas.
c) Material informático con dificultad procesal añadida ya que se consiguió mediante violación de derechos fundamentales, en acción ilegal de guerra, rompiendo la soberanía de otro Estado, y matando a 25 personas de ellos cinco estudiantes mexicanos y un ciudadano ecuatoriano, apelando nuevamente al artículo 11 de la L.O.P.J.
8. La inconsistencia lógico-factual del auto es también abrumadora en el resto de elementos. Sin ánimo de exhaustividad sólo haremos alusión a dos «fundamentos de hecho».
a) Resulta groseramente novelesca la insinuación (que no indicio) en cuanto a la colaboración venezolana para dotar de balística móvil tierra-aire a un confuso conglomerado ETA-FARC. Si las FARC tuvieran dicha balística ya la hubieran utilizado teniendo en cuenta la dureza y los costes que implica una estrategia militar sin protección antiaérea. De hecho gran parte del repliegue de la insurgencia en los últimos ocho años se debe a la alta sofisticación de la logística aérea colombiano-estadounidense y, por el contrario, la no disposición de la balística tierra-aire por parte de la insurgencia. Cualquier alumno primerizo de academia militar sabe que si Venezuela quisiera proveer de balística antiaérea móvil a la insurgencia ya lo hubiera hecho teniendo en cuenta la facilidad para aprovisionar a una insurgencia fronteriza y la cantidad de testaferros para poder ejecutarlo sin toda esa cantidad de huellas infantiles que tan literariamente (que no probadamente) despliega el juez de la Audiencia Nacional, a rebufo de las diligencias del ejército colombiano [3] .
Tan falsa resulta dicha colaboración armada como los cursos simbióticos entre los dos grupos armados.
b) El auto está repleto de campamentos de adiestramiento militar en un ambiguo «territorio colombiano-venezolano», bajo complicidades de secciones del ejército venezolano, y que va desde el manejo de los misiles tierra-aire a la utilización de toda la amplia gama de explosivos para la comisión de atentados urbanos. Ante este despliegue de escuelas, ante este despliegue de mandos rotatorios, ante este despliegue de técnicas y ante la cantidad de años de estos cursos que enumera el auto judicial (2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007), caben varias preguntas:
¿Donde están las acciones de ETA o de FARC con misiles tierra-aire?
¿Dónde están los atentados de FARC bajo estrategia urbana y bajo marchamo tecnológico de ETA?
¿Tan obtusos eran los cientos de militantes que debieron pasar por dichas escuelas durante tantos años?
En la más pura lógica no queda sino dos opciones:
a) El gobierno de Venezuela no ha aprovisionado nunca de dicho material, cuyo tráfico sólo subyace en los guionistas de la CIA-DAS. Si algún día Venezuela decidiera aprovisionar de balística antiaérea a la insurgencia colombiana no debe caber duda de que al juez Velasco no le hará falta enterarse por el ordenador de Reyes.
b) La insurgencia no ha decidido utilizar estrategias que pasen por las estrategias urbanas respecto a la utilización de material explosivo. Material que nunca sería responsabilidad gubernamental venezolana, pues el propio auto judicial reconoce una gran facilidad para su adquisición; facilidad que limita a Venezuela, manifestando un premeditado gran desconocimiento del mercado de la zona [4] .
9. Se nos ocurren otras cuestiones por las que interrogarse en relación a delitos en Venezuela, con víctimas españolas o en relación a implicaciones, encubrimientos y complicidades de otros Estados. Van sólo dos:
a) El por qué los partidos hegemónicos o determinadas instancias judiciales no han exigido responsabilidades a Francia de la forma que se está haciendo ahora con Venezuela. En Francia se han contado por centenares los militantes de ETA que se refugiaban de la policía española ante la complacencia y complicidad de todos los gobiernos franceses y de todos los ministros del interior, tanto del RPR, como de la UDF, como del PS. Militantes localizados perfectamente en zonas muy delimitadas. ¿Se le ocurrió al Partido Popular exigir alguna responsabilidad a sus compañeros franceses gaullistas o giscardianos, y compañeros de viaje de las internacionales liberal-conservadoras? ¿Utilizó Felipe González un tono siquiera dubitativo para interpelar a ese gran maestro de la raison d’ État -su maestro- llamado Francois Mitterrand. Años y años del plomo más duro vieron el silencio de esta politiquería servidora de la razón ideológica y del ensamblaje mediático al servicio de los intereses del Sistema. Impotentes lacayos, ya no sólo ante el Sistema, sino ante una jerarquía de hegemonías como la de Francia a la que le interesaba una muy medida inestabilidad española en la nueva coyuntura europea.
b) Preguntarnos por crímenes reales, sin resolver, que no son meras hipótesis sino asesinatos consumados y sobre los que nunca se ha tenido la más mínima voluntad procesal, política o mediática. Como el crimen de un matrimonio vasco ocurrido, precisamente en Caracas, en noviembre de 1980 y cuando era presidente venezolano Herrera Campins. Joaquín Alonso y su esposa Esperanza Arana, ciudadanos españoles, militantes de la izquierda radical, y residentes en Venezuela desde 1976, que serían ametrallados en su propia casa.
10. Se podría concluir que en el auto no se encuentra elemento alguno de ratio decidendi («razón suficiente para decidir») respecto a casi nada, pero mucho menos para concluir la puesta «de manifiesto de la cooperación gubernamental venezolana en la ilícita colaboración entre las FARC y ETA…». El auto se asemeja más a una «tormenta de ideas», más propia de la creatividad de diseño publicitario o del marketing comercial anglosajón (brainstorming) que a lo que debería ser un auto-base de toda una Audiencia Nacional. Alguien podría aducir que dicha implicación se hace a modo de simple obiter dicta (elementos que aluden a cuestiones accesorias, «de pasada» pero sin relevancia para el caso principal). No es el caso, ya que no hay una sola diligencia para relacionar mínimamente al gobierno venezolano con el «asunto principal». Un obiter dicta no puede consistir en comentarios frívolos que hagan cómplice de los delitos más graves a todo un gobierno o a todo un jefe de Estado. El obiter dicta es una licencia procesal muy subsidiaria y accidental, pero que en ningún caso puede amparar digresiones calumniadoras ni frivolidades que atañen a todo un gobierno nacional y a la honra y fama de todos aquellos que creen en dicho proceso.
Más allá de todo lo dicho, en el auto judicial no quedaría sino una serie de elementos invertebrados de los que sólo se puede desprender una grosera falacia ad hominem, con un explícito animus dolendi (intención de dañar), rayanos en la prevaricación más pura.
Una comparación (odiosa e imposible)
¿Se imaginan si aplicáramos la misma lógica a cualquiera de las decenas de autos judiciales de la actual trama criminal Gurtel? ¿Es compatible esta ceremonia de la criminalización, sin siquiera indicios, con las miles de páginas y minutos mediáticos utilizados en estos años de democracia débilmente formal para descalificar o infravalorar los miles de elementos procesales, inapelablemente probatorios, de tramas corruptas multi-delictivas y de terrorismo de Estado tales como la Gurtel, los GAL, Filesa, Naseiro, Camps o Matas? [5] Miles de documentos, testificales y horas grabadas incriminatorias de políticos principales de este país, y que intentaban hacerse invalidar, procesalmente, por los mismos actores que ahora lapidan sumariamente a un icono llamado Hugo Chávez y con él a todo aquello que represente una fuerza de transformación y de institucionalización alternativa.
¿Cabe imaginar el montar tal campaña criminalizadora respecto a cualquier Estado del mundo (salvo Cuba, Bolivia y Ecuador, claro) con los mencionados borrones procesales y la presencia de decenas silogismos falsos?
Una conclusión (fácil)
El absurdum dicta del juez Velasco ha servido para que -con rapidez inusitada- la mayor parte de los medios recomunicación amplifiquen lo allí atisbado a modo de extensas calumnias, flagrantemente delictivas. Estas sí. Borrones procesales que han servido para generar una matriz de opinión bajo titulares, editoriales y declaraciones de la oposición que califican a Venezuela de cómplice y cooperador necesario con el terrorismo; que denominan al Presidente de ese Estado como bufón, dictador o autócrata y que, finalmente, instan al gobierno a romper relaciones diplomáticas con dicho Estado. Todo ello como una fase más de la estrategia de calumnia y criminalización política permanente.
¿Las pruebas verdaderas del delito? Osadía histórica, programa político alternativo y, sobre todo, la voluntad institucionalizadora del discurso que intenta invertir el estructural expolio de vidas y voluntades. En definitiva, su oposición al Poder impuesto (con mayúsculas, por supuesto). La Historia de siempre, y la mentira, y sus cipayos.
Francisco Palacios Romeo es profesor de Derecho Constitucional (Universidad de Zaragoza) y miembro del comité de solidaridad internacionalista
[1] Esta colaboración viene a abundar en otros trabajos anteriores de Rebelión (vid., entre otros, El País convierte a Venezuela en el «gran balneario de ETA»; El diario El País y el «balneario» de ETA en Venezuela; El caso ETA-FARC-Chávez; Auto de procesamiento de un ex director general de Justicia y análisis del diario Público).
[2] Procesos judiciales, actualmente abiertos, que han implicado, imputado y llevado a prisión a decenas de militantes, cargos públicos y empresarios pertenecientes al Partido Popular.
[3] Tal y como lo sería el descubrimiento en un supuesto campamento de dos obsoletos lanza-misiles suecos AT-4, que no es balística tierra-aire sino de combate terrestre; y cuya compra por parte de Venezuela se sitúa en gobiernos de los años ochenta. Máxime cuando el ejército venezolano cuenta desde hace años con balística tierra-aire RBS-70 Saab; así como podría haber contado -directa o indirectamente- con misiles Igla (Sam) de varias generaciones tal como sucede, desde hace dos años, con los de última generación (SA-18) considerados como los más evolucionados técnicamente. A lo que habría que añadir -y diríamos que esencialmente para el caso que nos ocupa- la propia balística de tecnología y fabricación venezolana (VE-Nilangal) desde 2006 con limitada versatilidad pero con la ratio de peso-eficacia mayor que se conoce.
[4] Dice el auto «…manejo del explosivo C4, de mayor capacidad destructiva que la dinamita pero con menor volumen, de fácil adquisición en Venezuela y más fácil transporte, manipulación y distribución…» (Auto de Procesamiento. Hecho sexto).
[5] Procesos judiciales en España que han implicado y condenado a decenas de militantes, cargos institucionales y empresarios pertenecientes a los dos partidos hegemónicos en España, el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.