Traducido para Rebelión por Daniel Escribano
La firme lucha del movimiento feminista trajo hace 24 años diversos cambios legislativos en el Estado español y la ampliación de la posibilidad de abortar en algunos supuestos. Aun cuando en la legislación española sigue siendo delito, se autorizó en tres supuestos: a) sin plazos cuando la salud física o psíquica de la mujer está en riesgo grave (así tendrá que aparecer en un informe previo de un profesional distinto del médico que practica el aborto); b) en caso de violación, siempre con denuncia previa y durante las doce primeras semanas del embarazo, y c) cuando el feto presenta alguna malformación (se necesitará el informe de dos médicos especialistas), con el límite de las primeras 22 semanas de embarazo.
En consecuencia, podemos decir que actualmente, según la legislación española, para poder abortar tienen que añadírsele a la mujer diversas desgracias, como si sufrir un embarazo no deseado no fuera suficiente. Por ejemplo, que su vida o salud esté en riesgo «grave» (parece que el mero riesgo no es suficiente para estos legisladores masculinos). En el caso de violación, aunque no osaron imponer la desvergonzada condición de «grave», este segundo supuesto recibe la protección más liviana del legislador, limitando la posibilidad a la mujer que ha sido violada, a diferencia de los otros dos supuestos, a las primeras doce semanas.
Hay quien reivindica la hipótesis de una situación socioeconómica grave a modo de cuarto supuesto de despenalización, pero eso responde a esa lógica que hemos mencionado: el derecho a abortar será según el tamaño de la «desgracia» de la pobre mujer. ¡No! Una mujer debe tener el mismo derecho a abortar, ya sea pobre, ya esté ahogada en dinero. A la mujer pobre debe ayudársele a salir de la pobreza y no «regalarle» el derecho a abortar, del mismo modo que a la mujer rica se le impondrán mayores impuestos, pero no se le negará el derecho a abortar.
Tampoco en estos tres casos que no tienen condena hay decisión libre de la mujer, porque las «autoridades» que tienen la competencia tienen la última palabra: informes médicos, cuando la salud de la mujer está en riesgo grave; informes de expertos, en caso de malformación del feto, y denuncia previa ante la policía como condición necesaria para poder abortar legalmente (de cada seis agresiones, sólo se denuncia una). Eso supone una tutela inaceptable sobre nuestro cuerpo.
Hay muchas razones para que una mujer, aunque no haya sido violada o el embarazo no le implique problemas de salud «graves», no quiera tener el niño, a pesar de que éste sea un feto sin malformaciones. Por tanto, la legislación hoy vigente deja «fuera de la ley» muchos casos y, en consecuencia, las mujeres tenemos que elegir entre tener un aborto ilegal, ser delincuentes o ser madres contra nuestra voluntad. A diferencia de esa «previda» que tanto interesa a algunos, esta situación puede destruir la vida de un ser humano verdaderamente existente y ya vivo, la vida de la mujer.
Está en marcha otra ley que sólo será un «parcheo legal» u otra ley de plazos. Está a punto de aprobarse el anteproyecto de ley que parece que autorizará el derecho a abortar dentro de unos plazos. ¿Qué sucederá con la decisión de abortar de la mujer que esté fuera de esos plazos previstos por los legisladores? Nos encontraríamos de nuevo en la misma situación, caer en el delito o una maternidad no deseada.
¿Empezarán en Navarra los centros públicos que no cumplen la legislación actual de los tres supuestos a practicar abortos «legales» con esa nueva ley de plazos? ¿Seguirá teniendo el «derecho a la objeción» la protección «suprema» frente al derecho de las mujeres, al amparo del cínico beneplácito de los poderes del estado, tanto legislativo y ejecutivo como judicial?
Que no nos engañen con palabras grandilocuentes. Las mujeres sabemos mejor que nadie que abortar no es plato del gusto de nadie (menos aún en caso de un embarazo ya avanzado), pero la decisión sobre nuestro cuerpo y nuestra vida es solamente nuestra.
«Cuando los servicios para abortar no son gratuitos, conocidos y accesibles, se favorecen las vías paralelas dentro del sector privado y se potencia la especulación con fines lucrativos. Cuando esto sucede, tener menos dinero significa estar más cerca de la indigencia y de la muerte y se comete el más flagrante de los agravios: no ser iguales ante la Ley.» (Concha Cifrián.)
La moneda tirada al aire sólo tiene una cara: ¡despenalización total del aborto ya!
Beatriz Ilardia e Iratxe Urizar son abogadas.