Tras las celebraciones por la caída de Mubarak el viernes 11 de febrero, y un breve pero muy merecido descanso, los egipcios retoman la conciencia de que el trabajo no está acabado. El ejército ha desmantelado las tiendas en las que los acampados en la plaza de Tahrir se cobijaban, se ha incautado del equipo […]
Tras las celebraciones por la caída de Mubarak el viernes 11 de febrero, y un breve pero muy merecido descanso, los egipcios retoman la conciencia de que el trabajo no está acabado. El ejército ha desmantelado las tiendas en las que los acampados en la plaza de Tahrir se cobijaban, se ha incautado del equipo de megafonía de los manifestantes y, según la página de Internet de los Hermanos Musulmanes, 36 personas han sido detenidas. Según la agencia Reuters, los manifestantes recibieron la orden de desalojar la plaza bajo la amenaza de correr la misma suerte.
Es cierto que la depuración del régimen de Mubarak avanza a marchas forzadas: 43 ex ministros y altos cargos de los diferentes gobiernos de Mubarak, y de su partido (el Partido Nacional Democrático) tienen prohibida la salida del país; algunos han sido ya, incluso, acusados o interpelados por la Fiscalía del Estado por asuntos de corrupción o por violencia contra los ciudadanos, o se encuentran bajo arresto domiciliario, como Anis al- Fiqi, el aún no reemplazado ministro de Información.
Sin embargo, lo decisivo no es que caigan muchos de los implicados en casos de corrupción o violaciones de los derechos humanos, sino que no quede en los altos puestos dirigentes nadie que haya sido connivente con la situación de generalización de unos y otras. El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA) ha tomado varias decisiones relevantes concretas: suspender la vigencia de la Constitución; disolver el Parlamento y el Senado; mantener el último Gobierno formado por Mubarak como «Gobierno en funciones»; «dirigir el país [el propio CSFA] durante seis meses; o hasta que se convoquen elecciones tras la reforma de la Constitución»; nombrar una comisión encargada de enmendar la Constitución y prohibir la reuniones de los sindicatos y los colegios profesionales. De estas decisiones, sólo la disolución de las cámaras, y parcialmente las relativas a la Constitución, se corresponden con las exigencias de los manifestantes. En su conjunto, aquéllas contradicen a éstas. Con inmediata anterioridad al comunicado del CSFA, la Coalición de la Revolución del 25 de enero había solicitado a aquel en un comunicado la derogación inmediata de la Ley de Excepción (vigente desde 1981); la liberación de todos los presos políticos; la formación de un Consejo Presidencial de cinco miembros elegidos por consenso -uno de ellos militar y cuatro civiles, que perderían el derecho a presentarse como candidatos a las primeras elecciones presidenciales y legislativas-; la formación de un Gobierno transitorio de expertos independientes; la formación de una Comisión Constituyente encargada de elaborar una nueva constitución democrática a ratificar en referéndum en el plazo de tres meses; la libertad de formación de partidos políticos sobre principios democráticos y pacíficos; la libertad de prensa e información; la libertad sindical y de asociación en general y la supresión de los tribunales militares.
Como puede verse, la «oferta» del ejército es escuálida y mucho menos ambiciosa -e inteligente- que la de los revolucionarios. El aspecto más preocupante es el inequívoco autoritarismo y el mantenimiento en el poder de personajes del régimen de Mubarak, no sólo en el Gobierno sino, sobre todo, en el CSFA. El presidente de éste, el mariscal Mohammad Husein El Tantawi, ha sido ministro de Defensa desde 1991, ha resistido a al menos media decena de cambios de Gobierno y ha sido cómplice, por tanto, de todas las políticas de Mubarak.
Pero Tantawi es sólo la punta del iceberg. Desde los años 80, los oficiales del ejército no sólo han disfrutado de beneficios tan corrientes en la profesión como los clubes militares, cooperativas de consumo, servicios sanitarios y educativos, etc., sino también de los derivados del aparato industrial dependiente del ejército, que no se ha dedicado sólo a la fabricación y exportación de armas, sino también a la de todo tipo de bienes.
Prebendas de los militares
A través de diversas empresas estatales, y en asociación en muchas ocasiones con empresas árabes, estadounidenses y europeas, el ejército produce y comercializa vehículos, medicamentos, abonos y otros productos fitosanitarios, y todo tipo de productos agrícolas y ganaderos y productos agroindustriales (cereales, frutas, verduras, ganado, carne, leche, productos avícolas, pan, hamburguesas, kota, etc), para lo cual explota cientos de miles de hectáreas de uso agrícola. Asimismo, participa en la industria extractiva y turística. En definitiva, el ejército controla una buena parte de la economía del país (el 18% de la producción de alimentos a principios de los años 90), en una situación de privilegio y ventajas comparativas, ya que obtiene materias primas y suministros subvencionados, al mismo tiempo que ayuda exterior (de EE.UU. principalmente) e inversiones.
En ocasiones se ha señalado el papel redistribuidor de la industria militar del ejército entre su amplio número de trabajadores civiles, así como su papel en el desarrollo de la economía nacional y en la amortiguación de las crisis alimentarias mundiales, pero lo cierto es que su papel ha sido también determinante en proveer al régimen de Mubarak de una cierta base de apoyo o consentimiento popular. Los revolucionarios egipcios están centrando sus esfuerzos hasta ahora en reivindicar instituciones y procedimientos políticos despojados de autoritarismo, y en que se de el poder al pueblo, sin atacar al ejército, pero no ignoran la realidad socioeconómica y política de los dirigentes de aquél. No hay que olvidar que ha sido el pueblo el que ha dado el poder y la legitimidad temporales al ejército, y no al revés.
Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/Despues-del-rais-queda-el-Ejercito.html
rCR