La Comisaria Europea de Comercio Exterior, Cecilia Malmström, confirma que la transnacional canadiense no puede invocar el Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA, por sus siglas en inglés) para impugnar la decisión del Ejecutivo gallego, que canceló la propuesta minera por motivos técnicos y económicos. La respuesta se dió en referencia a la pregunta efectuada […]
La Comisaria Europea de Comercio Exterior, Cecilia Malmström, confirma que la transnacional canadiense no puede invocar el Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA, por sus siglas en inglés) para impugnar la decisión del Ejecutivo gallego, que canceló la propuesta minera por motivos técnicos y económicos.
La respuesta se dió en referencia a la pregunta efectuada por la eurodiputada Lidia Senra (GUE/NGL) el pasado octubre sobre el derecho a indemnización de la minera por parte de las autoridades gallegas y verifica la consulta efectuada en septiembre por Salvemos Cabana a instancias europeas sobre el mismo particular, resolviendo que ninguna empresa canadiense puede actualmente invocar el CETA ni presentar reclamaciones por daños patrimoniales, dado que este todavía se encuentra en fase de negociación.
«En cualquier caso -señala Malmström-, los acuerdos de libre comercio, incluído el AECG, no modifican el derecho de los Edtados miembros a perseguir sus objetivos legítimos de política pública, incluida la fijación de normas de protección medioambiental. El AECG deja claro que la UE y Canadá mantienen su derecho a legislar para alcanzar objetivos legítimos en materias como la salud pública, la seguridad, el medio ambiente, la moral pública y la promoción y protección de la diversidad cultural. Esto significa que un inversor no puede recibir una compensación por lucro cesante, pérdida de beneficios o costes sufridos«.
LA CANCELACIÓN DEL PROYECTO FUE FRUTO DEL INCUMPLIMIENTO
Cabe recordar, en cualquier caso, que la anulación del proyecto por parte de la Xunta de Galicia fue fruto del incumplimiento, pues la minera no había logrado reunir el 25% de fondos propios de capital y reservas exigidos sobre el total de la inversión del proyecto, cuantificado en más de 100 millones de dólares, y que exigía multiplicar por sesenta el status económico de la empresa, por lo que no cabe recurso alguno al tratarse de una decisión definitiva e irrevocable por parte del Ejecutivo autonómico.
Desde la Plataforma ya se había alertado desde el principio, a la vista de los hechos y tras examinar detenidamente los planes de Edgewater en Corcoesto, del fin meramente especulativo de la propuesta, cuyo mayor objetivo era el beneficio de un pequeño grupo de inversores internacionales pero que podría acarrear una serie de impactos totalmente inasumibles para la Comarca de Bergantiños por la insostenibilidad ambiental y social del proyecto.
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