En esta semana el gobierno de los EE.UU. ha decidido imponer sanciones a Francesca Albanese, Relatora Especial de las Naciones Unidas para los Territorios Palestinos ocupados, designada en mayo de 2022.
Transcribimos la fundamentación del gobierno de Trump:
«Albanese se ha comprometido directamente con la Corte Penal Internacional (CPI) en esfuerzos para investigar, arrestar, detener o enjuiciar a ciudadanos de los Estados Unidos o Israel, sin el consentimiento de esos dos países /…/ Recientemente ha intensificado este esfuerzo escribiendo cartas amenazantes a docenas de entidades en todo el mundo, incluidas las principales empresas estadounidenses en finanzas, tecnología, defensa, energía, y hospitalidad, haciendo acusaciones extremas e infundadas y recomendando a la CPI que lleve a cabo investigaciones y enjuiciamientos de estas empresas y sus ejecutivos. No toleraremos estas campañas de guerra política y económica, que amenazan nuestros intereses nacionales y nuestra soberanía».
Es la primera vez que una Relatora Especial de la ONU es sancionada por un gobierno miembro del organismo. Un verdadero dislate, que pone la frutilla en la torta de la histórica prepotencia imperial estadounidense.
¿Cuál fue su delito? Llamar en su informe a las cosas por su nombre. Decir sin ambages y con fundamentos sólidos, que lo que perpetra el gobierno israelí y sus aliados en la franja de Gaza es un genocidio.
Pero antes de ingresar en los aspectos principales de su informe, veamos algunos antecedentes, características y objetivos de estas sanciones imperiales a lo largo del tiempo.
Un objetivo principal ha sido el lograr la desestabilización y posterior derrocamiento de todo régimen que cuestionara su política hegemónica.
A partir de 1960 y hasta el presente, EUA lleva adelante un brutal bloqueo económico a Cuba para derrocar al gobierno revolucionario. Si bien ha fracasado en su intento político institucional, ha causado un enorme daño a la economía cubana, estimado en pérdidas por un billón (un millón de millones) de dólares.
Recordemos la presión económica al gobierno de Salvador Allende electo democráticamente en Chile en noviembre de 1970 (desde la supresión de los préstamos de organismos internacionales como el BID y el Banco Mundial, hasta el financiamiento a la huelga de camioneros, o el corte de las inversiones de la ITT y Kenneth Corp. Cooper en el cobre), para según palabras del propio Nixon “hacer gritar su economía” hasta lograr finalmente su derrocamiento por el golpe de estado de 1973, en el cual su Secretario de Estado Henry Kissinger tuvo un papel primordial.
También lo tuvo en el golpe de estado del Gral. Hugo Banzer en Bolivia y en la creación del Plan Cóndor en 1975. A pesar de ello este siniestro personaje recibió el Premio Nobel de la Paz en 1973.
Este objetivo se complementó con el carácter de extraterritorialidad de las sanciones aplicadas.
No solamente se sancionaba directamente a los países, sino además se amenazaba a todo estado o empresa (sobre todo bancos) que comerciara con ellos.
Sin ir más lejos en el año 2015 el banco BNP Paribas fue multado en 9.000 millones de dólares por tener relaciones comerciales con Cuba e Irán.
En la actualidad, estas sanciones han tenido terribles consecuencias en países como Siria (con un 90% de su población en la pobreza), Irán (con un 55% de su población en la pobreza).
En ambos casos el bloqueo de ingreso de medicamentos y equipos médicos han causado más muertes que los conflictos armados.
EUA e Israel: una sociedad para el crimen
El estado de Israel y sus gobiernos sionistas siempre han sido los fieles aliados de EUA en la estratégica región del medio oriente.
De ahí el apoyo constante de la potencia hegemónica a los designios expansionistas del sionismo israelí y específicamente a la invasión de la franja de Gaza que Israel lleva adelante desde octubre de 2023.
Insistimos en remarcar que el objetivo de extender sus fronteras a toda Palestina no es nuevo.
Ya afirmábamos en un artículo anterior, que gran parte de la población árabe de Palestina (se estima unas 750.000 personas) fueron expulsadas violentamente por el novel ejército israelí durante la guerra árabe – israelí de 1948. (David Ben Gurión declara en Tel Aviv la independencia de Israel el 14 de mayo de 1948).
Luego de finalizado el conflicto Israel confiscó todas sus propiedades.
Este desalojo y posterior apropiación territorial es conocido por los árabes como “an-Nakba”, que significa “desastre” o “catástrofe”.
Los informes de Francesca Albanese
El primero, redactado el 01/07/2024, lleva el título de “Anatomía de un genocidio”.
Digamos previamente que en 1948, la Convención sobre el genocidio de Naciones Unidas definió el genocidio como cualquiera de los cinco actos “perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso”. Estos son:
- matar a miembros del grupo,
- causarles graves daños físicos o mentales,
- imponer condiciones de vida destinadas a destruir al grupo,
- impedir los nacimientos,
- trasladar por la fuerza a los niños fuera del grupo.
Según declaraciones de la Dra. Albanese, «en concreto, Israel ha cometido tres actos de genocidio con la intención requerida: causar graves daños físicos o mentales a miembros del grupo; infligir deliberadamente al grupo condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción física total o parcial; imponer medidas destinadas a impedir los nacimientos dentro del grupo».
A su vez señaló que “una minoría de poderosos Estados miembros”, en lugar de detener su impulso, “ha prestado apoyo militar, económico y político a la atrocidad, agravando la devastación que ha provocado en los palestinos” (en clara referencia a EUA y los países miembros de la OTAN).
“Cuando la intención genocida es tan conspicua, tan ostentosa, como lo es en Gaza, no podemos apartar la vista, debemos hacer frente al genocidio; debemos prevenirlo y debemos castigarlo”.
Finalmente solicitó a los estados miembros de la ONU que cumplan con sus obligaciones e impongan un embargo de armas y otras sanciones a Israel.
El segundo informe presentado el 1° de julio del presente año, titulado “De la economía de la ocupación a la economía del genocidio” es el que realmente molestó a Trump, ya que deja en evidencia el “lucrativo negocio de la guerra” con la implicancia de empresas ligadas a la fabricación de armas, como Lockheed Martin (constructora de los aviones de combate F35 y F36 que han volcado más de 80 mil toneladas de bombas sobre Gaza), bancos como Barclays y BNB Paribas, cerca de 400 fondos de inversión del estilo de Blackrock, empresas de construcción de maquinaria pesada como Carterpillar, Hyundai o Volvo, de energía como Chevron Corporation, Petrobras y British Petroleum y universidades como el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el ampliamente conocido MIT.
¿Seguiremos mirando para el costado?
En primer lugar sería deseable dejar de lado malabarismos de lenguaje (“masacre”, “conflicto”) y llamar a los hechos por su nombre. En este caso genocidio.
En segundo término plantear el inmediato embargo de armas a Israel y otras sanciones que se consideren necesarias y oportunas.
Exigir asimismo una exhaustiva investigación independiente de las violaciones a los derechos humanos en Gaza; la finaciación por parte de Israel y sus aliados de los costos de la reconstrucción de Gaza y el despliegue de fuerzas de paz de la ONU en dicho territorio que eviten nuevos ataques y aseguren el retiro de las tropas de Israel del territorio palestino.
Recordemos el texto de la Resolución 2334 de la ONU aprobada por su Consejo de Seguridad el 23 de diciembre de 2016, ratificando su posición sobre la necesaria existencia de dos estados separados e independientes – el palestino y el israelí – en el territorio del antiguo mandato británico de Palestina.
En la misma, declaraba “que el establecimiento de asentamientos por parte de Israel en el territorio palestino ocupado desde 1967, incluida Jerusalén Oriental, no tiene validez legal”.
Afirmaba además su “grave preocupación por el hecho de que la continuación de las actividades de asentamiento israelíes esté poniendo en peligro la viabilidad de la solución de dos Estados basada en las fronteras de 1967”.
Por último sería conveniente que estos planteos los llevara la CELAC a la consideración de los BRICS para buscar en conjunto la forma más efectiva de incidir en la adopción de una resolución afín por parte de la ONU, basada en su propia Resolución 2334.
Somos conscientes de que no será tarea sencilla, dada la inoperancia de la ONU en la que su Asamblea General es en los hechos, rehén del Consejo de Seguridad y su poder de veto.
La necesaria reconfiguración de la ONU sería de por sí tema para otro artículo.
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