Estados Unidos ha utilizado un vacío legal para saltarse la ley que le prohíbe financiar a fuerzas de seguridad extranjeras responsables de graves violaciones de derechos humanos. «El secretario de Defensa ha utilizado la ‘cláusula derogatoria’ para seguir financiando algunas de las unidades implicadas», señala el informe recién desclasificado de una agencia gubernamental.
Oficiales de seguridad afganas marchan durante su ceremonia de graduación celebrada en Herat (Afganistán). EFE
El capitán de las fuerzas especiales estadounidenses Dan Quinn pegó una paliza al comandante de la policía afgana Abdul Rahman por encadenar a la cama a un niño de 14 años y abusar de él física y sexualmente. Hoy Estados Unidos está investigando este caso -destapado por primera vez en 2015 en un artículo de The New York Times– porque, según las leyes estadounidenses, Washington no puede financiar unidades de fuerzas armadas extranjeras que son responsables de graves violaciones de derechos humanos. Y el caso de Rahman no es una excepción.
Aquella paliza le costó a Quinn su puesto como capitán de una unidad militar en Afganistán. El artículo de The New York Times describía el acoso sexual a menores como «rampante» entre «comandantes armados» y afirmaba que Estados Unidos había ordenado a sus soldados ignorar estos casos de acoso sexual a menores por tratarse de una costumbre arraigada, conocida como Bacha Bazi.
Estas acusaciones desencadenaron una crisis política y el Congreso ordenó una investigación independiente sobre los abusos y el cumplimiento de las conocidas como leyes Leahy, que prohíben la asistencia y financiación a unidades de las fuerzas de seguridad de un país extranjero si existe «información creíble» de que la unidad ha cometido «graves violaciones de derechos humanos».
A pesar de que el resultado de esa investigación, elaborada por la agencia del Inspector General Especial para la Reconstrucción de Afganistán (SIGAR, por sus siglas en inglés), no ha podido demostrar que los soldados recibiesen órdenes de ignorar graves violaciones de derechos humanos, sostiene que la cúpula del Departamento de Defensa utilizó sus poderes excepcionales para seguir financiando unidades afganas a pesar de haber cometido estos delitos.
«Aunque el Departamento de Defensa y el Departamento de Estado han confirmado que algunas unidades de las fuerzas de seguridad afganas han cometido graves violaciones de derechos humanos, el secretario de Defensa ha utilizado la ‘cláusula derogatoria’ de la Ley de Apropiaciones del Departamento de Defensa para seguir financiando algunas de las unidades implicadas», señala el informe de SIGAR -agencia del Gobierno creada en 2008 para supervisar el gasto de Estados Unidos en Afganistán-.
«El Congreso podría considerar prohibir al Departamento de Defensa aplicar la ‘cláusula derogatoria’ si concluye que su aplicación para seguir asistiendo a miembros de las fuerzas de seguridad afganas sobre los que existe información creíble de graves violaciones de derechos humanos es contradictoria al propósito de la Ley Leahy», añade el informe.
El polémico informe, elaborado en junio de 2017, fue considerado «secreto» y «no accesible para nacionales extranjeros». Además, se recomendó su clasificación como secreto hasta junio de 2042 (25 años después de su elaboración). Sin embargo, tras las peticiones de SIGAR, el documento fue finalmente desclasificado la semana pasada, aunque mantiene cierta información oculta.