Presionados por Washington, los jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) rechazaron una petición de abrir una investigación por los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos por fuerzas militares y mercenarias estadounidenses en Afganistán, una decisión que Estados Unidos tildó de «gran victoria». El anuncio es un duro revés para la fiscalía, […]
Presionados por Washington, los jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) rechazaron una petición de abrir una investigación por los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos por fuerzas militares y mercenarias estadounidenses en Afganistán, una decisión que Estados Unidos tildó de «gran victoria».
El anuncio es un duro revés para la fiscalía, y fue rápidamente criticado por grupos de defensa de derechos humanos para los que es un «golpe devastador» para las víctimas del conflicto afgano iniciado en 2003.
«Los jueces decidieron que una investigación sobre la situación en Afganistán en este momento no serviría a los intereses de la justicia», indicó en un comunicado la corte con sede en La Haya, pese a haber admitido que existía «una base razonable que permite considerar que se puedan haber cometido crímenes en Afganistán que son de la competencia de la CPI».
Sin embargo, han rechazado que la investigación y el proceso judicial pudieran llevarse a cabo con éxito en la situación actual y por la «previsible ausencia de recursos adicionales para el presupuesto de la corte», «En consecuencia, es poco probable que la continuación de una investigación conduzca al logro de los objetivos enumerados por las víctimas a favor de la investigación», concluyeron los jueces.
El rechazo de Estados Unidos se hizo patente desde que la Fiscalía solicitara en noviembre de 2017 abrir la investigación sobre Afganistán, y el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, amenazó en septiembre con imponer sanciones económicas contra el personal de la corte. Además, hace un mes anunció que prohibiría la entrada a EE.UU. de los juristas de la CPI y cumplió su palabra la semana pasada, cuando le retiró el visado a la fiscal general, Fatou Bensouda.
Así, por medio de presiones y sanciones, EEUU logró impedir cualquier investigación por la institución de las múltiples violaciones de los derechos humanos de las tropas estadounidenses desplegadas en Afganistán o en otros países, así como las de su aliado régimen israelí.
Pompeo reveló que la Administración del presidente Donald Trump tiene también planes para imponer embargos económicos a la CPI si «no cambia su actitud». Estados Unidos no ha ratificado el Estatuto de Roma que en 2002 constituyó la CPI, cuyo objetivo es llevar ante la justicia a los responsables de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidios. Obviamente porque podría investigar sus genocidios en Afganistán, Irak y otros países.
Varias organizaciones humanitarias reprocharon a la Corte Penal Internacional (CPI) su rechazo a investigar a tropas estadounidenses, talibanes y autoridades de Afganistán por crímenes de guerra y de lesa humanidad en ese país. «Los jueces han dejado que las consideraciones políticas superen a los derechos de las víctimas», indicó la directora asociada de Human Rights Watch (HRW) Param-Preet Singh, que calificó la decisión de «golpe devastador para las víctimas».
«La decisión será vista como una capitulación ante la intimidación y las amenazas de Washington», afirmo en un comunicado el director de Asia del Sur de Amnistía Internacional, Biraj Patnaik, quien tildó el rechazo a la investigación como «sorprendente» y auguró que «debilitará la ya cuestionada credibilidad de la corte».
El presidente Donald Trump habló el viernes de una «gran victoria» para el «Estado de derecho». Su secretario de Estado, Mike Pompeo, indicó: «Estoy contento de que la corte haya reconsiderado sus actos», dijo.
Bensouda anunció en noviembre de 2017 que iba a pedir a los jueces la autorización de abrir una investigación sobre los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del conflicto afgano, en especial por el ejército estadounidense. La oficina de la fiscal abrió un examen preliminar en 2006. La fiscal no excluyó presentar un «recurso» ante la CPI.
Mirko. C. Trudeau: Economista-jefe del Observatorio de Estudios Macroeconómicos (Nueva York), Analista de temas de EEUU y Europa, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)
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