El Pleno del Congreso de los Diputados aprueba por unanimidad tramitar la ley que abrirá los archivos de la Administración y la Iglesia para investigar los casos de bebés robados
El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado hoy, con los votos a favor del Grupo Socialista, Podemos, PNV, ERC, PDECat, Bildu, Ciudadanos, y hasta con el del Partido Popular, tramitar la Proposición de ley sobre bebés robados en el Estado español. La propuesta de ley, trabajada desde la Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo (Ceaqua), la asociación Todos los niños robados son también mis niños, y varios grupos de memoria histórica y contra los crímenes del franquismo, pasa ahora a su tramitación ordinaria.
«Hacen falta medios para reparar, o al menos para que poder descubrir la propia identidad», ha subrayado durante su intervención Antonio Hurtado Zurera, del grupo socialista, en relación a las medidas que contempla el texto de la propuesta de ley, entre las que figuran la creación de un banco único de ADN de carácter gratuito, una Comisión Estatal por el Derecho a la Identidad, una Fiscalía Especial sobre Bebés Robados -dependiente de la Fiscalía General del Estado- o una unidad judicial especializada en la búsqueda de bebés robados.
El texto también obligaría a hospitales clínicas, instituciones oficiales y a la Iglesia a mantener y dar acceso -en un plazo de tres meses- a la documentación que pueda ser de interés a las víctimas de casos de bebés robados. También a los libros y registros sobre ingresos, partos o adopciones de residencias públicas e internados de madres solteras dependientes del desaparecido Patronato de Protección a la Mujer, institución existente entre 1904 y hasta 1984 relacionada con varias denuncias de bebés robados.
«Las víctimas tiene derecho a conocer la verdad, y no encontrarse con la negativa de la Iglesia o la administración», señala Marian Beitialarrangoiti, de Bildu. «El paso de los años dificulta la tarea, no se puede perder más tiempo, las víctimas tienen derecho a demandarlo».
Por su parte, José David Carracedo, de Podemos, ha hecho referencia a los «cientos de relatos» que ha escuchado en el Intergrupo de Memoria y Derechos Humanos del Parlamento, que fue el que registró la propuesta de ley. «Se me han saltado las lágrimas y he llegado a vomitar ante la indignación que sufren las personas que están buscando a un familiar al que nunca conocieron, ante la frustración de que les tomen por locas conforme al mandato de género que atraviesa de arriba abajo este drama».
«Son 300.00 casos» , señala Gabriel Rufián, el diputado de ERC. Durante su intervención, ha señalado que en la trama de bebés robados han participado médicos, curas, monjas, y políticos «hasta los años 90». Que los casos ha continuado en democracia también lo ha señalado Marcial Gómez, de Ciudadanos, que ha afirmado que «seguramente existen elementos que se puedan mejorar» en el texto, pero si con ella «tan solo una madre se reencontrara con su hijo, valdría todos los esfuerzos».
Por su parte, Óscar Clavell, del Partido Popular, ha comenzado afirmando que ya se hicieron cosas en este sentido durante la anterior legislatura del Partido Popular, como la creación de la Oficina de Información a Afectados. En cuanto a las pruebas de ADN, afirmó que ya estaban planteadas en los procesos judicializados, si las pedía el juez, y estas pasaban a ser parte de una base de datos. También ha destacado el posicionamiento frente a esto asumido por la Fiscalía general del Estado durante el gobierno del PP.